María Elena Caballero Moreno
Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elena Caballero Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente III-309/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-309/2022, promovido por María Elena Caballero Moreno, por propio derecho, contra actos de la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Magistrado Presidente de la Sala Especializada en Juicios en Línea, con sede en la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el periodo de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables remitieron diversas documentales, las que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. La autoridad responsable remitió copias certificadas del expediente relativo al juicio contencioso administrativo federal 20/257-24-01-03-06-OL, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas. EL JUEZ: Al no existir más pruebas pendientes por desahogar, se declara abierto el periodo de alegatos. Secretario dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo III-309/2022, promovido por María Elena Caballero Moreno, por propio derecho, contra actos de la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado de manera electrónica en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, ese mismo día, María Elena Caballero Moreno, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE ESTIMA VIOLADO. La parte quejosa precisó como derecho fundamental vulnerado en su perjuicio el reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por acuerdo de veintidós de marzo del año que transcurre, se registró la demanda con el número de expediente III-309/2022; se desechó por lo que ve al acto reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al no constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; y se admitió por lo que veía a la restante autoridad responsable. En el mismo proveído, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Inconforme con el desechamiento parcial, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el que en sesión plenaria de cuatro de agosto de dos mil veintidós determinó declararlo infundado. Una vez resuelto el recurso de queja y devueltos los autos originales del presente asunto a este órgano jurisdiccional, por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós se levantó la suspensión del procedimiento y se tuvo a la autoridad responsable Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México rindiendo el informe justificado que le fue requerido. Posteriormente, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una omisión de una autoridad dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de requerir y realizar todas las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio de nulidad 20/257/24-01-03-06-OL. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó la omisión que se le atribuyó. Sin embargo, se tiene como cierta con las constancias que allegó el Magistrado Presidente de la Sala Especializada en Juicios en Línea referida, ello porque se advierte que hasta el veinte de mayo de dos mil veintidós requirió a la autoridad demandada en el juicio de origen para que diera cabal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de origen. Por lo que si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de marzo de ese año, esto es, previo al requerimiento referido en el párrafo anterior, es claro que sí existía la omisión reclamada al momento de su promoción; pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, el que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Esto es, dicho numeral establece que es improcedente el juicio de amparo cuando hubieran cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el asunto. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso concreto, de las constancias que integran los presentes autos, en específico de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México de requerir y realizar todas las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio de nulidad 20/257/24-01-03-06-OL. Ahora, de la sentencia referida dictada en el juicio de origen, se observa que la autoridad responsable declaró la nulidad de la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, contenida en el oficio número 2.11.15.5/DPSH/7781/2019, para el efecto de que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitiera una nueva resolución en la que incrementara la pensión a que tenía derecho la parte actora. Lo anterior realizando el comparativo entre el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los aumentos de los sueldos de los trabajadores en activo, respecto de la plaza que ocupó la parte actora en el último año laboral, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la fecha en que se jubiló. Además de pagar a la parte actora las diferencias resultantes de la aplicación de dichos incrementos, a partir del uno de enero de dos mil cinco, y hasta la fecha en que diera cumplimiento a la sentencia, además de considerar el concepto de aguinaldo. Ahora, mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, se advierte que la autoridad responsable requirió a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días hábiles acreditara el cabal cumplimiento que le hubiera dado a la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, a la que apercibió para que en caso de que no atendiera dicho requerimiento, se decidiría que hubo incumplimiento injustificado y se le impondría una multa que se figaría entre trescientas y mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Así, al no haber dado cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de origen, por acuerdo de veintitrés de junio del presente año, hizo efectiva la multa a la autoridad demandada, y mediante diverso de once de agosto de dos mil veintidós volvió a requerir a la autoridad demandada diera cumplimiento a la resolución de mérito. En cumplimiento a lo anterior, la parte demandada Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, mediante oficio número 2.11.15.5/1574/2022, de catorce de junio de dos mil veintidós signado, remitió una nueva resolución administrativa en acatamiento a la diversa de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de origen, en la que precisó lo siguiente: "(.) PRIMERO. En términos del artículo 8° del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del articulo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ajustarse de conformidad con los lineamientos señalados en la Sentencia de mérito, se debería ajustar su cuota de pensión de $291.30 a la cantidad de $334.35 diarios, la cual se instalaría en la nómina de Septiembre 2022. De la pensión número 726277. SEGUNDO. Con el fin de dar cumplimiento a la presente resolución se le informa que las diferencias generadas por la cantidad de $124,198.96 . respecto de la expedición oportuna de su cheque, me permito informarle que nos encontramos gestionando lo concerniente al pago de diferencias, resultando necesaria la liberación del recurso a nivel central para poder efectuar su pago, por lo que se le notificará cuando dicho cheque esté disponible en esta delegación Michoacán. (.)" Posteriormente, la autoridad responsable por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, tuvo por cumplida la sentencia definitiva. En ese aspecto, como se adelantó el acto reclamado consiste en la omisión de requerir y realizar todas las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio de nulidad 20/257/24-01-03-06-OL, y de las constancias remitidas se advierte que la Sala responsable sí utilizó los medios que le otorga la Ley de la materia para requerir el cumplimiento de la sentencia, tanto es así que multó a la autoridad responsable al no atender el primer requerimiento efectuado en ese sentido. Gestiones efectuadas por la Sala Administrativa con las que logró que la demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva, de esta manera, se concluye que ha cesado el acto que se reclama, por lo que surte de forma clara la causal de improcedencia examinada. En ese sentido, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión referida ante la autoridad responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Elena Caballero Moreno, por propio derecho, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDAD DA CUMPLIMIENTO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Especializada en Juicios en Línea, con sede en Ciudad de México, a través del cual da cabal cumplimiento al requerimiento formulado en autos. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se observa que mediante proveído de veintiocho de junio de este año se reservó proveer respecto al informe justificado rendido por la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en Ciudad de México, toda vez que la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de este año, y consecuentemente, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo, hasta que el Tribunal de Alzada resolviera dicho medio de impugnación. Posteriormente, mediante acuerdo de dieciséis de agosto de este año, se tuvo por recibido el testimonio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que declaró infundado el recurso de queja; asimismo, se levantó la suspensión del presente proceso y se tuvo por rendido el informe justificado por la autoridad responsable citada. Ahora, del citado informe justificado se advierte que la autoridad responsable afirma que mediante proveído de veinte de mayo de este año requirió a la autoridad demandada Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en la Delegación Estatal Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días diera cabal cumplimiento a la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente número 20/257-24-01-03-06-OL; sin embargo, no anexó la citada constancia. Por lo anterior, también tomando en consideración que desde la data citada ha transcurrido un lapso considerable, y a efecto de tener las constancias necesarias y completas para la resolución del presente asunto, se requiere a la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en Ciudad de México, para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice lo siguiente: Remita copia certificada del acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen. Informe si la autoridad demandada dio cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo precisado en el numeral anterior y, en su caso, remita las constancias que así lo acrediten. Indique cuál es el estado procesal que guarda el juicio número 20/257-24-01-03-06-OL, a la actualidad, anexando para tal efecto copias certificadas. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.
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