María Elena Figueroa Corona

Expediente 1619/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1619/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • María Elena Figueroa Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Así lo resolvió Eliana Damián Gaspar, Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargada del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistida de Ana Cruz Morales Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional, por medio del cual rinden su informe previo, designa delegados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y, remite diversos medios de prueba. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el numeral 9° de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibe, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Con el mismo fundamento, no ha lugar a tener como prueba de su parte, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, pues de conformidad con el artículo citado, en el incidente de suspensión únicamente serán admitidas las pruebas documental y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Rafael Vargas Téllez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ***************, en representación de su menor hija ********************; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1619/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Negativa de la suspensión de plano. En primer lugar, este Juzgado precisa que no resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano solicitada, pues conforme lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, esa medida cautelar procede únicamente cuando se actualizan los requisitos que son del tenor: Ley de Amparo "126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. .." Del contenido de las normas transcritas se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La diversidad de los supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando -de ahí que en esos supuestos sea innecesaria la solicitud del interesado- para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. Es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el listado de actos contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales debe concederse la suspensión de oficio y de plano, comprende también aquellos actos u omisiones que comprometan gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, prohibido en el artículo 22 constitucional. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Luego, lo relevante para la concesión de la suspensión de oficio y de plano sigue siendo que los actos u omisiones reclamados afecten gravemente los derechos o bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, es decir, los derechos y bienes relacionados con la dignidad e integridad de éstas. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de no desarrollar un esquema para proporcionar la vacuna Pfizer/BioNTech, con sus dos dosis, a los adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad que no presenten comorbilidades; por lo que solicita la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables apliquen a la menor ***************** (que actualmente cuentan con 16 años, 8 meses, 23 días de edad) dicha inmunización. Cabe precisar, que la promovente no precisa que su menor hija no goce de un buen estado de salud o bien tenga enfermedad o comorbilidad alguna. En ese sentido, debe decirse que el acto reclamado no ocasiona por sí un daño inminente a la vida de los menores, ni los coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Esto es así, ya que la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID- 19, es un acto que no se encuentra previsto de forma expresa en el artículo 126 de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del cual proceda la suspensión de oficio y de plano, aun cuando el promovente refiere que con el regreso a clases por parte del menor quejoso, existe un mayor riesgo para que contraiga el virus; pues la falta de vacunación alegada no implica considerar que se encuentra en un peligro inminente de que la parte quejosa sea privada de la vida. Sin que lo anterior implique desatender el derecho fundamental a la salud del menor quejoso, ello es así, pues como puede advertirse de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", así como la "Guía estratégica de vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo", con base en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19 (GTAV), fueron incluidas las personas adolescentes de 12 a 17 años a efecto de vacunarlos; sin embargo, dicho grupo debe contar con alguna comorbilidad que pueda incrementar el riesgo de enfermedad grave y muerte por contraer el virus multicitado. Lo anterior, con motivo de preservar el bien más importante, la vida de los menores que desafortunadamente cuentan con una comorbilidad que hasta la fecha, no se tiene conocimiento pleno que dicha vacuna realice alguna reacción adversa por el grado y tipo de conmorbilidad que pueda presentarse en cada caso concreto, así como en apego a uno de los objetivos específicos de la citada Política, promover la vacunación de las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19. Asimismo a efecto de tener un mayor conocimiento de lo señalado por el Gobierno Federal, se transcribe la siguiente tabla que contiene las enfermedades o factores de riesgo que serán considerados para la aplicación de la vacuna en menores de doce a diecisiete años: Condición general Condiciones específicas 1. Condiciones cardíacas Crónicas  Enfermedad cardíaca congénita o adquirida con datos de insuficiencia cardíaca.  