María Elena Gallardo Mondragón y Otros.

Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
912/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • María Elena Gallardo Mondragón y Otros.
  • Armando Ramírez Pérez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    II. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del año en curso; archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción

  2. Principal

    II. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************y ********************; contra actos del Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad. Se ordena formar el expediente electrónico e impreso, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 912/2023-II. Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica; por lo que únicamente se agregarán al expediente físico lo siguiente: *Promociones que se entreguen físicamente. *Constancias de notificación que se realicen de manera física. *Demás documentos entregados físicamente, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial "C", el oficial de partes y la oficial judicial "A". No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial "A" en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se hace la precisión que el acto reclamado es: El acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio oral mercantil ********************, mediante el cual no admitió el recurso de revocación, interpuesto por los quejosos en contra del proveído de veintitrés de mayo pasado, por el que "revocó" del nombramiento de depositario que tenía el quejoso y en su lugar nombró otro. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Los quejosos "bajo protesta de decir verdad", señalaron como antecedentes del acto reclamado: El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la endosataria en procuración ******************** demandó a los ahora quejosos en la vía ejecutivo mercantil oral, radicándose en el Juzgado Segundo Mercantil de Toluca, con el número de expediente ********************. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, se emplazó a los quejosos como demandados en el juicio. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés la actora, solicitó que se revocara al endosatario en procuración y nombró a nuevas personas. Que en veintitrés de mayo de dos mil veintitrés la autoridad responsable emitió un auto que dice: El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. El uno de junio de dos mil veintitrés la autoridad ordenadora emitió un auto en el que no admitió el recurso de revocación como a continuación se observa: DESECHAMIENTO Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. CONCLUSIÓN Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************y ********************, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del numeral 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por los quejosos. Atento a que los quejosos expresamente en el proemio de la demanda, autorizaron a las personas que indican, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, con apoyo en lo previsto en el artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados para tales efectos. REPRESENTANTE COMÚN En términos de lo previsto en el ordinal 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ******************** USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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