María Elena Delgado López
Expediente 376/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos
- María Elena Delgado López
- María Elena Delgado López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 376/2023-IV, promovido por María Elena Delgado López, contra actos del Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el treinta de marzo del dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y por razón de turno ante este órgano de Control Constitucional el treinta y uno de marzo del citado año, la quejosa Maria Elena Delgado López, presentó demanda de amparo contra actos de todos los Jueces del ramo Civil del Distrito Judicial Bravos, Actuario o Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, a quienes le reclamó: IV. ACTOS RECLAMADOS; DE LOS los JUECES PRIMERO Y SEGUNDO CIVILES TRADICIONALES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA; ASI COMO LOS JUECES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO,OCTAVO, CIVILES POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y; JUECES CUARTO, NOVENO Y DÉCIMO,MERCANTILES POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. a) La falta de emplazamiento, llamamiento a juicio o notificación personal y todo lo actuado dentro del juicio supuestamente llevado en mi contra ante la autoridad o sobre el domicilio del que cuento con propiedad legítima, es decir el ubicado en CALLE SANDIA 6599 DEL FRACCIONAMIENTO GRANJERO LOTE 13 MANZANA 68, CON SUPERFICIE DE 400.00 m2, EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA., que corresponde al terreno y finca sobre él construída. b) De forma destacada las órdenes emitidas para desalojarme del bien inmueble que poseo y del que soy legítimo propietario el ubicado en CALLE SANDIA 6599 DEL FRACCIONAMIENTO GRANJERO LOTE 13 MANZANA 68, CON SUPERFICIE DE 400.00 m2, EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, que corresponde al terreno y finca. c) Las órdenes de tomar posesión del bien inmueble ubicado en CALLE SANDIA 6599 DEL FRACCIONAMIENTO GRANJERO LOTE 13 MANZANA 68, CON SUPERFICIE DE 400.00 m2, EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, que corresponde al terreno y finca sobre él construida. DEL ACTUARIO Y MINISTRO EJECUTOR ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON SEDE EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA: d) El ilegal emplazamiento, llamamiento a juicio o notificación personal que supuestamente fue practicado en el domicilio ubicado en CALLE SANDIA 6599 DEL FRACCIONAMIENTO GRANJERO LOTE 13 MANZANA 68, CON SUPERFICIE DE 400.00 m2, EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA. e) Las actuaciones tendientes a ejecutar cualquier orden de desalojo o toma de posesión en mí domicilio ubicado en CALLE SANDIA 6599 DEL FRACCIONAMIENTO GRANJERO LOTE 13 MANZANA 68, CON SUPERFICIE DE 400.00 m2, EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, sin ser oído ni vencido en juicio." Segundo. El doce de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, previo desahogo de la prevención formulada mediante auto de tres del citado mes y año , se registró el juicio como juicio de amparo indirecto 376/2023, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal correspondiente, se emplazó a juicio a los terceros interesados, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se inició la audiencia en el presente juicio, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo y 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este Juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que éste Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, del epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Al Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: La omisión del emplazamiento personal de la parte demandada en el juicio 714/2021; autorizar el emplazamiento por edictos, sin que se den los supuesto que exige el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua; autorizar el emplazamiento y realizar las publicaciones de los edictos en forma distinta, a lo establecido en el numeral 140, de la citada norma; y autorizar las notificaciones al demandado sin que se cumplan las formalidades del 142 de la ley en mención. Al Coordinador de la Oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, así como al Actuario o Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad: La omisión de la notificación personal, en el domicilio ubicado en Calle Sandia 6599 del Fraccionamiento Granjero, lote 13 manzana 68, con superficie de 400.00 M2, en esta ciudad, levantar y dar fe el acta de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, de mala fe y sin haberse constituido o realizado la búsqueda de la quejoso demandado en el citado domicilio; y dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, a la ejecución del desalojo del referido domicilio. Luego, al no advertirse algún otro acto controvertido por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad, Encargada de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, negó los actos reclamados consistentes en la notificación de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, así como ejecución de la sentencia, sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se han reclamado al Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Actuarios, pues así lo reconoció la primera de las autoridades al rendir su respectivo informe justificado, del cual se desprende la actuación de la segunda de estas, por ende, no obstante que esta última haya negado, se tienen por ciertos. La existencia de los actos reclamados se corrobora