Maria Elena Cote Xochihua

Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
295/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Maria Elena Cote Xochihua

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere ***, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; consecuentemente, ***, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Por otra parte, tomando en consideración que en el expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, conforme al artículo 18, segundo párrafo, del referido Acuerdo en el párrafo que antecede, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. En consecuencia, y en términos del artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de que la parte quejosa esté en aptitud de elegir el día y hora para comparecer a la diligencia correspondiente, y evitar saturar la agenda con citas infructuosas, se le informa que está en facultad de agendar una cita y generar el código QR respectivo, en la página del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, para que pueda ingresar al edificio sede donde se localiza este juzgado federal. Asimismo, debe precisarse que una vez que cuente con la cita correspondiente, de conformidad con los artículos 6º, último parrado y 7º, ambos del precitado Acuerdo General, la visita al órgano jurisdiccional tendrá una duración de veinticinco minutos como máximo, además de que la persona que comparezca a la entrega de los mencionados documentos, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 203196, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil ***, y omisión reclamada al actuario responsable Respecto del acto reclamado consistente en el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de origen y la omisión que se atribuye al actuario del juzgado responsable, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos del artículo 62 del referido cuerpo de leyes. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones X y XI, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." De la anterior transcripción se obtiene que los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que sean los mismos actos reclamados y; b) Que se promueva contra las mismas autoridades. c) Que en el juicio de que se trata, se hubiere dictado sentencia y la misma haya causado ejecutoria. La causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, se refiere a los casos donde el acto reclamado es el mismo, por cuanto son del mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; además, los elementos para determinar la actualización de dicha causa de improcedencia es que coincidan los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia. Así, la cosa juzgada impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos recursos o juicios cuando éstos derivan de la misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales. Asumir la posición contraria, implicaría que se puedan promover, válidamente, cuantos juicios de amparo se estimen convenientes para combatir el mismo tema, con lo cual, no solo se retardaría la impartición de justicia en demérito de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, sino que, además, se crearía un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con el peligro de que se dicten sentencias contradictorias en asuntos vinculados y que guardan una situación de interdependencia. Para la existencia de la figura jurídica en estudio, resulta necesario que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido otro juicio de amparo en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones y el mismo acto reclamado, por lo cual debe existir, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Máxime que la fracción XI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se refiere a la existencia de una sentencia ejecutoria y consigna la imposibilidad jurídica de someter nuevamente a análisis la constitucionalidad de los actos reclamados en un juicio anterior, consagrando así el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de amparo y evitando resoluciones contradictorias. En ese orden de ideas, se arriba al convencimiento de que en la especie se actualiza la figura de la cosa juzgada, puesto que los referidos actos reclamados dictados en el expediente ***, del índice de la autoridad responsable, ya fueron analizados en el diverso juicio de amparo 188/2021-H, de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el cual el veinticinco de marzo del presente año, se desechó la demanda de amparo; determinación que causó estado el catorce de abril pasado, por lo que tal asunto constituye cosa juzgada. En efecto, de las constancias que integran el expediente 188/2021-H del índice de este órgano jurisdiccional, las cuales se tienen a la vista, toda vez que constituyen un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; así como de la demanda de amparo que instó el juicio en que se actúa, se advierte lo siguiente: 1. El veinticuatro de marzo del año que transcurre, se recibió en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por ***, en contra de los actos siguientes: a) El auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil ***, mediante el cual se ordenó emplazar a los demandados ***, por medio de edictos. b) La omisión de dejar citatorio a los demandados en el domicilio, aun cuando se informó que laboraban en dicho lugar. 2. Mediante acuerdo de veinticinco de marzo del mismo año, se desechó la citada demanda de amparo, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el diverso 107, fracción V, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. 3. Luego, el catorce de abril del mismo año, dicho proveído causó estado y se ordenó el archivo del expediente al encontrarse totalmente concluido. Así, de la confrontación de los actos que reclama la quejosa en el presente juicio, se colige que son los mismos que fueron materia de estudio en el diverso juicio de amparo 188/2021-H, del índice de este órgano jurisdiccional. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que ha sido materia de análisis en otro juicio de amparo, lo que imposibilita examinarlo por segunda ocasión en esta instancia constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el expediente en cuestión se haya dictado un auto de desechamiento, pues aun cuando no se dictó sentencia en la que se analizara la constitucionalidad de los actos reclamados, dada la naturaleza de la causa de improcedencia invocada no es posible la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto, pues ya existe un pronunciamiento firme e inamovible respecto de él, cuyo contenido no puede desconocerse por el suscrito. Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a., sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 2018597, intitulada: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD." Auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil ***. Por otro lado, respecto del auto de doce de abril de dos mil veintiuno, a través del que se desechó un incidente de nulidad de notificaciones, emitido en el expediente de origen, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, del mismo ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, se entienden por actos de ejecución irreparable únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Lo anterior, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto. Por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y solo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso a estudio, la promovente se duele del auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil ***, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones respecto de la diligencia de cinco de marzo del año en curso, practicada por el actuario judicial. Sin embargo, dicho acto no produce una afectación material, ya que únicamente tiene efectos procesales, y los mismos pueden desaparecer si la resolución que se dicté dentro del citado juicio oral mercantil de origen es favorable a los intereses de la quejosa. En ese sentido, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Pues según se advierte, la quejosa se duele del desechamiento del incidente de nulidad planteado, cuestión que se reitera únicamente afecta derechos procesales y no los derechos sustantivos antes mencionados. De esta manera, en caso de que la resolución dictada por el juez del procedimiento en el referido juicio oral mercantil, sea contraria a los intereses de la parte impetrante, esta tendrá la posibilidad de controvertirla a través del medio ordinario de defensa, haciendo valer las violaciones procesales que estime se cometieron y, posterior a ello, de ser procedente, a través del juicio de amparo directo. Cabe destacar que dar trámite al presente juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el impetrante tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la impetrante de amparo promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Lo anterior se reitera, en virtud de que el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo prevé que una afectación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/7, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO." Por lo anterior, el acuerdo dictado el doce de abril del año en curso, dentro del juicio oral mercantil de origen, mediante el cual la autoridad responsable desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la actora, no puede considerarse como un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento, aun cuando pueda considerarse de grado predominante o superior, pues tiene que ver con la no tramitación de un incidente, sin que tal determinación afecte la prosecución del juicio de origen o lo paralice. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013". En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios, a ***, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del ocurso inicial se advierten como datos de contacto el número telefónico ***; por lo que se tiene por señalado el medio electrónico a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, se autoriza el uso de instrumentos tecnológicos para la reproducción electrónica de actuaciones judiciales al momento de imponerse de las mismas, en términos de la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 referido. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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