María Elena Colin Acosta

Expediente 1418/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1418/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • María Elena Colin Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1418/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que la SALA DEL TERCER CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1418/2018-V, promovido por MARÍA ELENA COLÍN ACOSTA, con el carácter de Albacea de la SUCESIÓN A BIENES DE RAMONA ACOSTA RUIZ, así como de la SUCESIÓN A BIENES DE JOSÉ COLÍN DOMÍNGUEZ, y RESULTANDOS: PRIMERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente a este juzgado, MARÍA ELENA COLÍN ACOSTA, con el carácter de Albacea de la SUCESIÓN A BIENES DE RAMONA ACOSTA RUIZ, así como de la SUCESIÓN A BIENES DE JOSÉ COLÍN DOMÍNGUEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en: ".IV. Actos Reclamados. La resolución dictada en el Toca Civil 274/2018-2, formado con motivo del recurso de queja interpuesta por la suscrita quejosa SEÑORA MARÍA ELENA COLIN ACOSTA, en contra del auto de fecha 4 de junio del año 2018, dictada por la Juez Tercero de lo Civil de PrimeraInstancia para el Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mismo por medio de la cual se desecha la petición formulada por la suscrita promovente, respecto de promover diligencias de procedimiento no contencioso, misma que por cuestión de turno, fueron remitidos a la H. Jueza Tercero de lo Civil de Primera Instancia para el Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos.". SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda se registró con el número 1418/2018-V y previo el cumplimiento a la prevención que se formuló, por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda. Por consiguiente se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado la intervención legal que le corresponde. Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que no tiene ejecución material se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del estudio integral de la demanda de amparo, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 274/2018-2, en la que se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto por la aquí parte quejosa, contra el auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho por el que previno la demanda, emitido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el procedimiento no contencioso expediente 442/2018-2. Dicho lo anterior, es cierto el acto reclamado en virtud de que al rendir su respectivo informe justificado, así lo aceptó la autoridad responsable (foja 36). Lo que se corrobora con la fotocopia certificada de las actuaciones practicadas en el toca de mérito, remitidas como apoyo al informe con justificación, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, el suscrito juzgador advierte que respecto a la resolución reclamada se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.". Para explicar la causal de improcedencia, debe decirse que de las constancias remitidas por la responsable en el informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. El treinta de mayo de dos mil dieciocho, ante el Juez Civil en Turno del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, MARÍA ELENA COLÍN ACOSTA, con el carácter de Albacea de la SUCESIÓN A BIENES DE RAMONA ACOSTA RUIZ, así como de la SUCESIÓN A BIENES DE JOSÉ COLÍN DOMÍNGUEZ, promovió en vía no contenciosa, que se realizara inspección en diversos bienes inmuebles de los que se ostentó propietaria, a efecto de que se diera fe de que terceras personas los estaban usando y/o explotando y/o poseyendo y/o detentando, sin consentimiento de la sucesión que representa, por lo que requería se hiciera constar la identidad de éstos y la causa de ese proceder. 2. Por razón de turno, la solicitud de mérito se radicó ante el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, radicándose el expediente 442/2018-2, quien por auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, previno a la promovente en los siguientes términos: ".atento a su contenido y a las manifestaciones que hace valer, y toda vez que la presente demanda es irregular y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 272 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado se le PREVIENE a efecto de que ajuste y precise el numeral 463 de la Ley Procesal Familiar en vigor para el Estado de Morelos, que cita: "ARTÍCULO 691.- POSIBILIDAD DE DICTAR MEDIDAS URGENTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN. Si el Juez lo estima necesario, de oficio o a petición de parte, puede con audiencia del Ministerio Público, dictar medidas urgentes para la conservación de los bienes de la sucesión que a consecuencia de la muerte del autor de la herencia queden abandonados o en peligro de que se oculten o dilapiden o se apodere de ellos cualquier extraño. Estas medidas urgentes podrán consistir en: I. Colocación de sellos y cierre de las puertas correspondientes a las habitaciones del difunto cuyo acceso no sea indispensable para los que queden viviendo en la casa, y en la misma forma colocar sellos en dependencias o cajas fuertes, de seguridad u otros muebles del difunto. Los sellos se levantarán cuando haya albacea o interventor y se practique inventario; II. Reunir los papeles del difunto que cerrados y sellados se depositarán en el secreto del juzgado; III. Ordenar a la administración de correos que remita la correspondencia que venga para el autor de la sucesión, con la cual hará lo mismo que con los demás documentos; IV. Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la Ley; y, V. Mandar inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse. Estas medidas podrán decretarse y ejecutarse en cualquier tiempo en que se juzguen necesarias, y se dictarán sin perjuicio de que el cónyuge supérstite, en su caso, siga en la posesión y administración de los bienes. Por lo que se le concede un plazo de TRES DÍAS a fin de que de cumplimiento a dicha prevención apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se desechará la misma y se ordenará la devolución de los documentos exhibidos previo cotejo y la constancia de los mismos.". 3. La promovente del procedimiento no contencioso, interpuso recurso de queja contra el auto anterior, que fue resuelto el trece de julio de dos mil dieciocho, por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 274/2018-2, en la que declaró que dicho recurso no era procedente para combatir el acuerdo de mérito y, en consecuencia, confirmó el auto recurrido, siendo el acto que constituye el acto reclamado. Así, atento a la materia del reclamo, se surte la causal de improcedencia señalada en virtud de que la resolución combatida que declaró que el auto que previno la demanda no era reclamable a través del recurso de queja, no es impugnable mediante el juicio de amparo ya que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento instado antes de juicio, ni produce efectos de imposible reparación como lo establece el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Como se dijo ya, la prevención hecha por el juez natural, recayó al escrito por el que la parte aquí quejosa promovió en vía no contenciosa, a fin de que se diera fe de los aspectos señalados en párrafos precedentes, siendo esta determinación la que recurrió en queja y cuya resolución se sometió a amparo. Al respecto, los procedimientos no contenciosos, están contemplados en el artículo 1009 del Código Procesal Civil y su correlativo 462 del Código Procesal Familiar, ambos del Estado de Morelos, que se cita enseguida: "ARTÍCULO 1009. Asuntos en que sin que haya controversia se pide la intervención del Juez. El procedimiento no contencioso comprende todos los actos en que, por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas.". "ARTÍCULO 462.- ASUNTOS EN QUE SIN QUE HAYA CONTROVERSIA SE PIDE LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ. El procedimiento no contencioso comprende todos los actos en que, por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas, al no implicar controversia entre partes antagónicas. Si surgiere algún litigio, el asunto se regirá y ventilará por lo establecido para la jurisdicción contenciosa.". Como se puede deducir de dichas disposiciones, la naturaleza de la vía no contenciosa implica, necesariamente, que queda reservada para asuntos en los que sin existir controversia entre partes antagónicas, se requiera la intervención del Juez. Tales características, principalmente la ausencia de controversia judicial entre partes adversarias, permiten establecer que las diligencias en el procedimiento no contencioso, para efectos del juicio de amparo, deben calificarse como actos de tribunales judiciales, realizados fuera de juicio en los términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, y sólo pueden ser combatidos a través del juicio de amparo indirecto, contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, salvo que se trate de actos intermedios cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo que en el particular no acontece. Encuentra apoyo tal consideración en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2003301, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 16/2013 (10a.), Página: 744, del rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad.". En efecto, en la jurisprudencia en comento, el Alto Tribunal analiza un caso análogo al analizado en el presente juicio: el de la procedencia del amparo indirecto contra actos derivados de las diligencias de jurisdicción voluntaria sosteniendo que deben calificarse también como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que se trascribe enseguida: "ARTICULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: .III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.". Dicha disposición, en la porción normativa referente a la procedencia del amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio es de idéntico contenido a la del vigente artículo 107 de la Ley de Amparo, de tal suerte que el criterio de jurisprudencia invocada resulta igualmente aplicable al caso concreto, precisamente por reclamarse un acto que tiene origen en un procedimiento no contencioso, que es igualmente emitido fuera de juicio por un tribunal judicial. En tal virtud, si en el caso la interlocutoria combatida consideró improcedente el recurso de queja para impugnar el acuerdo de prevención del escrito por el que se promovió el procedimiento no contencioso y éste tiene el carácter de acto de tribunal judicial emitido fuera de procedimiento, pero no se trata de la resolución que le pone fin, el presente juicio de amparo resulta improcedente. No se soslaya que conforme a la jurisprudencia de mérito el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Sin embargo, se estima que la resolución que se emitió con motivo del recurso interpuesto en contra del acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, por el que el juez inferior previno la demanda en vía no contenciosa promovida por la aquí parte quejosa, tampoco se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación que actualice la hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto. La Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". En ese orden de ideas, con motivo de la prevención ocurrida