además, con las constancias que el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos remitió en vía de justificación, consistentes en copias certificadas del juicio hipotecario 714/2021, de su índice, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por una autoridad judicial en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Conceptos de violación. En relación a los actos que reclama la quejosa María Elena Delgado López, en este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis constitucional del acto reclamado por la parte quejosa María Elena Delgado López. Es fundado uno de los conceptos de violación vertidos por la quejosa, empero, suplidos en su deficiencia, y resulta fundado para conceder por una parte, el amparo solicitado. Ahora bien, es menester preciar que en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido contra el quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Además el Pleno del Máximo Tribunal, estableció que el emplazamiento del demandado al juicio natural, constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa y que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, al estar en presencia de la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, al afectar la oportunidad de alegar, de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a suplir la queja deficiente al respecto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en diciembre de 2000, registro 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". En sus motivos de disenso, la parte quejosa aduce que se violentan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nunca fue llamada a juicio de manera personal, violentando así en su perjuicio la garantía de audiencia. A fin de corroborar tal aserto, se estima necesario hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, los que se logran conocer de las constancias que el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, acompañó a su respectivo informe con justificación, consistentes en copia certificada de los autos del juicio oral ordinario civil 714/21 de su índice, las cuales ya fueron debidamente valoradas; de las que desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, se radicó la demanda que dio origen al expediente 714/2021, en la que Rubén García Montañez, en su carácter de apoderado general para pelitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), demandó en la vía oral ordinaria civil, en ejercicio de la acción hipotecaria a María Elena Delgado López, respecto del bien inmueble ubicado en la Calle Sandia 6599 del Fraccionamiento Granjero, lote 13 manzana 68, en esta ciudad. 2. En constancia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, hizo constar la imposibilidad de emplazar a la demandada, asentando lo siguiente: (.) En Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día veintisiete del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el (la) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito (a) a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, Licenciado (a) Anaisa Marlene Martínez Vazquez hago constar que me constituyo en el domicilio señalado en autos, sitio en calle Sandia 6599 (seis mil quinientos noventa y nueve) del fraccionamiento Granjero, en esta ciudad, cerciorada que es domicilio correcto en virtud de así corresponder el número exterior del inmueble y nombre de la calle en la cual se encuentra, hago constar que el domicilio se ve totalmente abandonado, ya que es posible ver por la ventana que está solo, obscuro y sin ningún mueble, además de que al tocar en diversas ocasiones al domicilio en el que se actúa nadie atiende a mi llamado. Motivo por el cual procedo a retirarme del lugar, levantando la presente constancia para los efectos legales a que hubiere lugar (.) 3. El seis de octubre de dos mil veintiuno, se autorizó el emplazamiento por edictos de la demandada; y en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la actora exhibiendo los edictos publicados en el Diario de Juárez, los días doce, diecisiete de agosto de dos mil veintidós, y diversa fecha que no es posible advertir de las constancias. 4. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia, condenando a la demandada al pago del capital adeudado, intereses ordinarios, accesorios, intereses moratorios, gastos y costas; fallo que quedó firme el cinco de enero del año en curso. Hasta aquí la narración de los antecedentes del acto reclamado. Ahora, en lo atiene al tópico en estudio, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa, establece lo siguiente: 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]. De la anterior transcripción, se destaca el derecho humano de audiencia, el cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a la parte afectada. Una de esas formalidades se constituye por el emplazamiento, que es un acto procesal mediante el cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de un juicio o procedimiento instaurado en su contra, dado que proporciona la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir la contestación respectiva. