María Elena García Chacón
Expediente 212/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Elena García Chacón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que el diverso juicio de amparo 206/2017 del índice de éste órgano jurisdiccional, fue promovido por ***************, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ****************, y que en dicho juicio como en el que se actúa, la autoridad responsable Magistrada Propietaria de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el expediente de origen, y el acto reclamado son los mismos. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.14o.C.10 K, visible en la página 971, tomo XVIII, Noviembre de 2003, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE AMPARO. Atento a lo anterior, es patente que los juicios 206/2017 y 212/2017 del índice de éste órgano jurisdiccional tienen conexidad, ya que ambos fueron promovidos contra la resolución de once de enero del año en curso, emitida por la Sala responsable en toca civil número 5/2017, que modificó la resolución primigenia dictada por el Juez Segundo Civil de Partido, de Acámbaro, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil C-274/2015, por la que se resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas; para condenar a la aquí quejosa al pago de $13,102.63 (trece mil ciento dos pesos 63/100 M.N.). En virtud de lo anterior, es claro que tanto el juicio 206/2017 y el diverso 212/2017, la autoridad responsable Magistrada Propietaria de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el expediente de origen, y el acto reclamado son los mismos. En consecuencia, en atención a lo dispuesto por los artículo 72 y 73 , ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar en forma oficiosa la acumulación del presente juicio 212/2017, al expediente 206/2017, el primero en mención promovido por ************, y el segundo por **************, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ************** -aquí tercera interesada-, dada la conexidad e íntima relación que existe entre ambos juicio de amparo. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención del suscrito, que la Ley de Amparo, no contemple precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica la proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2003161, publicada en la página 1065, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a la parte quejosa, en la medida en que en una misma resolución se analizarán los actos que atribuye a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. De lo expuesto, se desprende que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, al surtirse las hipótesis legales de que se trata, lo procedente es decretar la acumulación correspondiente, consecuentemente, glósese al expediente (206/2017) el presente juicio de amparo que por razón de turno y registro en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional le corresponde el número 212/2017. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, del Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE." En el mismo sentido, por las consideraciones jurídicas que la informan, sirve de apoyo a esta determinación, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 997, del Semanario Judicial de la Federación LXXVI, Quinta Época, del rubro siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1284, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS." En atención a lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, a saber, once horas con veinte minutos del nueve de marzo del año en curso, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Y considerando que el emplazamiento de la aquí tercera interesada *************, albacea de la sucesión testamentaria 517/2011, a bienes de *************, se ordenó mediante despacho, sin que obren las constancias de su notificación; advirtiéndose del amparo 206/2017, donde funge como quejosa, que señaló los estrados; hágase la presente notificación por medio de lista.
- Incidental
ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a *************, respecto del acto y autoridad precisado en el considerando único.
- Incidental
A sus autos el informe previo que rinde el Magistrado Supernumerario de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo; relaciónese en la audiencia respectiva. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.
- Principal
A sus autos el informe justificado que rinde el Magistrado Supernumerario de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Téngase a la oficiante ofreciendo como prueba la documental que allegó, consistente en copia certificada del cuadernillo de amparo 5/2017, la que con fundamento en el artículo 119 se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica; relaciónese en la audiencia respectiva. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.
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