María Elena Bajaras Flores

Expediente 641/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
641/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • María Elena Bajaras Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio de cuenta suscrito por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por medio del cual solicita información en relación con la incompetencia planteada en veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por ese órgano jurisdiccional, en los autos del juicio de amparo 839/2020-5A. En relación con lo anterior, hágase de conocimiento a la oficiante que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, este juzgador declaró la incompetencia por razón de territorio y se remitieron los autos al juez de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno. Posteriormente, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se agregó oficio 6629/2021 proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por el cual informó que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto, por lo cual este órgano de control constitucional ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese, y, mediante oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por el juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por el cual informa que admitió la competencia declinada en el presente juicio de amparo. En esa virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. 1. Cumplen requerimiento. Agréguese a los autos el escrito presentado por la promovente María Elena Barajas Flores, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diez de los actuales, para lo cual precisa su domicilio fiscal, siendo en avenida Oaxaca 323, colonia Sonora, en San Luis Río Colorado, Sonora; en consecuencia, se provee lo siguiente: 2. Incompetencia por razón de territorio. Vista la demanda presentada por María Elena Barajas Flores, contra actos del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer de ésta. Para arribar a tal determinación, es pertinente traer a colación que el artículo 37 de la Ley de Amparo1 establece tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo, a saber: 1 "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Violeta Ybarra Escalante 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3c.36 14/10/23 12:12:24 a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Violeta Ybarra Escalante 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3c.36 14/10/23 12:12:24 3 ??????????????? En el caso que nos ocupa, se configura la segunda porción normativa analizada, toda vez que María Elena Barajas Flores reclama lo siguiente: a) Del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la aplicación del artículo 25 de la Ley de la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por la inconstitucionalidad del citado artículo; b) Del Congreso del Estado de Sonora, la aprobación y expedición del artículo 25 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; y, c) De la Gobernadora del Estado de Sonora, la promulgación del artículo 25 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Luego, con motivo de la aplicación del referido artículo la quejosa tiene un descuento mensual del 7% a su pensión, por parte del referido instituto, el cual se materializa en el domicilio ubicado en avenida Oaxaca 323, colonia Sonora, en San Luis Río Colorado, Sonora, en cuyo lugar recibe dicha pensión, por así advertirse, de la credencial de elector que al efecto exhibe en el ocurso que se atiende, así como del talón de pago que obra en la demanda. En tal medida, la ejecución de los actos se efectúa en aquella jurisdicción territorial, sobre la cual este juzgador no ejerce competencia, sino el juez de Distrito con sede en Mexicali, Baja California, en turno. En esa tesitura, este juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, toda vez que el domicilio de la parte quejosa determina el lugar de ejecución del acto de aplicación y produce Violeta Ybarra Escalante 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3c.36 14/10/23 12:12:24 sus consecuencias, por ser éste el lugar en el que se cobra y disfruta su pensión y, en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en ese lugar. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara incompetente por razón de territorio para conocer de esta demanda y declina la competencia a favor del juez de Distrito en el Estado Baja California en turno, con residencia en Mexicali,2 a quien deberá remitirse para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario 2 Conforme lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a la letra siguiente: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora." Violeta Ybarra Escalante 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3c.36 14/10/23 12:12:24 5 ??????????????? por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado."3 Así como por identidad de razón, la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), emitida por el Perno del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y 3 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, página 95 y registro 166109. Violeta Ybarra Escalante 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3c.36 14/10/23 12:12:24 esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados."4 Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y, en su momento, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3278/2020, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Ismael 18778 4 Tesis

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de diciembre de dos mil veinte. 1. Se recibe oficio. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a través del cual comunica que por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por María Elena Barajas Flores, por los motivos que expone en dicho oficio. Acúsese el recibo de estilo. En consecuencia a lo anterior, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente juicio. 2. Prevención de la demanda. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 114, en relación con la fracción V, del numeral 108, ambos de la Ley de Amparo requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba copia del Registro Federal de Contribuyentes, o bien, precise bajo protesta de decir verdad, cuál es su domicilio cierto y correcto. En el acto de la notificación del presente, hágase del conocimiento de la promovente, las penas en que se puede incurrir cuando se afirmen hechos falsos o se omitan aquellos que le consten con relación a los actos reclamados, conforme al artículo 261 de la nueva Ley de Amparo. En el entendido de que, en el supuesto de que se aclare su demanda en forma física, deberá exhibir copias de su escrito aclaratorio, como lo previene el numeral 110 de la Ley de Amparo, a fin de correr traslado a las partes. Apercíbase a la parte promovente que, en caso de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se proveerá conforme a derecho corresponda. 3. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 4. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 5. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 6. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de actividades en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se requiere a la parte quejosa para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico, con el fin de tener información de contacto para el supuesto de que el órgano requiera establecerlo. 7. Exhortación a las partes. Se exhorta a la parte quejosa para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del referido esquema de reactivación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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