María Elena de los Dolores Sánchez Guzmán

Expediente 179/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
179/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • María Elena de los Dolores Sánchez Guzmán
  • Eugenia Olga Josefina Sánchez Guzmán (Apoderada de las Sucesiones Sánchez Romo)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador que la notificación del referido auto de sobreseimiento se generó automáticamente el día dos de abril actual; sin embargo, atento a que el día dos de los actuales fue declarado inhábil -de acuerdo con el oficio SEPLE./GEN./001/1112/2021 emitido por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal- se toma como fecha de notificación el día siguiente hábil, esto es, el cinco de abril de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual acusa recibo del oficio 2301/2021, donde se le notificó el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que este tribunal sobreseyó fuera de audiencia; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto el estado de autos del presente expediente, se desprende que en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la responsable para que informara el cumplimiento que diera a la ejecutoria de amparo 722/2019, y si con motivo de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 5/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, la resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional quedaría sin efectos, lo anterior, pues dicho tópico tiene relación con la procedencia del juicio de amparo, sin que a la fecha la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, haya cumplido con lo solicitado. No obstante lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso 722/2019 (expediente que se tiene a la vista), el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veinte (acto reclamado en esta instancia constitucional) y dictó una nueva, en los autos del juicio contencioso administrativo **. Para los efectos legales conducentes, se ordena agregar a los autos de este juicio de amparo, copia simple de la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". En consecuencia, con lo anteriormente narrado, se advierte que en la especie se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste en la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en los autos del expediente *** por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Por lo que, si como se vio, en resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ***, la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad dejó insubsistente la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional. Corrobora lo expuesto, la siguiente digitalización: Así las cosas, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el hecho de que la autoridad responsable haya dejado insubsistente la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, se traduce en que han cesado los efectos, como si se hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal, por lo que, que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 225/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO. Si un Tribunal Colegiado de Circuito conoce simultáneamente de dos juicios de amparo en materia laboral, en los que se combate el mismo acto reclamado, pero en uno de ellos determina conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, es inconcuso que cuando resuelva el otro amparo relacionado debe sobreseer en el juicio en términos del artículo 74, fracción III, en concordancia con el numeral 73, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo, pues en tal evento el laudo ya no produce efectos ni causa agravio alguno al quejoso, y de esta suerte, es innecesario que se ocupe del estudio de los conceptos de violación sea cual fuere su naturaleza, esto es, sin que trascienda si están referidos al fondo de la cuestión debatida o en ellos se aduzcan violaciones procesales". Sobre el particular, resulta también orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por Eugenia **, por propio derecho y como apoderada de general para pleitos y cobranzas de las albaceas definitivas de las sucesiones legítimas de ** y **; y ***, por propio derecho. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional

  4. Principal

    Agréguese el escrito suscrito por ***(apoderada de la parte quejosa), por el cual anexa copia digital del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veinte, dictado en expediente ** del índice la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad (autoridad responsable). Ahora bien, del anexo de cuenta se desprende, que la autoridad responsable manifestó que se encuentra impedida para dar cumplimiento con la ejecutoria dictada el juicio de amparo 722/2019 del índice de este juzgado, pues los autos originales del juicio ** y sus diversos cuadernos fueron remitidos al presente asunto, al momento de rendir su informe justificado. En razón de lo anterior, y como lo solicita la parte quejosa, aunado a que es de orden público el cabal cumplimiento a las ejecutorias de amparo, se instruye remitir a la responsable, los tomos de pruebas que acompañó a su informe justificado, a fin de desahogar el requerimiento que se le formuló en el diverso juicio de amparo 722/2019. Se le solicita acuse de recibo. Asimismo, se le requiere para que en el término de tres días, remita al presente juicio de amparo copia certificada íntegra del expediente **, al ser necesarias para resolver este asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, toda vez que lo resuelto en el juicio de amparo 722/2019, así como su cumplimiento, tienen relación con la procedencia de este juicio de control constitucional, se le requiere a la autoridad responsable para que, en el término de tres días, informe el cumplimiento que dé a la ejecutoria de amparo 722/2019, y si con motivo de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 5/2020, dejará sin efectos la resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, en el entendido que deberá acompañar las constancias que así lo evidencien. Asimismo, se le requiere a la parte quejosa, para que tan pronto tenga noticia de lo anterior, lo haga saber a este órgano de control constitucional, pues el artículo 64 de la Ley de Amparo, impone a las partes la obligación de comunicar de manera inmediata al tribunal de amparo la posible actualización de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que lo demuestren.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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