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales, dentro de un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con el derecho fundamental de audiencia. Dichas formalidades y su observancia, a las que se incorporan las relativas al derecho humano de legalidad contenido en el texto del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a la parte afectada por un acto de autoridad que la resolución que le agravia no se dictó de manera arbitraria sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo ese contexto, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas que integran el derecho fundamental de audiencia a favor de los gobernados como lo es que la parte afectada tenga conocimiento del inicio del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate, el órgano jurisdiccional que conocerá del mismo, así como las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite. De igual forma, que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria, asimismo, que tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes y, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto del debate. Por ello, la diligencia de emplazamiento es de gran relevancia virtud a que es la primera notificación que se le practica a la parte demandada en el juicio instaurado en su contra, de tal manera que el funcionario encargado de llevarla a cabo, tiene la obligación de hacerlo bajo las formalidades establecidas en la ley aplicable, a efecto de no violentar el derecho humano de audiencia contemplado en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho reconocido en el citado precepto constitucional implica la obligación para las autoridades de seguir un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del mismo, entre las que se encuentra la notificación del inicio de éste, antes de la emisión de cualquier acto de molestia, ello, con la finalidad de preservar el derecho de audiencia de los gobernados y así evitar que queden en estado de indefensión. Cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Novena Época, que dice: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Precisado lo anterior, en el asunto en estudio, de los antecedentes previamente relatados se desprende que el emplazamiento de la demandada -aquí quejosa-, al juicio oral ordinario civil del cual deriva los actos reclamados, se practicó mediante edictos. Al respecto los artículos 133, 134 y 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, establecen: "133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: I. El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; II. La primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar por más de seis meses por cualquier motivo; y, III. En los casos que el tribunal lo considere necesario o la ley lo disponga. 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, cerciorándose quien debe hacer la notificación que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a parientes, empleados o empleadas de la persona interesada o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. Si en el domicilio donde debe ser notificada la parte demandada, no se permite por la persona encargada del lugar ingresar al actuario o actuaria para practicar la diligencia, por tratarse de un fraccionamiento, parque industrial, condominio u otro lugar análogo, cerciorado el notificador que la persona física o moral buscada tiene ahí su domicilio, el actuario o actuaria hará del conocimiento a la persona que impida, obstaculice u obstruya una diligencia, la obligación que tiene de permitir el desahogo de la misma, de lo contrario le hará saber el delito en el que incurre conforme al Código Penal, y, de ser necesario, hará uso de la fuerza pública, previa autorización del tribunal. El juez o jueza dará vista de lo actuado al ministerio público. Las demás notificaciones personales se harán a la persona interesada, o a su representante o procurador, en el domicilio designado al efecto; y no encontrándolo el notificador, sin necesidad de nueva búsqueda, le dejará un instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido de la parte promovente, el tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien entrega, recogiéndose la firma en la razón que se asentará del acto. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia. 138. Cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará por edictos, publicando la determinación respectiva por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el estado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez o jueza ordenará recabar informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez o jueza revisará la información presentada, así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. " De las porciones normativas trascritas se advierte, en lo que interesa, que cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas de tres en tres días en un periódico de circulación amplia en el Estado. Además, que previo a la notificación por edictos, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Asimismo, que en caso de que la autoridad o institución proporcionen información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora puede hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar los domicilios proporcionados; hecho esto, el juez debe revisar la información presentada, así como las observaciones hechas por la parte actora y resolver lo conducente. Por otro lado, que en caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe en cita. Que para hacer una notificación personal, el notificador se cerciorará, que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar, debiendo asentar las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio. En ese sentido, es pertinente establecer que para proceder a emplazar al demandado al juicio de origen, en los términos mencionados, deben asentarse las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, además de existir un auténtico cercioramiento de que éste habita el domicilio en que se pretendió efectuar la diligencia. Cabe destacar