María Elena Aguirre Álvarez
Expediente 206/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Elena Aguirre Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
... PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto... archívese como concluido... resulta innecesario conservar las constancias relativas al expediente... del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, las cuales se llevan en dos tomos por separado... devuélvanse...
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Del estado procesal del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto de las constancias remitidas en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto; al respecto, se procede a analizar si de conformidad con dichas constancias la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis debe tomarse en cuenta lo siguiente: I. El acto reclamado por la parte quejosa consistió en lo siguiente: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, en el juicio ordinario civil *** en la que no aprobó la ampliación de la planilla de liquidación exhibida por la parte quejosa mediante escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno, porque la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, en la que se aprobó el convenio celebrado entre la quejosa y el tercero interesado, para dar por concluido dicho juicio, había causado estado y se elevó a la categoría de cosa juzgada. II. En sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Debía dejar insubsistente la resolución reclamada. 2. Con plenitud de jurisdicción, debía dictar una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso; sin embargo, de optar por el primer caso, debía purgar los vicios formales señalados en la sentencia, es decir, debía expresar los fundamentos y motivos que tomara en consideración para resolver, así como la congruencia y exhaustividad necesarias que debe tutelar todos los actos de autoridad. Cabe precisar que en la sentencia de amparo se determinó que la resolución reclamada carecía de la fundamentación suficiente, pues la autoridad responsable soslayó citar el artículo o artículos legales en que sustentara objetivamente que no era procedente aprobar la ampliación de la planilla de liquidación presentada por la quejosa en el escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno y con la que pretendía que se aumentara el pago de la cantidad de la pensión alimenticia definitiva que percibía por parte del tercero interesado, por existir en el juicio de origen una sentencia ejecutoria que tenía la característica de cosa juzgada. III. En proveído de siete de junio de dos mil veintidós, la sentencia de amparo causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. IV. El catorce de junio de dos mil veintidós, se recibieron las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia y se dio vista a las partes. Ahora bien, del análisis de las constancias de autos se advierte que el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria, emitió la resolución de diez de junio de dos mil veintidós, en los términos siguientes: Dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós (acto reclamado). Determinó improcedente la petición de la actora y su abogada patrono respecto del pago de la cantidad que solicitaron, pues de las constancias procesales y de la relatoría del caso se desprendía que para poner fin a la controversia en el juicio de origen, los contendientes llegaron a un convenio firmado el diez de octubre de dos mil catorce, y en el que se pactó tanto el porcentaje destinado catorcenalmente, como la cantidad que sería depositada en favor de la aquí quejosa, por concepto de pensión alimenticia. En ese sentido el juzgado responsable determinó que se ponía de manifiesto que las partes celebraron una transacción judicial, cuya figura se encontraba contemplada en el artículo 2877 del Código Civil del Estado de Veracruz, el cual señalaba que la transacción era un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones terminaban una controversia presente o prevenían una futura. Además, el juez precisó que de conformidad con el artículo 1729 de dicho código los contratos se perfeccionaban por el mero consentimiento, con excepción de aquellos que debían revestir una forma establecida por la ley, por lo que desde que se perfeccionaban obligaban a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza, eran conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Acorde con lo anterior, el juez concluyó que el convenio pactado entre los contendientes debía estarse a lo que de manera concatenada establecían esos artículos, pues por su propia naturaleza, el convenio se perfeccionó con el consentimiento de las partes, lo cual los obliga a cumplir con lo expresamente pactado, pues se obligaron en la forma en que quisieron hacerlo, de conformidad con lo establecido por el artículo 1765 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que establecía que en los contratos civiles cada uno se obligaba en la manera y términos que apareciera que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requiriera formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Por otro lado, el juez determinó que en el contrato, el deudor se obligó a proporcionarle a la acreedora alimentaria por concepto de alimentos la cantidad de *** (***), por lo que el contenido del contrato era claro y no dejaba duda sobre la intención de los contratantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual señalaba que si los términos de un contrato eran claros y no dejaban duda, se estaría al sentido literal de sus cláusulas; por lo anterior, el juez determinó que la accionante no podía en etapa de ejecución solicitar el incremento de la pensión alimenticia, cuando de por medio existía una resolución en la que se aprobó el referido convenio. En ese aspecto, el juez responsable precisó que aunque en el convenio se acordó que el deudor alimentario debía pagar el veintitrés por ciento de lo que percibía en ese momento como pensionado de la Comisión Federal de Electricidad, lo cierto era que en el clausulado del convenio se estableció una cantidad fija consistente en *** (***), y no se estableció que dicha cantidad debía incrementarse de acuerdo a los aumentos de la pensión por jubilación del deudor, como lo pretendía la aquí quejosa, pues en todo caso, dicha variación tendría que hacerla valer por otra vía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Código Procesal Civil. Finalmente, resolvió y no aprobó la ampliación de la planilla de liquidación propuesta por la aquí quejosa y su abogada patrono. De lo expuesto, se considera que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que el juzgado responsable dejó insubsistente el acto reclamado y, con libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que subsanó los vicios precisados en la sentencia, pues citó los artículos aplicables en los que se basó para pronunciarse en el sentido en que lo hizo; ello de conformidad con lo establecido en la sentencia de amparo. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General citado, al ser un juicio en el que se concedió el amparo, además de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Quinto del Acuerdo General referido, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 29, fracción II, párrafo segundo del acuerdo normativo. Finalmente, resulta innecesario conservar las constancias relativas al expediente *** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, las cuales se llevan en dos tomos por separado; por lo tanto, devuélvanse las referidas constancias a ese juzgado, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo debido a que se contará con la constancia de notificación respectiva.
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El Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo... se ordena dar vista a las partes por el término de TRES DÍAS... a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda...
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL ACUERDO QUE DICE: El Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente en este asunto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes por el término de TRES DÍAS, legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda.
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