Hipertensión arterial primaria o secundaria en tratamiento médico con anti-hipertensivos. 2. Enfermedad pulmonar crónica  Asma grave mal controlada: uso de esteroides inhalados a dosis altas junto con un segundo medicamento controlador además de por lo menos uno de los siguientes: a) uso de 3 o más ciclos de esteroide sistémico en el año anterior por presentar exacerbaciones de asma, o b) una o más hospitalizaciones por asma en el año anterior (los pacientes con adecuado control con base en inhaladores no son elegibles en este grupo).  Discinesias ciliares.  Displasia broncopulmonar.  Fibrosis quística.  Fibrosis pulmonar intersticial.  Malformaciones congénitas del sistema respiratorio 3. Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo.  Malformaciones congénitas de riñón, hígado o sistema digestivo que condiciona un riesgo para la vida.  Reflujo gastroesofágico severo que puede predisponer a infecciones respiratorias.  Pacientes con gastrostomía.  Cirrosis.  Atresia biliar.  Hepatitis crónica.  Insuficiencia renal crónica grado 3 o superior incluyendo pacientes con terapia sustitutiva (hemodiálisis o diálisis peritoneal). 4. Enfermedad neurológica crónica  Neurodiscapacidad y/o enfermedad neuromuscular que incluye parálisis cerebral, autismo moderado o grave, epilepsia de difícil control y con afección neurológica y distrofia muscular.  Trastornos congénitos que puedan afectar al sistema nervioso.  Enfermedad hereditaria y degenerativa del sistema nervioso o de los músculos u otras afecciones asociadas con la hipoventilación.  Discapacidades de aprendizaje múltiples o graves o profundas (PMLD).  Miastenia y enfermedades relacionadas.  Esclerosis múltiple  Síndrome de Down. 5. Enfermedades endócrinas  Diabetes mellitus en cualquiera de sus formas y grado de control.  Síndrome de Addison.  Síndrome hipopituitario.  Obesidad grave (igual o superior a 3 deviaciones estándar (DE) de las tablas de referencia de la OMS 2007 (ver categorías en anexo 1). 6. Inmunosupresión moderada a grave  Tratamiento activo para tumores sólidos o neoplasias malignas hematológicas (leucemia, linfoma y mieloma), o dentro de los 3 años posteriores a la curación.  Receptores de trasplantes de órganos sólidos o de células madre dentro de los 2 años posteriores al trasplante o recibiendo tratamiento inmunosupresor).  En lista de espera para trasplante. Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (por ejemplo: Síndrome de DiGeorge, Síndrome de Wiskott- Aldrich, Inmunodeficiencia Común Variable) o secundaria a enfermedad o tratamiento. Tratamiento activo con inmunosupresores que producen inmunosupresión significativa (incluidos corticosteroides en dosis altas (niñas, niños y adolescentes > 10 Kg: =20 mg de prednisona o su equivalente por día cuando se administra durante =2 semanas), agentes alquilantes, antimetabolitos, fármacos inmunosupresores relacionados con el trasplante, agentes quimioterapéuticos contra el cáncer, bloqueadores del factor de necrosis tumoral (FNT) y otros medicamentos que son significativamente inmunosupresores o que los han recibido en los 6 meses anteriores, quimioterapia o radioterapia inmunosupresora.  Enfermedades autoinmunes que pueden requerir tratamientos inmunosupresores a largo plazo, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, entre otros.  Infección por VIH/SIDA.  Infecciones por Tuberculosis. 7. Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas  Esferocitosis hereditaria.  Drepanocitosis homocigótica.  Talasemia mayor.  Cualquier otro caso de causa de asplenia.  Hemofilia. 8. Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas  Enfermedades mitocondriales.  Anormalidades cromosómicas.  Enfermedades lisosomales.  Errores innatos del metabolismo. 9. Embarazo adolescente  A partir de 9 semanas de embarazo En este sentido, el programa de vacunación permitió, a partir del pasado primero de octubre del año en curso, el pre-registro para la vacunación de niños de doce a diecisiete años que presenten alguna de las enfermedades señaladas en el cuadro anterior, ello, en la página de internet http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacunacovid19-Adolescentes/. Por lo expuesto y una vez precisados los casos específicos para la aplicación de la vacuna que reclama, se puede advertir claramente que en el caso, no se reúnen los requisitos para tal aplicación, ya que si bien cuenta con la edad dentro del parámetro de doce a diecisiete años, no tiene alguna enfermedad crónica de las mencionadas en líneas que anteceden. Sin que pase inadvertido que el dieciséis de este mes, la Secretaría de Salud, en diversos medios de comunicación, informó que a partir del día de la fecha, se abrirá el pre-registro en la página de internet respectiva, a menores de entre quince y diecisiete años sin comorbilidades, para recibir la vacuna contra Covid-19; sin embargo, continúan sujetos a la calendarización prevista