en el procedimiento no contencioso y la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de queja para combatirla, la demanda -aquí quejosa- estará en aptitud de cumplirla o dejar de hacerlo y la responsable deberá pronunciarse en el sentido de no tenerla por subsanada y en su caso, desecharla; o bien de tenerla por subsanada y admitirla; pero con motivo del pronunciamiento respectivo que se realice es que se estará en posibilidad de advertir si éste tiene o no efectos de imposible reparación, por lo que la sola prevención combatida en queja no pueda catalogarse como acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. Sin que a lo anterior se óbice lo previsto en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2005792, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 6/2014 (10a.), Página: 484, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO QUE PREVIENE AL ACTOR PARA QUE ELIJA UNA DE LAS PRETENSIONES HECHAS VALER EN LA DEMANDA, POR ESTIMAR QUE SON CONTRARIAS O CONTRADICTORIAS, CON EL APERCIBIMIENTO DE DESECHARLA. El requerimiento del juez que previene al actor para que elija una de sus pretensiones a fin de determinar la que se seguirá en el proceso, al estimar que se trata de acciones contrarias o contradictorias, con el apercibimiento de desechar la demanda en su totalidad si no se desahoga dicha prevención, tiene como consecuencia que: 1) se limite la materia del juicio para el caso de cumplir con lo requerido; o, 2) se deseche en su totalidad la demanda si no se atiende la exigencia formulada. Ahora bien, la resolución que confirma dicha prevención en segunda instancia es impugnable en amparo indirecto, al tratarse de un acto que afecta sustancialmente la materia del juicio y es susceptible de transgredir el derecho de acción. Lo anterior es así, porque la prevención ordenada por el juzgador en los términos apuntados, constituye una resolución que define cuál será la materia del juicio y, en ese sentido, tiene impacto en el desarrollo del proceso que no incide únicamente en la posición que van tomando las partes en su desarrollo y que no puede ser reparado con el dictado de una sentencia favorable; por el contrario, las limitaciones contenidas en esa resolución judicial (elección de una sola pretensión y apercibimiento de tener por no presentada la demanda) son susceptibles de generar transgresión al derecho de acción, que integra la primera de las etapas que conforman el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En esas circunstancias, la afectación se da desde que el juez provee sobre la demanda y obliga al justiciable a seguir el juicio respecto de una sola de las acciones intentadas y le apercibe con desechar en su totalidad la demanda, en caso de no realizar tal elección, sin que deba obligarse a esperar que el juzgador provea sobre el eventual desahogo del requerimiento y menos aún que haga efectivo el apercibimiento, ya que el acto de prevención es el que puede generar la violación sustancial en el desarrollo del proceso sobre lo que será la materia de la litis y una perturbación al derecho de acción que hace necesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional para verificar si la forma de proceder del juez encuentra justificación, acorde con el orden jurídico aplicable al caso.". Ello, en virtud de que el caso analizado en la ejecutoria de la que derivó dicho criterio jurisprudencial no se ajusta a la hipótesis del acto reclamado en el presente juicio, puesto que la prevención realizada a la aquí parte quejosa en el juicio no contencioso de origen fue para que la pretensión se ajustara a los términos del artículo 691 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos; en tanto que en el supuesto previsto en el jurisprudencia, la prevención tiene como finalidad que el actor elija la acción promovida de entre dos opciones estimadas contrarias o contradictorias; de ahí que claramente no se trata del mismo supuesto, además que la prevención hecha a la aquí parte quejosa con motivo del procedimiento no contencioso no tiene por efecto limitar la materia del juicio para el caso de no cumplir con lo requerido en la prevención, como sí ocurre en el caso analizado en ejecutoria referida, en la medida que tampoco se tiene certeza de que se haya hecho efectivo el apercibimiento que contenía, para estimar trasgredido derecho alguno de la impetrante a virtud de lo ahí ordenado. En las relatadas condiciones, debe concluirse que la resolución combatida de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 274/2018-2, por la que declaró improcedente el recurso de queja interpuesto contra el auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, que previno la demanda en el procedimiento no contencioso, al no ser la última resolución dictada en el procedimiento no contencioso, sino un acto intermedio, que no tiene una ejecución que sea de imposible reparación; tiene por consecuencia que es improcedente el juicio de amparo indirecto para reclamarla. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el diverso 61, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto, fundado; se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARÍA ELENA COLÍN ACOSTA, con el carácter de Albacea de la SUCESIÓN A BIENES DE RAMONA ACOSTA RUIZ, así como de la SUCESIÓN A BIENES DE JOSÉ COLÍN DOMÍNGUEZ, respecto a la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 274/2018-2. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, por tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I y II, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. DCSM*

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