MARÍA ELENA ALCÁUTER SÁNCHEZ y Otros.

Expediente 475/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
475/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • MARÍA ELENA ALCÁUTER SÁNCHEZ y Otros.
  • MAGISTRADO DE LA OCTAVA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. y Otros.
  • ROBERTO ALCÁUTER SÁNCHEZ y Otros.
  • María Elena Alcáuter Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de enero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 9211, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 167/2022, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de octubre de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 7158, firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 18427/2022, por el que se remitió el escrito de expresión de agravios y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, el cual fue radicado y admitido como recurso de queja civil 167/2022, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado en conjunto por María Elena Alcauter Sánchez, Ana María Alcauter Sánchez, parte quejosa, así como el licenciado Luis Alonso Mendoza, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de Roberto Alcauter Sánchez, parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA hecho valer en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia del ocurso en cuestión. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de septiembre de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por Luis Alonso Mendoza, apoderado jurídico del quejoso Roberto Alcáuter Sánchez, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiséis de agosto del año en curso, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que no es su deseo señalar como acto reclamado la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario número 474/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora, del contenido del escrito inicial de demanda y ocursos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: - La resolución de uno de julio del año en curso, dictada en el toca I-162/2022, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, que confirma el auto de quince de marzo del mismo año, dictado en el juicio sucesorio intestamentario número 474/2013, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y su notificación practicada a la parte quejosa el cuatro de julio del año en curso. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En la especie, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la resolución de uno de julio del año en curso, dictada en el toca I-162/2022, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, que confirma el auto de quince de marzo del mismo año, dictado en el juicio sucesorio intestamentario número 474/2013, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. En relación a lo cual el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Expuesto lo anterior ha de decirse que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J. 37/2014; ello, pues en la especie, como se indicó con antelación, la quejosa señala como acto reclamado la resolución de uno de julio del año en curso, dictada en el toca I-162/2022, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, que confirma el auto de quince de marzo del mismo año, dictado en el juicio sucesorio intestamentario número 474/2013, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Lo cual, sólo constituye una determinación dentro del juicio, cuya ejecución no es de imposible reparación, pues se traduce en supuestas violaciones de carácter adjetivo que podrán ser intrascendentes al desenlace del juicio sucesorio de origen. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa en su demanda y ocursos aclaratorios, así como de las documentales adjuntas a la demanda, de los que se advierte lo siguiente: Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, se tramita el juicio sucesorio intestamentario número 474/2013, a bienes de Roberto Alcáuter Ayala, en el cual se declararon como herederos a Ana María, María Elena, Moisés, Lucas y María Guadalupe, todos de apellidos Alcáuter Sánchez, y una vez resuelta la primera sección de dicho procedimiento, se designó como albacea al citado Lucas Alcáuter Sánchez. Durante la secuela procesal de tal contradictorio las ahora quejosas Ana María y María Elena, ambas de apellidos Alcáuter Sánchez, cedieron sus derechos hereditarios en favor de su hermano Roberto Alcáuter Sánchez. Posteriormente, el uno de febrero del año en curso, falleció Lucas Alcáuter Sánchez, albacea de la sucesión a bienes de Roberto Alcáuter Ayala, por lo que el Juez responsable requirió a los coherederos, a efecto de que emitieran voto para la designación de nuevo albacea; sin embargo, mediante proveído de quince de marzo del año en curso, el Juez responsable negó a la parte quejosa que emitieran su voto para la designación de albacea, bajo el argumento de que habían cedido sus derechos hereditarios. Inconformes con dicha determinación, Ana María, María Elena y Roberto, todos de apellidos Alcáuter Sánchez, interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, medio de defensa que fue radicado con el número I-162/2022, quien mediante resolución de uno de julio del año en curso, confirmó la determinación del juez de origen; resolución que la parte quejosa señala como acto reclamado. En virtud de lo antes expuesto, el acto señalado como reclamado, no es un acto de imposible reparación, para efectos de hacer procedente el juicio de amparo en su contra, es decir, no es un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, dado que dichas violaciones no les paran un perjuicio inmediato a sus derechos fundamentales; esto es, dicha determinación tal y como se encuentra redactada no trae aparejada en sí un daño que sea de imposible reparación en su persona o en su patrimonio, ni lesiona de alguna forma su derecho o interés jurídico, pues únicamente se confirma el proveído de quince de marzo del año en curso, dictado por el Juez responsable, mediante el cual negó a la parte quejosa que emitieran su voto para la designación de albacea, sin que dicha declaración constituya un acto de imposible reparación dado que no se señaló a persona alguna con el cargo de albacea, momento en el cual, en todo caso, les causará daños de imposible reparación; por lo que es de advertirse, que dicho acto, no se deriva ni motiva alguna consecuencia directa e inmediata que pudiera recaer sobre los peticionarios, para que fuera procedente el presente juicio, lo que conlleva a que la demanda de amparo resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 678, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Procedencia del amparo indirecto, Materia(s): Común, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, con registro número: 1002679, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En otro sentido, en relación con la notificación realizada el cuatro de julio del año en curso, respecto de la resolución de uno de ese mes y año, dictada en el toca I-162/2022, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, donde se confirmó el auto de quince de marzo del mismo año, dictado en el juicio sucesorio intestamentario número 474/2013, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, se advierte que la demanda deviene improcedente, lo que impone desecharla, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Dicha causa de improcedencia, se encuentra motivada por el hecho de que los solicitantes del amparo no hayan agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El cual, implica que la parte agraviada previo a la interposición de la acción constitucional, debe agotar los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, como se advierte del escrito de demanda y constancias que se adjuntan, así como del ocurso aclaratorio, la mencionada resolución de uno de julio del año en curso, que confirmó la determinación del juez de origen; fue notificada a los aquí quejosos por medio de instructivo, el cuatro de julio del año en curso, por la notificadora adscrita a la Sala señalada como responsable. En ese sentido, se estima que en contra de la referida notificación, procede el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece lo siguiente: "Artículo 96. La nulidad de una actuación debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente; pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." En consecuencia, se advierte que de lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de promover dicha incidencia, en contra de la notificación reclamada. De ahí que, de acuerdo con el artículo antes citado del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, el incidente de nulidad de actuaciones procede contra la práctica de las notificaciones, sin que la parte promovente del amparo haya agotado ese medio de defensa, en consecuencia, cabe estimar que no agotó el principio de definitividad que rige la acción constitucional al dejar de impugnar la mencionada notificación. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. En tales condiciones, resulta inconcuso que contra la notificación aquí reclamada procedía el incidente de nulidad contemplado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 361, tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Asimismo, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 26/2005, por analogía jurídica, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 430, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en los preceptos 62 y 113 de la normativa aplicable, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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