María Elena Covarrubias Cedano
Expediente 2452/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 1 actuación registrada, la última del 28 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2452/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/12/2017
Partes del expediente
- María Elena Covarrubias Cedano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por IGNACIO LÓPEZ VÁZQUEZ, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento que se le hizo al impetrante por auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; luego, en atención a ello, dígasele al aludido ocursante, que no ha lugar a tenerlo por dando cumplimiento a dicho requerimiento; lo anterior se debe a que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo. En efecto, el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción; de ahí que se estime que su escrito aclaratorio también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su escrito aclaratorio, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado y que influyen en la configuración de la litis constitucional, como el pretender dar cumplimiento al requerimiento formulado en el presente juicio. Es aplicable a lo considerado por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, Materia Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, del Tomo XXXIII, Junio de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En el entendido de que sigue corriendo el término concedido a la parte quejosa por auto de veintiuno de diciembre del año en curso, haciendo hincapié en que de no cumplir dentro del término que para tal efecto se le indicó, se hará efectivo el apercibimiento en el auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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