María Elena Baeza Mendoza
Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Elena Baeza Mendoza
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de once de noviembre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Rogelio XXXXXXXXXX por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte. PARTE QUEJOSA XXXXXXX. PERSONALIDAD La demanda se promueve por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 2.Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 3.Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera. 4.Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 5.Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6.Representante Legal de Banamex, Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. 7.Gerente de la sucursal Plaza Las Rosas correspondiente a la institución bancaria Banamex, Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese el expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, con el número 630/2020-II; así también dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo, así como de los anexos que acompaña a ésta, se advierte que la parte quejosa reclama la cancelación de las cuentas bancarias relacionadas con el número de cliente 115034528 aperturadas en Banamex, Banco Nacional de México, Sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, y, como consecuencia, la falta de disposición de los recursos aquí contenidos, con motivo de una presunción de lavado de dinero. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En el caso, se actualiza la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, porque el acto impugnado no es un acto de autoridad. En efecto, los preceptos invocados dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la transcripción que antecede, se obtiene que las causas de improcedencia pueden resultar de alguna disposición de la ley; asimismo, que es autoridad responsable la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la cancelación de las cuentas bancarias relacionadas con el número de cliente 115034528 aperturadas en Banamex, Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, y, como consecuencia, la falta de disposición de los recursos ahí contenidos, con motivo de una presunción de lavado de dinero. Por su parte, del anexo que adjuntó a la demanda de amparo, en específico el oficio número 1316424, de fecha viernes dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se advierte que la institución bancaria informó a la quejosa que por convenir a sus intereses, tomó la determinación de cancelar las cuentas y servicios que tiene contratados con la impetrante del amparo, por lo que se cancelarían todas las cuentas y servicios que estén ligados a su número de cliente 115034528 y dejó a su disposición el saldo que se encuentra en ellas. Ahora bien, como se dijo, el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, la autoridad señalada como responsable (Institución Bancaria) no puede tener ese carácter para los efectos de este juicio de amparo, ya que el acto que se le atribuye no se encuentra en un plano de supra a subordinación en relación con la parte peticionaria de amparo, pues tales conductas no pueden ser consideradas como de aquéllos actos emitidos de manera unilateral, con facultad de imperio y respecto de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de la parte promovente. La anterior afirmación se sustenta en el concepto de autoridad responsable, la cual parte de la distinción entre actos de particulares en estricto sentido y los que no lo son, siendo que contra aquéllos realizados por particulares será improcedente el juicio de amparo, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable se ha transformado a través del tiempo, quedando en la actualidad definidas las notas distintivas de los actos de autoridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar certeza de cuáles son los mismos. En tal sentido, la jurisprudencia emitida en la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Luego, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a los entes de gobierno (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando los vincule con la parte impetrante de amparo una relación de supra a subordinación, en la que dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En el presente caso, se está en presencia de actos derivados de la relación contractual que tiene la quejosa y la institución bancaria mencionada, respecto de diversas cuentas relacionadas con el número de cliente 115034528, por ello, la determinación de la institución bancaria de cancelar las cuentas bancarias se debió a un actuar de igualdad y bilateralidad con la aquí quejosa, por lo que para dirimir sus diferencias existen normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, como es la vía ordinaria mercantil prevista por el Código de Comercio. Por tal situación, la relación existente entre la institución bancaria y los usuarios del servicio de contratos no corresponde a una relación de supra a subordinación, sino que es de coordinación al derivar de contratos de prestación de servicios que es un acuerdo de voluntades entre particulares, que aunque es de adhesión se debe entender como un acuerdo para los trámites bancarios. Así, es evidente que en la emisión de los actos materia del presente asunto, la responsable no actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que no le recae tal carácter, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, únicamente, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, no así cuando la relación existente provenga de una relación contractual como es el caso. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis IV.2o.A.61 K (10a.), visible en el libro 7, tomo II, junio de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, NO TIENE DICHO CARÁCTER AL IMPONER SANCIONES A SUS MIEMBROS, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE SU NORMATIVA INTERNA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, modifica el concepto tradicional de autoridad responsable, se aleja de la naturaleza formal del emisor del acto, para atender a su unilateralidad, a fin de incluir a los particulares como autoridades responsables, cuando éstos dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general -entendida ésta como aquella que es impersonal y abstracta-, pero además, que deriven de una disposición jurídica de orden público y que, por ello, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Ahora bien, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es una asociación civil que tiene como objeto regular el aspecto ético y promover el profesionalismo de sus asociados y actúa con base en sus disposiciones internas, las cuales rigen únicamente para aquellos individuos que, por voluntad propia, tienen el carácter de asociados y que, a partir de la aplicación de sus estatutos y el Código de Ética Profesional expedido por la Asociación Nacional de Contadores Públicos, Asociación Civil, crea, modifica o extingue, por sí y para sus asociados, situaciones de derecho que afectan únicamente el ámbito de derecho interno que rige las relaciones o vínculos -existentes entre la asociación y sus asociados- ; hechos y actos jurídicos que ocurren en la esfera del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre el instituto y sus miembros con el carácter de asociados. Con base en lo anterior, se tiene que la imposición de sanciones por dicho instituto a sus asociados, con motivo del incumplimiento de su normativa interna, se despliega a través del uso de atribuciones regladas en disposiciones de derecho privado, como son sus estatutos internos, los cuales no tienen el carácter de una norma jurídica general que lo dote de una potestad cuyo ejercicio sea irrenunciable, su acatamiento sea obligatorio para la generalidad y su origen tenga naturaleza pública; por consiguiente, al no verse satisfechos tales requisitos, no puede estimarse que el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Asociación Civil, sea un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del precepto citado inicialmente, porque la relación que entabla con sus asociados no denota una característica de supra a subordinación." Es evidente que en la emisión de los actos materia del presente asunto, la responsable no actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues a juicio de este juzgado la institución bancaria, por convenir a sus intereses, tomó la determinación de terminar las cuentas y servicios que tiene contratados con la impetrante del amparo, por lo que procedió a cancelar todas las cuentas y servicios que estén ligados a su número de cliente Y DEJAR A DISPOSICIÓN EL SALDO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS. Como podrá advertirse de lo anterior, en el caso no existe algún acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que la institución bancaria responsable fue la que, de motu propio, realizó tal actividad, es decir, la cancelación de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación a los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. En la inteligencia, que en caso de encontrar cerrado el domicilio de la parte quejosa, el Actuario de la adscripción deberá actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que apunta, asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que menciona, en virtud de que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las diversas personas que indica, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos de segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber a la parte quejosa que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, para que a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55-40-24-64-83, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.
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