María Elena Alejo Hernández
Expediente 745/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2018
Partes del expediente
- María Elena Alejo Hernández
Actuaciones
- Principal
Se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a *****, por propio derecho, promoviendo el presente juicio, contra actos de *****, Presidente de la Mesa Directiva del Condominio Rosal, ubicado en ***** y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 745/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. Ahora bien, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el reglamento interno del condominio *****, impuesto por la presidenta de la mesa directiva *****, acto que según la quejosa afecta sus derechos tales como el acceso a su propiedad, libre tránsito y el servicio de agua; sin embargo, dicho acto no reúne las características requeridas para ser considerado un acto de autoridad. Es así, en virtud de que el hecho de que *****, Presidente de la Mesa Directiva del Condominio *****, señalada como autoridad responsable haya enviado un correo electrónico manifestando la privación de servicios de acceso al condominio *****, no constituye una premisa válida para establecer que aquélla se constituya en un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello, toda vez que el acto desplegado por la presidenta de la mesa directiva Soledad Gabriela Juárez Júarez, constituye un acto unilateral que no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por ley a un particular. En efecto, con los datos que expone la parte quejosa en su escrito inicial, se llega al convencimiento que la presidenta de la mesa directiva *****, actúa con el carácter de particular, pues según se expuso, el acto que emite no tiene fundamento en alguna norma que le faculte o imponga la obligación de suspender el acceso al condominio *****, y por ende, no reúne las características necesarias para considerar que se trata de un acto de autoridad. Además, se toma en consideración que cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que, como ya se explicó, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. Por tanto, el acto que aquí se pretende impugnar en modo alguno pueden constituirse en equivalentes a los emitidos por una autoridad, es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que para ello es requisito necesario que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, supuesto que no se actualiza en el caso materia de estudio. Es de esta manera, dado que no existe duda que la materia del acto que se pretende combatir no puede equipararse con el emitido por un particular en forma equivalente al de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, en la medida que el acto que se le atribuye no implicó el ejercicio de facultades decisorias establecidas en ordenamientos normativos que rigen su competencia, esto es, el acto aquí reclamado, al margen de las razones que expone la parte quejosa, no constituye el ejercicio de una potestad de decisión fundamentada en un precepto contenido en una norma de carácter general. Por ende, el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que tal acto queda comprendido en la relación de particulares que los vincula virtud al acto unilateral destacado, el cual no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por la ley al particular que lo emitió, sino en todo caso tiene su origen en un desacuerdo de carácter privado que afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la promovente. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****, que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. En consecuencia, resultan infundados los argumentos del Pleno de Circuito solicitante respecto a que la redacción amplia de la jurisprudencia transmite la idea de que aquélla es aplicable a cualquier juicio de amparo, cuando únicamente versó sobre los asuntos en donde se reclamara el "acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de diecinueve de enero de dos mil nueve", pues se insiste, lo que dicha jurisprudencia establece está acotado a un caso particular partiendo de un premisa general, como lo es que cuando una causal de improcedencia requiere de un análisis exhaustivo para evidenciarla, no puede considerarse manifiesta e indudable, y por ende, lo que procede es admitir la demanda de amparo y no desecharla. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del código adjetivo federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****. LEY DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintidos de junio de dos mil dieciocho: "RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a *****, por propio derecho, promoviendo el presente juicio, contra actos de *****, Presidente de la Mesa Directiva del Condominio Rosal, ubicado en ***** y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 745/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. Ahora bien, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el reglamento interno del condominio *****, impuesto por la presidenta de la mesa directiva *****, acto que según la quejosa afecta sus derechos tales como el acceso a su propiedad, libre tránsito y el servicio de agua; sin embargo, dicho acto no reúne las características requeridas para ser considerado un acto de autoridad. Es así, en virtud de que el hecho de que *****, Presidente de la Mesa Directiva del Condominio *****, señalada como autoridad responsable haya enviado un correo electrónico manifestando la privación de servicios de acceso al condominio *****, no constituye una premisa válida para establecer que aquélla se constituya en un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello, toda vez que el acto desplegado por la presidenta de la mesa directiva Soledad Gabriela Juárez Júarez, constituye un acto unilateral que no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por ley a un particular. En efecto, con los datos que expone la parte quejosa en su escrito inicial, se llega al convencimiento que la presidenta de la mesa directiva *****, actúa con el carácter de particular, pues según se expuso, el acto que emite no tiene fundamento en alguna norma que le faculte o imponga la obligación de suspender el acceso al condominio *****, y por ende, no reúne las características necesarias para considerar que se trata de un acto de autoridad. Además, se toma en consideración que cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que, como ya se explicó, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. Por tanto, el acto que aquí se pretende impugnar en modo alguno pueden constituirse en equivalentes a los emitidos por una autoridad, es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que para ello es requisito necesario que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, supuesto que no se actualiza en el caso materia de estudio. Es de esta manera, dado que no existe duda que la materia del acto que se pretende combatir no puede equipararse con el emitido por un particular en forma equivalente al de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, en la medida que el acto que se le atribuye no implicó el ejercicio de facultades decisorias establecidas en ordenamientos normativos que rigen su competencia, esto es, el acto aquí reclamado, al margen de las razones que expone la parte quejosa, no constituye el ejercicio de una potestad de decisión fundamentada en un precepto contenido en una norma de carácter general. Por ende, el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que tal acto queda comprendido en la relación de particulares que los vincula virtud al acto unilateral destacado, el cual no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por la ley al particular que lo emitió, sino en todo caso tiene su origen en un desacuerdo de carácter privado que afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la promovente. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****, que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. En consecuencia, resultan infundados los argumentos del Pleno de Circuito solicitante respecto a que la redacción amplia de la jurisprudencia transmite la idea de que aquélla es aplicable a cualquier juicio de amparo, cuando únicamente versó sobre los asuntos en donde se reclamara el "acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de diecinueve de enero de dos mil nueve", pues se insiste, lo que dicha jurisprudencia establece está acotado a un caso particular partiendo de un premisa general, como lo es que cuando una causal de improcedencia requiere de un análisis exhaustivo para evidenciarla, no puede considerarse manifiesta e indudable, y por ende, lo que procede es admitir la demanda de amparo y no desecharla. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del código adjetivo federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****. LEY DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente a la parte promovente. ".
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