que, si bien el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en su párrafo quinto, establece que cuando las partes hayan pactado domicilio convencional en el documento base de la acción, se acuda a realizar la notificación a dicho domicilio y éste no corresponda se procederá a realizar la notificación por edictos sin necesidad de recabar informes; así como que en la escritura pública número 9,463 (nueve mil cuatrocientos sesenta y tres), ante la Notaria Pública treinta y dos, en ejercicio para este distrito que contiene, entre otros, el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con María Elena Delgado López, respecto del inmueble ubicado en la Calle Sandia 6599, fraccionamiento el Granjero, lote trece de la manzana sesenta y ocho, en esta ciudad, se pactó como domicilio convencional de la aquí quejosa el precisado con antelación. Sin embargo, dada la relevancia del emplazamiento al constituir la principal de las formalidades esenciales del procedimiento, pues a partir de ella es que se logra el conocimiento de la demanda y el ejercicio del derecho de defensa, ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de alegar, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 617/2019,(20), declaró la inconstitucionalidad del quinto párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio -de contenido similar al párrafo quinto del numeral 138 del Código de Procedimientos Civiles Estatal- , y se formuló la tesis de jurisprudencia 1a./J. 49/2020 (10a.), con registro 20224472 , en cuanto se prevé el emplazamiento por edictos, sin agotar previamente la investigación del domicilio del demandado, cuando en el domicilio pactado en el documento base de la acción ya no fuere posible o no correspondiera con el del enjuiciado. Así, el Alto Tribunal determinó que es inconstitucional y violatorio de la garantía de audiencia previa; y, por consecuencia, de las garantías de legalidad y debido proceso, protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al permitir que, sin un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto en que deba ser emplazada la parte demandada, se realice por edictos en los casos en que intentado el emplazamiento en el domicilio convencional pactado en el documento base de la acción, resulte incorrecto o no vigente. Lo anterior, toda vez que la notificación por edictos debe entenderse reservada para aquellos casos en que tras un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto para notificar personalmente a una persona, no sea posible ubicarlo. De ahí que representa más bien una vía de notificación excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio, siendo obligatorio para el respectivo juzgador, investigar hasta donde sea posible del domicilio correcto del demandado, antes de proceder a esta notificación. Es decir, no implica que se esté en posibilidad de realizar el emplazamiento mediante edictos de manera inmediata, sin un esfuerzo previo de la autoridad judicial para localizar el domicilio real y correcto de la persona que deba emplazarse; es decir, resultan obligados a realizar una investigación más exhaustiva, entendida como racionalmente suficiente, del domicilio del demandado, previo a ordenar un emplazamiento por edictos. Lo anterior, debido a que el derecho fundamental de audiencia previa tutelado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo puede garantizarse si se realiza un esfuerzo de investigación del domicilio correcto, antes de llegar al extremo de imponer una notificación por la vía excepcional destacada. De ahí que este Juzgador atiende a este criterio, porque si bien se examinó una porción normativa distinta a la que aquí se interpreta, que excluía en forma total la exigencia de indagar sobre el domicilio del demandado en el supuesto allí referido, sus consideraciones son conducentes para ponderar la importancia del emplazamiento y la existencia de un deber oficioso de los juzgadores de procurar que se realice de la manera más eficaz posible. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 6/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 181735, Novena Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 304, que a la letra dice: "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso." Bajo esa perspectiva, los juzgadores tienen la obligación de asegurarse que un domicilio es correcto o actual para los efectos de realizar una primera notificación, y si ello no es así, de investigar hasta donde sea posible el domicilio correcto del demandado, puesto que ello equivale a agotar las formalidades esenciales de un procedimiento que resultan indispensables para el debido proceso, atendiendo a que el emplazamiento por edictos representa una vía de notificación excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio. Acotado lo anterior, en la especie, no se desprende que la Oficial Notificador al momento de intentar emplazar a la parte demandada, aquí quejosa, se haya cerciorado de manera adecuada que efectivamente se haya constituido en el domicilio indicado en autos. Para dar claridad a lo anterior, cabe señalar que en los autos del juicio natural obra la diligencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que fue trascrita en el cuerpo de esta resolución y que se remite a ella en obvio de repeticiones innecesarias, en las que la Oficial Notificador hizo constar que no fue posible emplazar a la demandada en el domicilio que se constituyó. Sin embargo, se estima que adolece de un verdadero cercioramiento de que se apersonó en el domicilio que indica, pues únicamente