María Elena Gandara Contreras

Expediente 2598/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2598/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • María Elena Gandara Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE LOS ACTUALES QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el oficio de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sin que pase desapercibido que la Junta responsable manifestó que rinde informe previo; sin embargo, en el presente juicio de amparo no se ordenó la apertura del incidente de suspensión al no haber sido solicitado por la parte quejosa. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, consistente en la omisión dictar laudo en el juicio laboral ******************** se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada aún no causa un agravio actual y directo a la parte quejosa. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Junta responsable la omisión dictar laudo en el juicio laboral ********************. Consecuentemente, siguiendo la lógica argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, no se considera que se está ante una abierta dilación por parte de la autoridad señalada como responsable, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor de la parte quejosa, lo cierto es que no ha transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia, que configure la procedencia del juicio de amparo. Ello es así, pues del contenido del informe justificado se advierte que el cierre de instrucción de emitió el tres de octubre de dos mil veintidós, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo a que se ha hecho referencia con anterioridad. De ahí que, si en el caso que nos ocupa la Junta responsable cerró la instrucción el tres de octubre de dos mil veintidós, el término de treinta y tres días hábiles para practicar las diligencias necesarias y dictar el laudo respectivo feneció el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, sin contar los sábados, domingos, así como el doce y treinta y uno de octubre, uno, dos y veintiuno de noviembre del año en curso, declarados inhábiles. Así, debe considerarse que a partir de aquélla fecha -veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós- es que comienzan a computarse los cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia con anterioridad para estimar actualizada la dilación procesal necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -trece de diciembre de dos mil veintidós-, únicamente transcurrieron dieciocho días naturales; de ahí que no exista una abierta dilación en el procedimiento de origen. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente acuerdo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE TRECE DE LOS ACTUALES QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEPLE-ADS/5609/2022, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se aprobó como adscripción de la Jueza Jessica María Contreras Martínez, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con efectos a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. En atención a los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se hace de conocimiento a las partes que a partir de la presente determinación, el expediente electrónico será el que tenga validez; por tanto, el expediente físico únicamente servirá como referencia para su consulta en lo referente al trámite de cumplimiento del fallo aquí dictado. Ahora bien, de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se obtiene que mediante acuerdo del quince de febrero de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, se declaró cumplida la sentencia definitiva emitida en el juicio de amparo ********, lo cual constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. En este tenor, al haberse tramitado el diverso juicio de amparo 1171/2021 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, promovido por la quejosa Melida Castillo Eguia en contra del mismo acto reclamado en este juicio de amparo y respecto del mismo acto de aplicación relativo al certificado de pago con número de operación 03223790, respecto del cual se declaró cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se determina que no existe materia para la ejecución del fallo protector respecto del efecto antes precisado. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Finalmente, se precisa que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por el apoderado legal de la moral tercero interesada personalidad que se le reconoce al tenor del instrumento notarial que para tal efecto acompaña; y en atención a su contenido téngasele apersonándose y por legalmente emplazado a este juicio. Asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en los términos que precisa a las personas que menciona se le autoriza a la parte quejosa: a) Consultar el expediente electrónico vía internet; b) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica,; y, c) Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, Sin que se inadvierta que la parte tercero interesada igualmente señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; sin embargo, no es procedente tener dos medios de distinta naturaleza para tales efectos; por tanto, téngase la vía electrónica, SE INFORMA A LAS PARTES TRANSICIÓN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

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