María Elena Aguilar Martínez
Expediente 1214/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/07/2023
Partes del expediente
- María Elena Aguilar Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguense a los autos el escrito de presentación y de expresión de agravios de la quejosa********************por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo********************, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de doce de julio del presente año, en el que este juzgado de Distrito desechó la demanda propuesta. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a); 98, párrafo primero, 99 y 101, de la Ley de Amparo y con apoyo en las atribuciones previstas en los artículos 164 bis y 164 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo y en la consulta ********************de tres de abril de dos mil veintitrés, remítase el informe materia de la queja y el escrito de expresión de agravios, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, para la substanciación del citado recurso. Sin que haya lugar a mandar copia certificada del juicio de amparo indirecto, en virtud de lo estipulado en los dispositivos normativos antes citados. En el entendido que el expediente electrónico quedará a disposición en el momento que se haga saber el número de expediente relativo al recurso de mérito. En tal virtud, se comisiona a la analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Finalmente, no ha lugar a dar vista a las partes, en términos del primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia, toda vez que al haberse desechado la demanda propuesta, las partes en el juicio no fueron llamadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023 ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibida la razón actuarial de cuenta de diez de julio de dos mil veintitrés, por la que el actuario judicial hace constar la imposibilidad que tuvo para emplazar al presente juicio de amparo a las terceras interesadas Pamela Reyes Ahumada y Melissa Reyes Ahumada, en el domicilio identificado como casa número doce, calle número uno, fraccionamiento Real Campestre, colonia Bosques de San Sebastián, de la ciudad de Puebla, por los motivos que expone en la misma. Atento a lo anterior, se tiene al actuario judicial manifestando la imposibilidad de emplazar a las citadas terceras interesadas, por el motivo que de la misma se desprende. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez responsable se desprenden un domicilio diverso donde podrían ser emplazadas a juicios las terceras interesadas en cita. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 27, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos de su numeral 2º, emplácese a las terceras interesadas ** Puebla, anexándole copias de la demanda de amparo, copias autorizadas del auto admisorio, copias de los escritos de ampliación de demanda y del presente proveído; de igual forma, les haga de su conocimiento que en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada del presente asunto se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; y, que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta y un minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Así como, les haga saber el derecho que tienen de apersonarse al juicio si a su interés conviene y las requiera para que dentro del término de tres días señalen domicilio en esta ciudad o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las personales se le practicarán por lista, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. De igual forma, les haga saber que las autoridades responsables ya rindieron sus informes justificados, con los que se les da vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de tal diligencia. Previniendo a la citada autoridad para que en el término de tres días contados a partir al en que reciba el despacho de que se trata, remita a este juzgado las constancias que acrediten haber efectuado dicho emplazamiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. En el entendido de que aun cuando el presente despacho lo recibiere el día de la audiencia o con posterioridad a la misma, deberá llevar a cabo el emplazamiento de que se trata, pues en su caso se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, emplácese a las terceras interesadas ***, mediante despacho que se gire. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de ******************** por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto de seis de junio de dos mil veintitrés y manifiesta que es su deseo señalar como autoridades responsables a la Secretaria de Acuerdos encargada de los Expedientes Pares adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y Diligenciario encargado de los Expedientes Pares adscrito al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en tal virtud se provee: Procedencia de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en contra de los actos del Diligenciario encargado de los Expedientes Pares adscrito al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, en atención a su contenido se provee: Análisis del desechamiento Ahora bien, el artículo 1131 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Desechamiento respecto de la Secretaria de Acuerdos encargada de los Expedientes Pares adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Ahora Del análisis integral del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa ********************, señaló como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos encargada de los Expedientes Pares adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. En tales condiciones, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues en el caso que se estudia se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:: I.Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (..) II. la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que violen derechos humanos. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por ende, la intervención de la Secretaria de Acuerdos encargada de los Expedientes Pares adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en las actuaciones derivadas del expediente de origen, no son propiamente la de decisión o ejecución, toda vez que su injerencia se constriñe a dar fe de las actuaciones derivadas del juicio de origen; entonces, el que el referido servidor público autorice con su firma dichas determinaciones, no implica que con ello se colmen los supuestos del artículo 5° de la Ley de Amparo, para que deba tenerse como responsable en el presente asunto, pues su proceder únicamente se limita a actuar como fedatario del acto en cuestión. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 201593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IV, Agosto de 1996 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.J/6 Página: 401 AUTORIDAD RESPONSABLE. NO SE PUEDE RECONOCER COMO TAL A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTÚEN COMO FEDATARIOS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA RESULTA IMPROCEDENTE. El hecho de que un funcionario adscrito a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo autorice con su firma las actuaciones de los tribunales, no es razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que únicamente está actuando como fedatario de la existencia de tal acto; consecuentemente, el amparo promovido en contra del secretario adscrito a las diferentes Salas Regionales Metropolitanas, del Tribunal Fiscal de la Federación, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio deberá sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal." De igual forma, se cita por ilustrativo, el criterio siguiente: "Época: Octava Época Registro digital: 228098 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: III, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Común Página: 159 AUTORIDAD RESPONSABLE, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUEZ RESPONSABLE QUE AUTORIZO LA RESOLUCION RECLAMADA NO TIENE EL CARÁCTER DE. Si se reclama del secretario de acuerdos dela autoridad jurisdiccional responsable, el haber autorizado con su firma la resolución reclamada, el amparo es improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 10, fracción I y 11 de la propia ley, en virtud de que el citado secretario no tiene en este caso el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues al autorizar con su firma la resolución impugnada sólo se limita a dar fe del acto pronunciado por el juez responsable, actuación que carece de las características de decisión e imperio que distinguen a los actos de autoridad." En virtud de lo anterior, se provee la demanda de amparo en los siguientes términos: Desechamiento por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Respecto del acto reclamado al Diligenciario encargado de los Expedientes Pares adscrito al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla consistente en la notificación de la sentencia de cinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** relativo al juicio de divorcio incausado del índice del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (....) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (...)". La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". "Registro digital: 2003107 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.25 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Página 2055 Tipo: Aislada PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." De lo anterior se advierte que como ******************** reclama la notificación de la sentencia de cinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** relativo al juicio de divorcio incausado del índice del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, se actualiza la referida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de dicha notificación, procede el incidente de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente u omitida, previsto en los artículos 74 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que disponen lo siguiente: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II. El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III. El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV. No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha". Como se advierte del numeral en cita, el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas dentro del procedimiento y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, así como lo actuado con posterioridad a la misma. Así las cosas, la notificación que reclama la parte quejosa, puede ser impugnada a través del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, mismo que de resultar fundado tendría por efecto dejar insubsistente la notificación de la sentencia de cinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** relativo al juicio de divorcio incausado del índice del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla; y, en consecuencia, todo el procedimiento de ejecución de sentencia. Ello, porque dicho medio ordinario de defensa es el idóneo para combatir una notificación que no se realizó o que no se practicó de forma correcta, de ahí que antes de acudir a la presente instancia constitucional, la quejosa tuvo que hacer valer el incidente de mérito a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: Registro digital: 167485 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/309 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1775 Tipo: Jurisprudencia INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa. Consecuentemente, previo a acudir al juicio de amparo, la parte promovente estaba obligada a combatir la falta de notificación reclamada, mediante el incidente de nulidad de actuaciones y así cumplir en el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Desechamiento En consecuencia, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de la autoridad señalada como responsable Secretaria de Acuerdos encargada de los Expedientes Pares adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
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San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente; y, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es CONSERVABLE en el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se concedió la protección constitucional. Con relación a los cuadernos incidentales que se ordenaron integrar el veintiuno de abril de dos mil veintitrés al cuaderno principal del presente juicio, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso b) del referido Acuerdo General, pues en el caso se concedió la suspensión provisional y definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 19 del citado Acuerdo General, el duplicado del cuaderno incidental -una vez desglosado- deberá ser DESTRUIDO en el plazo de seis meses. En tales condiciones, una vez concluido el plazo establecido en el párrafo precedente, se solicitará la transferencia del presente expediente y original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Y verifíquese que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del artículo 3 fracción XX del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Del mismo modo, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Por tanto, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
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