María Elena Cázares Arévalo
Expediente 1107/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Elena Cázares Arévalo
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de siete de octubre de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA MARÍA ELENA CAZARES ARÉVALO, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Agréguese a los autos el escrito de María Elena Cazares Arévalo; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de veintisiete de septiembre del presente año, manifiesta bajo protesta de decir verdad que: ".de acuerdo a los informes proporcionados por la Ministerio Público que conoce de la indagatoria, el oficio fue remitido por correo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.". Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." De igual forma, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del análisis de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Departamento de Investigación del Delito del Estado de Tlaxcala, se advierte, que ésta resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, del referido ordenamiento legal. En efecto, el artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...]" De lo anterior se sigue, que si bien es cierto que la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, establece que es una causa de sobreseimiento, la circunstancia de que de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y que el artículo 61, fracción XXIII, señala como causal de improcedencia los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; también lo es, que en el caso, el acto reclamado en la presente instancia resulta inexistente, pues como se verá a continuación, a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Circunstancia que se acredita con la copia certificada de la carpeta de investigación UITLAX/T-5/140/2016 remitida por el Agente del Ministerio Público adscrito al Departamento de Investigación del Delito del Estado de Tlaxcala, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis- no existía el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la falta de contestación al oficio 2100/2016; de ahí que no se puede considerar que la responsable haya sido omisa en su contestación. En ese sentido, resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." De esa manera, si el oficio cuya omisión en su contestación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se remitió a la autoridad señalada como responsable el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, resulta evidente que la omisión reclamada es inexistente pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo relativa -veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis-, no existía la referida omisión reclamada, ya que no había sido remitido dicho oficio, circunstancia que resulta suficiente para declarar la improcedencia del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que la existencia del acto debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda. Corrobora lo anterior la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Por tanto, si la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, debe decirse que ésta no es procedente, pues de considerar lo contrario, llevaría al absurdo de estimar que la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la misma. Sustenta la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia perteneciente a la Octava Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 10, cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, tomo XIII, enero de 1994, de la Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En razón de lo anterior, se estima que el acto reclamado por la quejosa resulta inexistente, al haberse presentado la demanda de amparo con anterioridad a la remisión del oficio cuya omisión en su contestación reclama; de ahí, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, del referido ordenamiento legal, por lo que se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en los ordinales 112 y 113 de la ley de la materia."
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con anexo remitido por la Agente del Ministerio Público Adscrito al Departamento de Investigación del Delito del Estado de Tlaxcala, por el que da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en ese mismo auto.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA MARÍA ELENA CAZARES ARÉVALO, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve María Elena Cazares Arévalo, por derecho propio contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1107/2016-I. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre las que se encuentran establecidas en las fracciones IV y V, que a la letra señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Ahora, en el capítulo relativo al acto reclamado, la parte quejosa precisa: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la responsable, reclamo el retardado en la correcta administración de Justicia consistente en la falta de contestación al oficio número 2100/2016 de fecha siete de junio del presente año, girado dentro de la Carpeta de investigación número 140/2016-5 derivada de la Acta de Hechos 930/2016 radicada en la mesa cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. De igual forma, en los antecedentes relativos al acto reclamado la parte quejosa señala: ". PROTESTA LEGAL. Bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted Ciudadano Juez de Distrito que los hechos y abstenciones que me constan, que son ciertos y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: Que se inició el Acta de Hechos 930/2016 por la querella presentada con fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis por la suscrita por hechos constitutivos de delito, considerados como Fraude en mi agravio. En el mes de junio el Acta de Hechos 930/2016 se elevó a Carpeta de Investigación número 140/2016-5, con motivo de la Investigación del Ministerio Público responsable de la mesa cinco, hizo la petición a la Dirección de Averiguaciones Previas para girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala por oficio número 2100/2016 de fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis, solicitó informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los movimientos realizados en mi cuenta bancaria y así poder llegar al esclarecimiento de los hechos narrados en mi querella. En reiteradas ocasiones he acudido ante el Ministerio Público investigador para saber si la Comisiona Nacional Bancaria y de Valores ha rendido el informe correspondiente, sin embargo hasta la presente fecha la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha enviado la información solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo que me veo en la penosa necesidad de promover el presente juicio de garantías." Lo anterior resulta confuso, pues no se advierte con claridad en qué fecha se envió el oficio 2100/2016 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, precise: La fecha del referido oficio 2100/2016, cuya falta de contestación reclama; La fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió el referido oficio 2100/2016. Hágase del conocimiento a la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio con el que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, las cuales serán distribuidas como quedo precisado en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 36/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, tomo XIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2001, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se le apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el cerrada de artista número catorce, colonia Loma Bonita en Tlaxcala, tal y como lo señala el promovente de manera expresa, ya que si bien en el escrito de demanda, específicamente en el punto I, se advierte el domicilio del quejoso, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo, así como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Miguel Sánchez Ramírez, Janet Pantoja Cerón, Alfonso Flores Mora y Trinidad Pérez Méndez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Beatriz Checa Chamizo y Jesús George Meléndez por no contar con el registro en mención. Por otro lado, para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere al Agente del Ministerio Publico de la Mesa cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de veinticuatro horas remita a este Juzgado Federal, copia certificada de la carpeta de investigación 140/2016-5 derivada del acta de hechos 930/2016 de su índice; debiendo cuidar que las mismas se encuentren debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo. Con el apercibimiento, que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario (a) adscrito (a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a la parte quejosa el derecho que le asiste, para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos."
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