Maria Elena Cuellar Rodríguez
Expediente 256/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Elena Cuellar Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 256/2021. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desecharla de plano. Los quejosos esencialmente reclaman la integración de la carpeta de investigación y las medidas de protección otorgadas dentro de la identificada con el número 003266/2021 del índice de la agencia señalada como responsable, investigaciones con las que consideran que violan los artículos 14 y 16 constitucionales. . Con ello se actualiza la causal de improcedencia prevista XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 21 Constitucional. En el artículo 61, fracción XXIII, citado, se prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos que ello resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como en el caso se reclama la investigación de delitos, es necesario atender a que aquella y la persecución éstos, incumbe al Ministerio Público, en términos del artículo 21 constitucional. Esto es, constitucionalmente se encomendó al Ministerio Público una función de protección social, por lo que para cumplir con esa tarea fundamental debe investigar los hechos delictivos dentro de la carpeta de investigación que iniciará a petición de parte o de oficio, para de esa manera allegarse de información que permita el ejercicio de esa función persecutoria. En estas condiciones, es evidente que la integración de la carpeta de investigación que reclaman los quejosos, no está en los supuestos para la procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 Constitucional, con fundamento en los artículos 113 de la ley invocada, la demanda de amparo se desecha de plano. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común al primero de los promoventes, sin perjuicio de que con posterioridad lo substituya la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizados a Luis Rivera Sanchez y Adela Villanueva Ramos únicamente para oír y recibir notificaciones. En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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