asentó que se constituyó en el domicilio ubicado en calle Sandia 6599 (seis mil quinientos noventa y nueve) del fraccionamiento Granjero, en esta ciudad, precisando que era el domicilio correcto en virtud de así corresponder el número exterior del inmueble y nombre de la calle en la cual se encuentra, limitándose a hacer constar que el domicilio se veía totalmente abandonado, ya que era posible ver por la ventana que estaba solo, obscuro y sin ningún mueble, además de que al tocar en diversas ocasiones nadie atendió su llamado. Sin embargo, la fedataria pudo haber realizado un descripción del inmueble para dar mayor certeza, máxime que en el informe justificado obran avalúo y fotografía donde se ubica e identifica perfectamente el inmueble buscado, ello con el fin de contrastar de manera adecuada lo asentado por la Oficial Notificador con las constancias que obran en autos y dar mayor certeza jurídica de que efectivamente se constituyó en el domicilio correcto, dado que el asentar esas particularidades brinda certidumbre de que el fedatario actuó en estricto apego a la norma. En ese contexto, se estima que no fue apegado a derecho el que se hubiera ordenado el llamamiento por edictos, teniendo como punto de partida las actuaciones que obran en los autos de origen y que ya fueron descritas; pues como ya se dijo, no hubo un previo cercioramiento fehaciente del total desconocimiento del domicilio de la parte demandada, tal como quedó evidenciado en párrafos precedentes, de ahí que el emplazamiento efectuado a la parte quejosa por medio de edictos no fue apegado a la normatividad que rige la materia. Esto es así, virtud a que no es suficiente para acreditar la legalidad de la diligencia, el hecho de que el funcionario actuante cuente con fe pública, puesto que ello no desvirtúa las irregularidades en que incurrió, lo cual conlleva una incertidumbre en cuanto a la certeza de lo asentado en el acta relativa. Bajo ese contexto, la parte demandada, aquí quejosa, estuvo imposibilitada para defenderse en el juicio de origen, circunstancia que trasgredió sus derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y audiencia, tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la tesis 1a./J. 74/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192969, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, de noviembre de 1999, página 209, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." Entonces, al ser contrario a derecho el emplazamiento practicado en el juicio natural por medio de edictos, conlleva la nulidad de esa actuación, así como la de todas las realizadas con posterioridad a ella, virtud a que si el llamamiento a juicio fue ilegal, es claro que de igual forma lo serán todas las actuaciones a partir de ese acto viciado, ante la falta de integración legal de la parte demandada, ahora quejosa, a la relación jurídico procesal Séptimo. Efectos del amparo. En consecuencia, a fin de reparar el derecho transgredido, de conformidad con lo establecido en el arábigo 74, fracción V y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se concede a María Elena Delgado López, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para efectos de que el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: Deje insubsistente las actuaciones judiciales viciadas y los actos posteriores emitidos en el juicio oral ordinario civil 714/21 de su índice, y reponga el procedimiento hasta antes del emplazamiento por edictos, para conducirlo hasta su conclusión acorde con lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Lo anterior, en virtud de que en materias civil y mercantil, la continuación y conclusión de la contienda queda sujeta al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2015693, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, de diciembre de 2017, Tomo I, página 287, del epígrafe y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Elena Delgado López, en contra de las autoridades y por las razones plasmadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Elena Delgado López, contra los actos de las autoridades responsables citadas en el penúltimo considerando, por las razones y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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"PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar; asimismo; se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, por ende, se cierra dicho período. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que la parte quejosa formuló alegatos mediante escrito presentado en este Juzgado el diecisiete de agosto del presente año, mismos que se tiene por reproducidos, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación no realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda, para lo cual firman electrónicamente esta acta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en unión del Secretario con quien actúa y da fe. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. Licenciado Héctor Manuel Flores Lara. El Secretario de Juzgado. Licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos.
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Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la ley de la materia, a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, con fundamento en el precepto en mención, el suscrito juzgador ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha, y para que tenga verificativo se señalan las once horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese.
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