en la Política Nacional de Vacunación y deben respetar la misma, de ahí que no es procedente conceder la medida cautelar solicitada. Lo anterior no implica desconocer la situación sanitaria que impera en el país, sin embargo, no resulta procedente conceder la suspensión de plano solicitada en los términos a que se contrae el artículo 126 de la Ley de Amparo, en contra del acto consistente en la omisión de establecer un esquema para la aplicación inmediata de la vacuna, contra el virus SARS-CoV-2, conforme al plan de vacunación del Gobierno Federal, para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19. Asimismo, debe decirse que el acto reclamado no ocasiona por sí un daño inminente a la vida de la menor, ni la coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Es de precisar, que si bien toda la población está expuesta a contagiarse del virus denominado COVID-19, la comunidad científica médica e incluso grupos asesores para tal magnitud a nivel nacional e internacional -conformada por expertos en materia de salubridad- se han pronunciado respecto la inmunidad en niños, los cuales se refiere suelen presentar una enfermedad leve e incluso que los casos críticos que se han presentado en niños ocurre mayoritariamente porque tenían afecciones de salud preexistentes, así como que aún se encuentran realizando ensayos clínicos para su proceder. Así lo han señalado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en su sitio web1: Cito "¿Los niños tienen un menor riesgo de contraer la COVID-19 que los adultos? --- Hasta el momento, los datos apuntan a que los niños menores de 18 años de edad representan cerca del 8,5% de los casos notificados y registran un número relativamente bajo de muertes en comparación con otros grupos de edad, y suelen presentar una enfermedad leve. No obstante, se han dado casos de pacientes críticos. Al igual que sucede con los adultos, en los niños las afecciones de salud preexistentes podrían ser un factor de riesgo de enfermedad grave y admisión en cuidados intensivos. --- Se están realizando más estudios para evaluar el riesgo de infección en los niños y comprender mejor la transmisión en este grupo de edad." Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud en su página oficial de internet2: Cito: "En julio 2021 se reúne el Grupo Técnico Asesor (TAG) regional y emite las siguientes recomendaciones relativas a la vacunación de niños y adolescentes contra la COVID-19: --- Abogar firmemente a que los gobiernos implementen la hoja de ruta SAGE para priorizar las vacunas COVID-19 y lograr una alta cobertura de vacunación entre los trabajadores de salud y de primera línea, los adultos mayores y otros grupos de alto riesgo antes de administrar dosis a los adolescentes. - - - Los adolescentes que no tienen una comorbilidad de alto riesgo no deben ser incluidos en el plan nacional de vacunación en este momento. - - -La vacunación con la vacuna COVID-19 no es un requisito previo para los niños o adolescentes que regresan a la escuela. - - -Se debe alentar a las adolescentes embarazadas a que reciban la vacuna. - - - A la fecha la OMS todavía no ha aprobado ninguna vacuna para niños menores de 12 años, sin embargo, los países son autónomos de definir y decidir su estrategia de vacunación tomando como base las recomendaciones de su Autoridad Regulatoria." De igual forma la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés del Gobierno de los Estados Unidos de América, autoridad comprobada por diversos países como una de las agencias con mayor prestigio en el ámbito médico), refiere en su sitio electrónico, que si bien nos encontramos ante la apertura de una vida cotidiana, lo es que aún se tiene la preocupación para la inmunización de los niños menores de doce años; por lo que, si bien todos nos encontramos ansiosos por estar vacunados, no depende de la existencia de las dosis, sino de ensayos clínicos para una valoración ante probables riesgos que afecten la integridad de los menores. Cito; "La realización de ensayos clínicos para determinar una dosis de vacuna adecuada en niños requiere un trabajo adicional que el realizado en los estudios de adultos, lo que incluye asegurarse de que la dosis de la vacuna y la concentración de la formulación utilizada sean las adecuadas desde la perspectiva de seguridad y la generación de una respuesta inmunitaria. Nuestros equipos multidisciplinarios de médicos, científicos, estadísticos y otros expertos evaluarán a fondo estos datos complejos al tomar cualquier determinación sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños pequeños." Atendiendo los argumentos y algunas investigaciones realizadas por organismos especializados en la materia de la salud, este órgano jurisdiccional, advierte que los actos reclamados no ocasionan por sí un daño inminente a la vida de la menor a efecto de que se concede la suspensión de plano. Lo anterior no implica desconocer la situación sanitaria que impera en el país, sin embargo, no resulta procedente conceder la suspensión de plano solicitada en los términos a que se contrae el artículo 126 de la Ley de Amparo, en contra de que las autoridades fijen fecha y día para la aplicación inmediata de la vacuna, contra el virus SARS-CoV-2, conforme