Maria Elena Castañeda Neria

Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
157/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Elena Castañeda Neria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativa 293/2023, así como anexo, interpuesto por la parte quejosa. Al respecto, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en el presente asunto, fue confirmada por la Superioridad, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida; atento a los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta ejecutoria SEGUNDO. En la materia sujeta a revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión no Ampara ni protege a ******************** por propio derecho y en su carácter de Sindica Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos, respecto del acto consistente en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente ********************, por las razones expuestas que se indican en considerando quinto de esta ejecutoria" En consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y manténgase adjunto el incidente de suspensión, para un mejor manejo del mismo. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es conservable, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, transfiérase a los depósitos documentales a cargo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Por cuanto al incidente de suspensión el mismo es CONSERVABLE, al haberse concedido la medida cautelar definitiva, con fundamento en la fracción III, inciso b) del artículo 17 del referido Acuerdo General. Finalmente, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena remitir al Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el anexo que se ordenó mantener por separado; en el entendido de que el sello de recepción del presente oficio, con la anotación de que se recibieron los anexos, hará las veces de acuse de recibo. Sin que haya lugar a notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual transcribe el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, del cual se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa por conducto de su autorizado, mismo que se registró bajo el número 293/2023, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, instrúyase al Oficial Judicial "A" Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las gestiones necesarias para que ponga a disposición del Tribunal oficiante el expediente electrónico en que se actúa, a fin de que pueda realizar la consulta con motivo del medio de impugnación interpuesto. Lo anterior, hágase de conocimiento a la superioridad para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la que se determina: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca Morelos, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo 157/2023, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el cual con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, y así como las que ofrecieron las autoridades responsables; mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los ofreció; asimismo la Agente del Ministerio Público adscrita, no formuló pedimento alguno. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. S E N T E N C I A VISTOS para resolver el juicio de amparo indirecto 157/2023 y; R E S U L T A N D O Remisión de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante oficio 2274/2023, de treinta de enero de dos mil veintitrés, remitió los autos del juicio de amparo 1547/2022 de su índice, al declinar competencia a favor de éste órgano jurisdiccional por conocimiento previo; tales documentales fueron recibidas por este Juzgado de Distrito, el dos de febrero de dos mil veintitrés, entre los que se aprecia el escrito de demanda de ********************por propio derecho y en su carácter de Sindica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el [1] Magistrado Titular de la Primera Sala, [2] Magistrado Titular de la Segunda Sala, [3] Magistrado Titular de la Tercera Sala, [4] Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, y [5] Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y [6] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos -todas en su denominación correcta-, por los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO QUE SE RECLAMA: ORDENADORAS MAGISTRADO TITULAR DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. MAGISTRADO TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. MAGISTRADO TITULAR DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. MAGISTRADO TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. MAGISTRADO TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. (.) . De estas autoridades se reclama la ilegal orden de arresto emitida en mi contra. EJECUTORA TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. (.) . De esta autoridad se reclama la ilegal ejecución del procedimiento de arresto administrativo dictado en mi contra." Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículo 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos a través del cual remitió la demanda de amparo, por lo que aceptó la competencia por conocimiento previo, se avocó al conocimiento del asunto, homologó las actuaciones de dicho órgano jurisdiccional (entre ellas la admisión de la demanda de amparo), y dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Asimismo, no solicitó informe justificado a las autoridades responsables toda vez que ya habían sido rendidos ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos; y precisó que si bien la quejosa sostenía que promovía su demanda por propio derecho y en su carácter de Sindica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de la integridad de su escrito inicial y del contexto del acto que reclamó se advertía que de lo que se dolía era de la afectación personal y directa que le causaba la orden de arresto que se le impuso, de allí que se le tuvo presentando el presente juicio por propio derecho, pues con ese carácter el acto le causo una afectación y no propiamente como la autoridad que dijo representar. De igual forma, en el mismo auto de tres de febrero del año en curso, se hizo saber a las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por otro lado, mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano ordenó girar despacho al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Zacatepec, Morelos, para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al presente juicio a la parte tercera interesada Esbaide González Valdovinos, el cual se tuvo por hecho el veintiuno de abril del año en curso, sin que compareciera al presente juicio, y; C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado fue emitido por autoridad administrativa con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal y en el que deben tener ejecución los actos reclamados. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo reclamado en este juicio consiste en: Autoridades responsables Actos reclamados [1]Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. [2]Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. [3]Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. [4]Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. [5]Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. a) El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente administrativo TJA/4aSERA/JRAEM-044/2019, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual se hace efectivo a la quejosa como medida de apremio por el incumplimiento de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio, el arresto administrativo por cinco horas, con el cual se le apercibió en diverso auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. [6]Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. b) La ejecución del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, antes señalado. III. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Primera Sala, [2] Segunda Sala, [3] Tercera Sala, y [5] Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, todas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues al rendir sus informes justificados negaron la existencia de tales actos, circunstancia que no fue desvirtuada por la parte quejosa. Es así, porque ante la negativa de los actos por parte de las autoridades responsables, lo informado por éstas goza de presunción de veracidad; entonces, es a la quejosa a la que corresponde la carga de probar lo contrario, lo cual puede hacer durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional; sin que lo haya hecho. Además, porque de las constancias del juicio administrativo TJA/4aSERA/JRAEM-044/2019, las cuales fueron remitidas a este juicio, se advierte que el trámite de éste corresponde a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, cuyo Magistrado titular dictó el acuerdo reclamado, por tanto, no tienen intervención las autoridades responsables antes señaladas. En consecuencia, ante la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables y toda vez que tal circunstancia no fue desvirtuada por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 63, fracción IV2 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos reclamados precisados en párrafos que anteceden a las autoridades responsables [1] Primera Sala, [2] Segunda Sala, [3] Tercera Sala, y [5] Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. IV. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a [4] la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y [6] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en tanto que así lo afirmaron al rendir sus informes justificados. Ello se corrobora con el contenido de las copias certificadas relativas al expediente TJA/4aSERA/JRAEM-044/2019, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, las cuales fueron remitidas en apoyo al respectivo informe justificado, así como las inherentes al oficio 1077/2022-11, recibido el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós por la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, mediante el cual se ordenó la ejecución de la determinación emitida por la autoridad judicial. Cabe precisar que a tales documentales públicas se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido emitidas por las respectivas autoridades en el ejercicio de sus funciones, las cuales se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. V. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó oportunamente, pues la notificación a la quejosa del acuerdo reclamado, se practicó el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro de noviembre al catorce de diciembre de dos mil veintidós, descontando el veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre de ese año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que si la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, primer día del plazo, es concluyente su oportunidad. VI. Procedencia del juicio de amparo. La autoridad responsable Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, señaló que se actualizaban las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado por virtud de la notificación que se le realizó, además de que no agotó el medio ordinario de defensa, esto es, el recurso de reconsideración previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Respecto a la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos, no se actualiza, toda vez que como se precisó en el apartado de la oportunidad de la