María Elena Fonseca Morales
Expediente 1158/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2023
Partes del expediente
- María Elena Fonseca Morales
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, al cual adjunta el diverso proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en la Ciudad de México, del cual se advierte que dicho juzgado federal aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; sin que haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. I. Juzgado de Distrito acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa, el cual radicó bajo el juicio de amparo ********************de su índice; asimismo informa que el citado órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada. De lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Archivo. En consecuencia, visto el estado procesal que guarda el presente cuaderno de antecedentes y en virtud de que no existe trámite alguno pendiente de cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses, a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de septiembre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 1158/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Incompetencia. En atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Asimismo, cobra aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente." En principio, conviene señalar que la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano jurisdiccional para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma regula; por ello, se considera un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción y realizar cualquier otro acto procesal. En esa tesitura, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia entre jueces de Distrito, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que para una mejor comprensión se puntualizan en el siguiente orden: a) La primera se encuentra contenida en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis que se contiene en el referido artículo 37, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un complemento a la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y se siga ejecutando en uno diverso, entonces, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera regla se desprende del último párrafo del precepto en comento, misma que consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, como ha quedado puntualizado, tratándose de actos reclamados que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 52/2013, visible en la página 182, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en lo que interesa, sostuvo el criterio siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." Del anterior criterio jurisprudencial, se aprecia la postura del Máximo Tribunal del país en el sentido de que si el acto reclamado tiene ejecución material en diversa entidad federativa, será esté quien conozca de la demanda de amparo. En el caso, de una lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable en su carácter de ordenadora y ejecutora a la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y como acto reclamado: "a) DE LA ORDENADORA: La omisión del procedimiento de los artículos 742, 743, 753, 757, 758, al no haber notificado el auto de radicación al cual recayó la demanda ingresada ante la autoridad responsable ordenadora, de fecha 07 de septiembre de 2020. b) DE LA EJECUTORA: La omisión del procedimiento de los artículos 742, 743, 753, 757, 758, al no haber notificado el auto de radicación al cual recayó la demanda ingresada ante la autoridad responsable ordenadora, de fecha 07 de septiembre de 2020." Así se tiene que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada al juicio laboral de origen con número de expediente **************, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, ordenada vía exhorto en la Ciudad de México. De lo anterior se advierte que el acto controvertido conlleva una ejecución material, en virtud, de que se traduce en la prosecución de un procedimiento mediante la realización de actuaciones que constituyen actos positivos de ejecución material para los fines del juicio de amparo; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, en el cual como ya se indicó, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que es competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada (Ciudad de México). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.17/2022, con registro digital 2024553, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, libro 13, tomo IV, página 3668, Mayo de 2022, que en su rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo". Así como por las razones que la sustentan la tesis: 2a./J. 32/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Registro digital: 2026910, Undécima Época, de rubro y contenido: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo". Con base en lo expuesto, no se surte la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, al actualizarse una de las hipótesis contempladas en el aludido artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, de los antecedentes que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se advierte que en esta entidad federativa no tuvieron ejecución, ni se tratan de ejecutar, ni tendrán ejecución los actos reclamados. Lo anterior es así, pues tal como lo refiere la parte quejosa, la dilación en que ha incurrido la autoridad que señala como responsable, consiste en emplazar a los demandados al procedimiento laboral de origen en los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, respecto de los cuales indica su domicilio en la Ciudad de México. De la misma forma, las consecuencias legales que pudiera llegar a tener tal acto reclamado, acontecerían en la referida entidad federativa. Sirve de apoyo a lo expuesto por los motivos manifiestos en ella, la tesis sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Sirve de apoyo también, la tesis: I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, página 2288, de rubro y contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". En ese orden de ideas, tomando en consideración que la parte peticionaria del amparo señaló como acto reclamado la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada del juicio laboral de origen con número de expediente *********, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, lo cual se realizará en la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, reglamentada de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de amparo, por considerar que quien debe conocer de ésta es un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, toda vez que la ejecución material del acto reclamado tendrá lugar dentro del ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción ese órgano de control constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide en territorio de la república Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiado y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo, por lo que se ordena remitir el original con sus anexos y escrito aclaratorio, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, autoridad que se estima legalmente competente, para que a fin de que si lo estima permitente se avoque a la resolución del mismo, solicitándole de la manera más atenta, que dentro del plazo legal informe si acepta o no la competencia que se le plantea. V. Se forma cuaderno de antecedentes. Previa formación del cuadernillo de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al Juzgado antes precisado, para los efectos a los que haya lugar. VI. Captura de proveído De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. VII. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios a las persona que indica, por así solicitarlo expresamente. VIII. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones electrónicas). En atención a su solicitud y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "*******". En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario referido y por lo que ve a la solicitud de notificaciones por esa misma vía se autoriza que éstas se lleven a cabo al usuario antes referido, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. IX. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional.
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