al plan de vacunación del Gobierno Federal, para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19. Además la negativa de la suspensión de plano solicitada, no implica restringir el acceso a la justicia de la parte quejosa ya que no se advierte, en atención a la naturaleza del acto reclamado, la configuración de alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional ni se compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la parte quejosa al grado de equipararse a la inminente privación de la vida. Finalmente cabe precisar que la anterior determinación no se contrapone con la jurisprudencia I.18o.A.33 K (10a.) sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA". Toda vez que en ésta se determinó que cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida de los quejosos, procede decretar la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, en este caso -según lo referido en la demanda- el menor no tiene enfermedad que ponga en peligro su vida o comorbilidad alguna, por tanto goza de un buen estado de salud. Lo anterior, sin perjuicio de analizar la procedencia de la medida cautelar a través del incidente de suspensión en el supuesto que la parte quejosa desahogue la prevención que se formulará a continuación. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane la inconsistencia que más adelante se señala. Fundamento de la prevención. Artículo 175, fracción I, 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Precisión de los actos que se le atribuyen a cada autoridad. Del estudio efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se señalan: . De lo anterior, se advierte que la parte promovente señala en forma genérica los actos atribuidos a todas las autoridades que nombró como responsables; sin embargo, no pudieron haber realizado todas al mismo tiempo dichos actos, lo que impide que el suscrito fije la litis en el juicio al no tener certeza sobre el acto que se le reclama y por consiguiente, que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado; por tanto, deberá precisar, que norma o artículo le impone la obligación a las autoridades marcadas con los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de actuar en el sentido que la justiciable refiere, así como, cuál es el acto que en concreto les atribuye; es decir, en qué medida tuvo o tendrá participación cada una en la emisión del acto que reclama, omitiendo insertar calificativos, antecedentes y/o argumentos en vía conceptos de violación que demeriten su claridad y fijación de la litis constitucional. Lo anterior es así, porque es obligación de la parte promovente precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos, en razón de que sólo así se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante las responsables, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. Resulta aplicable por analogía a las anteriores consideraciones, la Tesis número XX.57K, que es del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.". (Número de Registro 202,853, Tesis número XX.57K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) 2. Deberá Indicar que bajo protesta de decir verdad el domicilio de la menor quejosa, toda vez que del acta de nacimiento exhibida se advierte como lugar de nacimiento de la quejosa, La Paz, México, aunado a que no se advierte diversa documental en la que conste que radica en la Ciudad de México; asimismo, deberá adjuntar constancia fehaciente con la cual acredite su dicho. Se precisa que la omisión de este punto, puede llevar a tener por no presentada la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no satisfaga ese requisito derivado de esta prevención, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que este Juzgado Federal, precisa de dicha información a fin de analizar la procedencia del juicio. En el entendido de que el desahogo de la prevención formulada deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras e imprecisas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Materia Común, Novena Época, página 32 que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". 3. Copias. Por otra parte, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá exhibir copias suficientes del escrito en que dé cumplimiento al requerimiento del presente acuerdo, esto es, para cada autoridad responsable y para aperturar el incidente de suspensión Sin que haya lugar a solicitar copia de las documentales precisadas en el presente acuerdo a efecto de correr traslado al Ministerio Público Federal adscrito, toda vez que este será notificado electrónicamente. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa, que de no cumplir con lo solicitado, dentro del plazo señalado, no se tendrán como autoridades responsables las señaladas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de la demanda de amparo que nos ocupa y solo de tomará en cuenta la señalada en el numeral 2, esto es el Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo anterior, se le hace saber a la promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, a la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Por lo que hace al número celular y correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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