demanda de esta sentencia, el presente juicio de amparo se promovió oportunamente, es decir, dentro del plazo de quince días establecido en la Ley de la materia. Ahora, con relación a la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, se tiene que no se actualiza dicha improcedencia, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que se señala como acto reclamado la imposición de un arresto administrativo por cinco horas, el cual restringe el derecho sustantivo a la libertad de la quejosa, por ello, encuadra en la excepción a dicho principio establecida en el citado artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, el cual señala que tratándose de la orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, no se exige que previo a la presentación de la demanda de amparo se agoten los medios de defensa previstos en la legislación ordinaria aplicable; de ahí que resulte evidente que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. En consecuencia, al no actualizarse las causas de improcedencia en estudio y al no advertir de oficio alguna diversa, se procede al estudio del fondo del asunto. VII. Estudio de los conceptos de violación. En parte de los conceptos de violación la quejosa señala que la orden de arresto reclamada carece de una debida fundamentación y motivación, aunado a que es un acto que afecta de forma directa el derecho de audiencia y debido proceso, toda vez que transgrede los principios de proporcionalidad e igualdad, así como el derecho humano de la quejosa a la libertad, pues además el acuerdo en el que se le apercibió con tal arresto no le fue notificado personalmente. Lo anterior es infundado, toda vez que de los autos relativos al expediente TJA/4aSERA/JRAEM-044/2019, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el cual la autoridad responsable remitió en copias certificadas, se observa que dicha autoridad responsable ha emitido diversos proveídos requiriendo a la aquí quejosa el cumplimiento de la sentencia definitiva ahí dictada, sin lograr vencer su contumacia, pues incluso le ha impuesto varias medidas de apremio consistentes en amonestación y diversas multas, hasta que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, quedo apercibida con hacerle efectivo un arresto por cinco horas y, en el acuerdo reclamado se cumplió dicho apercibimiento. Es decir, en el citado auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable requirió el cumplimiento de la sentencia a la aquí quejosa, con el apercibimiento que, de no acatar lo ordenado se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto administrativo por cinco horas, sin que de constancias se advierta que la quejosa haya dado cumplimiento a lo requerido, por lo que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se le hizo efectiva tal medida de apremio. Ahora, como se puede observar de la simple consulta a las copias certificadas que fueron remitidas por la autoridad responsable, dicho acto derivó ante la contumacia de la quejosa de atender a los múltiples requerimientos para dar cumplimiento a la sentencia del juicio natural, de ahí que en el auto reclamado se le hizo efectiva la medida de apremio consistente en el arresto administrativo por cinco horas a fin de lograr que cumpliera con el fallo emitido en el juicio de origen, por lo que dicha determinación se encuentra justificada. Además, contrario a lo argumentado por la impetrante de amparo, el proceder de la autoridad responsable se encuentra fundado en lo consignado en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, específicamente en los preceptos legales siguientes: "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: I. Amonestación; II. Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que se reiterará cuantas veces sea necesario; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. El auxilio de la fuerza pública; V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y VI. Inhabilitación en los términos de esta ley. Para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas en términos de este artículo, el Tribunal y las Salas podrán solicitar el descuento vía nomina a la fuente de trabajo de la parte que incumpla una orden o determinación. Artículo 90. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliese con la sentencia, la Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley" "Artículo 91. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente: I. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada; II. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley; III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y IV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública. Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y publicado la versión publica en la Página de Internet del Tribunal." Así como en lo estipulado en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que establece: "Artículo 28. Los Magistrados de las Salas de Instrucción y de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones siguientes: (.) III. Proceder a la ejecución de la sentencia; (.) X. Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de las Salas; (.)". De lo transcrito se desprende que la ley faculta a los Magistrados y las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa para que, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, empleen diversas medidas de apremio, entre ellas el arresto hasta por treinta y seis horas; dejando a discreción del órgano jurisdiccional establecer, según sea el caso, el número determinado de horas de arresto, siempre y cuando no se exceda de las treinta y seis horas establecidas en la ley. En ese entendido, la Sala responsable, para justificar la imposición del apercibimiento de la medida de apremio consistente en un arresto, se apoyó en el apercibimiento realizado en autos del juicio de origen el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que brindó la oportunidad a la quejosa de acatar la sentencia definitiva sin haber obtenido respuesta alguna, anteponiendo el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones se cumplan a la brevedad posible sobre el interés individual de la amparista, con el propósito de que sea efectivo el derecho fundamental de ejecución de las sentencias; además, con la anterior determinación la responsable cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es así, porque el acuerdo reclamado se fundamentó directamente en los artículos 11 y 28 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, con el objeto de respetar el derecho humano de justicia completa conforme a lo señalado en el primero de los artículos invocados, y conforme a las atribuciones conferidas a la autoridad jurisdiccional responsable, precisadas en los citados dispositivos 90 y 91 de la referida legislación local. Por tanto, contrario a lo sustentado por la quejosa, el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó hacer efectiva la medida de apremio consistente en el arresto administrativo por cinco horas, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que en el mismo se precisaron las razones con base en las que se ordenó hacer efectiva la imposición de la medida de apremio, las cuales básicamente son que la persona quejosa no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, no obstante de haber sido requerida para ello, por insistir en su conducta contumaz, lo cual tiene relación con los preceptos en que se fundó dicha determinación, pues en ellos se prevé la posibilidad de aplicar un arresto como medida de apremio, con el fin de que la autoridad responsable pueda hacer cumplir sus determinaciones. Además, en esas condiciones es que resulta infundado el argumento establecido en otra parte de los conceptos de violación, en el que la quejosa refiere que el acto reclamado vulnera el artículo 16 de la Constitución Federal, al no haber hecho la autoridad responsable un uso gradual de la medida de arresto, ni establecer la razón de la temporalidad, la reincidencia y los motivos de tal medida. Lo anterior, porque como se advierte de autos del expediente administrativo de origen, a la quejosa sí le fue aplicada la medida de apremio reclamada en forma gradual, toda vez que se le requirió el cumplimiento voluntario, posteriormente se le amonestó e impuso diversas multas, hasta que en el auto aquí reclamado de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, le hizo efectiva la medida de apremio consistente en un arresto por cinco horas, lo cual se desprende de las constancias del juicio de origen remitidas por el Magistrado señalado como responsable. De igual forma, se justificó la imposición de la medida, como ya se dijo, en la contumacia de la aquí quejosa a cumplir con la sentencia definitiva del juicio de origen, la cual es de orden público e interés social. Máxime que, el apercibimiento de arresto por cinco horas decretado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, le fue notificado de forma personal a la amparista el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el cual se le requirió para que, en el término de veinticuatro horas, diera cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen, requerimiento al que hizo caso omiso, lo que dio lugar al dictado del diverso proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le hizo efectivo tal apercibimiento, por lo que es evidente que la peticionaria de amparo estuvo en aptitud de cumplir con lo ordenado para evitar que se le hiciera efectiva dicha medida de apremio. De ahí que tampoco sea cierto que se lesionó en perjuicio de la quejosa su derecho de audiencia y debido proceso, o los principios de proporcionalidad e igualdad, y su derecho humano a la libertad, porque de las constancias del juicio de origen, es factible advertir que es parte obligada al cumplimiento de la sentencia y que se le han notificado los diversos requerimientos, por tanto se ha respetado su derecho al debido proceso y su derecho de audiencia, además se han dictado las determinaciones en igualdad de condiciones para las partes. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 200234, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Aunado a lo anterior, de las constancias del juicio natural no se advierte que se hayan aportado pruebas para acreditar que la parte quejosa se encontraba realizando las gestiones necesarias para cumplir con la sentencia; de ahí que fue correcto que se le hiciera efectivo el apercibimiento de arresto decretado en su contra a fin de vencer su resistencia y obtener el cumplimiento de la sentencia. Ahora, por cuanto a que se lesiona su derecho humano a la libertad, se precisa que el arresto que le fue impuesto se debe a su contumacia en cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen de nueve de septiembre de dos mil veinte, y de que se le ha formulado diversos requerimientos, lo que de suyo transgrede el artículo 17 Constitucional, en la parte en que dispone que la justicia debe ser pronta y expedita, lo que no ha ocurrido en la especie, puesto que la quejosa, no ha dado cumplimiento a la sentencia, además que su interés personal no puede estar por encima del orden público. Así, es que los medios de efectividad como las multas, o como en el caso, el arresto, obedecen al derecho de administración de justicia que protege a su vez el propio artículo 17 constitucional, el cual señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, lo que indica que las normas procesales deben perseguir la consecución de sus fines, para lo cual las autoridades judiciales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. Mecanismos que dada su naturaleza de acto de molestia exteriorizan la facultad de la autoridad de imponer una sanción en caso de no acatar una determinación judicial, y con ello, a su vez, ejercer coerción sobre la persona a quien va destinado un mandato, para que lo cumpla. De ahí que las medidas de apremio tengan como objetivo primordial que determinada persona cumpla con lo pretendido, esto es, vencer la negligencia o resistencia al cumplimiento de las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional. No obstante que, dicha determinación no transgrede el artículo 21 Constitucional, por cuanto a la temporalidad de la medida, puesto que lo impuesto no excede el término de treinta y seis horas, y además es acorde con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, el cual exige que se administre justicia en los plazos y términos que establecen las leyes, haciendo uso de los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones, en el particular caso la sentencia definitiva del juicio de origen. Orienta a lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 23/95, con registro 200317, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LO ESTABLECEN POR UN TÉRMINO MAYOR AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. De la interpretación armónica de los artículos 17, 73 (a contrario sensu) y 124, de la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que las legislaturas locales tienen facultades para establecer, en las leyes que expidan, las medidas de apremio de que dispondrán los jueces y magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; sin embargo la duración de éste, no puede quedar al arbitrio del legislador, sino que debe sujetarse, como máximo, al término de treinta y seis horas que prevé el artículo 21 constitucional para infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, pues si bien es cierto que la medida de apremio encuentra su fundamento en el artículo 17 constitucional y no se impone con objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo, sino como un medio para hacer cumplir las determinaciones judiciales, igualmente cierto resulta, que a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado fuera de un procedimiento penal, por lo que si el artículo 17 constitucional no establece el límite temporal de dicha medida de apremio, debe recurrirse, por interpretación extensiva, al límite establecido por el artículo 21 constitucional para el arresto administrativo. En consecuencia, si alguna disposición de una ley o código establece el arresto como medida de apremio por un término mayor al de treinta y seis horas, es inconstitucional." Asimismo, resulta aplicable en la conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 196520, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 17, 21 Y 22 CONSTITUCIONALES." Así, es que se reitera que el arresto decretado por la autoridad responsable ordenadora se encuentra justificado, en razón de que se dictó al haber transcurrido en exceso el término concedido para lograr el cumplimiento de la sentencia condenatoria, sin haber obtenido respuesta alguna. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 94/2010, con registro digital 168383, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. PUEDE IMPONERSE LAS VECES QUE EL JUZGADOR CONSIDERE NECESARIAS PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. Así como la jurisprudencia 1a./J. 60/2008, con registro digital 168383, de rubro y texto siguiente: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO NECESARIAMENTE DEBE DETERMINARSE SU TEMPORALIDAD DESDE EL APERCIBIMIENTO. Si se toma en cuenta, por un lado, que el apercibimiento es la advertencia de las consecuencias desfavorables que pudiesen ocurrir por incumplir algún mandamiento de la autoridad y, por el otro, que el arresto es la medida de apremio consistente en la privación de la libertad por tiempo determinado, resulta evidente que no puede necesariamente definirse desde el apercibimiento la temporalidad del arresto como medida de apremio, pues sólo hasta que vence el término concedido para el cumplimiento de la obligación y se incurre en desacato, la autoridad puede calificar la contumacia, es decir, el dolo, el grado de desacato, la intención de cumplir con lo ordenado o incluso la existencia de alguna justificación, de ahí la imposibilidad de fijar la temporalidad de una medida aún no impuesta." En ese sentido, este juzgado advierte que el derecho de acceso efectivo a la jurisdicción tutelado en el artículo 17 constitucional exige que el fallo judicial se cumpla y que la impetrante sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes en meras declaraciones de intenciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que: "el proceso jurisdiccional y la sentencia que lo resuelve en el fondo, constituyen el fundamento de la garantía de tutela judicial a que se refiere el artículo 17 constitucional, siendo condición indispensable, para que sea completa y efectiva, que el órgano jurisdiccional vele porque sus resoluciones se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus propios términos, en tanto la ejecución eficaz e inmediata de las sentencias es de interés público". Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 45/2001, con registro digital 189347, de contenido siguiente: "APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". Si se toma en consideración, por un lado, que el proceso jurisdiccional y la sentencia que lo resuelve en el fondo constituyen el fundamento de la garantía de tutela judicial a que se refiere el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo condición indispensable, para que sea completa y efectiva, que el órgano jurisdiccional vele porque sus resoluciones se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus propios términos, en tanto la ejecución eficaz e inmediata de las sentencias es de interés público y, por otro, que el legislador del Estado de México ha estimado que los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que, por tanto, han adquirido la naturaleza de cosa juzgada no deben ser innecesariamente obstaculizados mediante la interposición de recursos, tal como se establece en el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles para esa entidad, puede concluirse que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de sociedad conyugal, en cumplimiento de una sentencia definitiva de divorcio o de nulidad de matrimonio, en la medida en que es una resolución que tiende de manera directa e inmediata a hacer efectiva la ejecutoria de que se trate pues una vez resuelto el incidente no resta otra actuación del Juez más que la de adjudicar los bienes en términos de la partición, es una resolución contra la que no procede el recurso de apelación, sin que sea obstáculo para llegar a tal conclusión, la regla general que respecto a dicho recurso prevé el diverso artículo 432 del citado código, que establece que serán apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando así lo disponga el código si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte, en virtud de que aun cuando la sentencia definitiva de la que deriva la interlocutoria de que se trata es apelable, el precepto primeramente citado es claro al afirmar que dichas resoluciones no admiten recurso alguno." Ahora bien, en otra parte de sus conceptos de violación, la quejosa señala que la autoridad responsable no refiere la temporalidad de dicho arresto y que la responsable omitió tomar en cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia y el hecho que la motiva, aunado a que no sigue con las reglas de hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden. Tales aseveraciones, como se dijo son infundadas, además porque en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, sí se estableció la temporalidad del arresto (cinco horas) y sí se tomó en consideración la gravedad de la infracción, ya que desde el acuerdo en el que se realizó el apercibimiento de arresto y en el diverso en el que se hizo efectivo, la autoridad responsable señaló que el cumplimiento de la sentencia definitiva es de orden público y reviste especial importancia a la sociedad su cumplimiento, además de que se debe salvaguardar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para los justiciables y que, la aquí quejosa, no dio cumplimiento total a la sentencia definitiva no obstante el apercibimiento realizado. Aunado a lo anterior, y contrario a lo manifestado la amparista, se advierte que, la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en ejercicio de las facultades legales que tiene para hacer cumplir sus determinaciones impuso la medida de apremio administrativa impugnada, acto que por sí mismo: I) Contiene fundamentos y motivos; II) Se sustentó en la legislación aplicable por razón de tiempo, territorio y materia; III) Contiene una justificación razonable cuya presunción de validez no ha sido desvirtuada por la parte quejosa; IV) La responsable, en la aplicación e interpretación del derecho secundario, no omitió observar una o varias normas jurídicas idóneas y relevantes para regular el supuesto de hecho respectivo, al grado de que su debida observancia hubiera conducido a modificar el sentido del acto reclamado, y V) La autoridad responsable interpretó el derecho secundario de forma tal, que no es posible advertir que el sentido del acto reclamado interfiera en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales que están en juego. Por lo que el acto reclamado consistente en la imposición de una medida de apremio conlleva una diligencia necesaria, a juicio del juzgador natural, a fin de garantizar la ejecución de la resolución firme, que tiende a respetar el derecho de acceso efectivo a la jurisdicción previsto en el artículo 17 constitucional, que las partes deben tolerar durante el procedimiento de ejecución, derivado de la falta de cumplimiento voluntario de la parte demandada. Asimismo, resulta infundado el concepto de violación, en el que la quejosa refiere que no se le notificó personalmente el apercibimiento de arresto, lo cual no le permitió conocer su contenido y alcance , así como las consecuencias en caso de no cumplir con la obligación impuesta; lo anterior es así, porque contrario a lo afirmado, la quejosa sí tuvo conocimiento del apercibimiento decretado, pues el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós fue notificada mediante oficio y, también fue notificado del auto de diecisiete de noviembre siguiente, en el que se le impuso dicho apercibimiento (arresto por cinco horas). Por lo expuesto, ante lo infundado de los conceptos de violación en estudio, debe negarse el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución del [6] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios, sino como una consecuencia de la ilegalidad alegada de la orden de arresto reclamada. Así, con fundamento en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en el considerando III de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, por las razones expuestas en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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