María Elena Aguilar Lagunes
Expediente 939/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Elena Aguilar Lagunes
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de cinco de octubre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de control electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. ... El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida presuntamente por María Elena Aguilar Lagunes, contra el acto reclamado a Fernando Mendoza Villanueva, Notario Titular Número Diez de la Décima Demarcación del Estado de Veracruz, con residencia en Catemaco, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 939/2023/6-A Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. ... PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en: La omisión o falta de contestación al escrito de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, presentado ante la autoridad responsable Fernando Mendoza Villanueva, Notario Titular Número Diez de la Décima Demarcación del Estado de Veracruz, con residencia en Catemaco, Veracruz, el siete de octubre de dos mil veintiuno. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso en estudio, se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Para arribar a lo anterior, debe señalarse en primer término que el artículo 3° de la Ley de Amparo, permite el empleo de las tecnologías de la información para la tramitación del juicio de amparo, mediante el uso de la "firma electrónica", en relación también con la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica, es: ". es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales[.]" Cabe destacar que no se requerirá dicha firma electrónica cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, si el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo. Lo anterior, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 3°, último párrafo, y 15, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es el que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, del cual es menester destacar el marco normativo necesario para acordar lo procedente en relación con el presente juicio de amparo, en específico los artículos 10, 14, 16, 17, 19, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 establecen lo siguiente: "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos." "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 19. Una vez realizado el registro en el Portal, la persona usuaria podrá entrar al sistema a través de su "Nombre de Usuario y Contraseña", o bien, a través de su Firma Electrónica vigente." "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 43. Enviada la demanda de amparo, el Portal generará un acuse de recepción electrónica, en el que se señalarán los datos de identificación de la persona promovente, el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, los archivos anexos, la fecha y hora de recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente a la dirección de correo proporcionada." "Artículo 44. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario el registro respectivo mediante el uso de la Firma Electrónica." "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." "Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." Del citado marco normativo es posible colegir que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal, como el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo cual, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el propio Poder Judicial de la Federación; de ahí que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Sin embargo, el referido Acuerdo General hace excepción del uso de la firma electrónica cuando se está ante una demanda de amparo promovida contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, cuando el quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Es así, porque bastará para su presentación que se ingrese el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionar a través de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional; de igual manera, deberá ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, podrá utilizar el formato preexistente o el texto en blanco que se encontrarán a su disposición, capturar un código de seguridad y enviar su escrito de demanda. Lo anterior cobra sentido si se toma en cuenta que por la gravedad de la ejecución de dichos actos, el uso de la firma electrónica sería un requisito excesivo para que, cuando el agraviado se encuentre en imposibilidad de emplear ese medio; en cuyo caso podría promover la demanda cualquier otra persona en su nombre, sin perjuicio de que posteriormente la directa quejosa sea requerida para ratificarla. Ahora, la demanda de amparo de que se trata presuntamente fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por María Elena Aguilar Lagunes; sin embargo, se encuentra firmada electrónicamente por su autorizada Lucia Reyes Carretero, esto es, el escrito de demanda carece de firma electrónica de la directa quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la omisión o falta de contestación al escrito de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, presentado ante la autoridad responsable Fernando Mendoza Villanueva, Notario Titular Número Diez de la Décima Demarcación del Estado de Veracruz, con residencia en Catemaco, Veracruz, el siete de octubre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se tiene que la quejosa no se encuentra impedida para promover el presente juicio de amparo. Sobre este punto, resulta importante traer a colación el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Por su parte, el numeral 109 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso." En cambio, el artículo 108 de la ley de la materia establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Como se puede ver, el legislador estableció que para cuando se promueva el juicio de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre. Incluso, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados en el auto de radicación, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado; una vez hecho lo anterior, se requerirá al directo agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. En ese sentido, para que se actualice el supuesto de que cualquier persona pueda promover el juicio de amparo a favor de otro es necesario que no sólo se esté ante la posible ejecución de los referidos actos reclamados, sino también que el directo agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Precisado lo anterior, se destaca que para que cualquier persona pudiera promover la demanda de amparo en nombre de la directa quejosa, debería encontrarse en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual no acontece en el presente asunto. Por tanto, si la promovente no se encuentra en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, tampoco se encuentra en el supuesto de excepción que permita la promoción del amparo sin su firma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, tal y como lo prevé el numeral 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en relación con el artículo 3°, parte final, de la ley de la materia. Entonces, si en el caso el escrito de cuenta se presentó a través del medio autorizado del Poder Judicial de la Federación sin la firma electrónica de la directa quejosa, no es posible advertir la voluntad de la promovente. Esto es así, porque la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que como se adelantó, no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, con la firma electrónica certificada de la autorizada. Por lo que si la demanda carece de la firma de quien aparece como su promovente, debe considerarse como un simple documento en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de su pretendido autor. Es así, ya que la firma constituye el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por ende, ante la ausencia de firma electrónica de la promovente en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como promovente, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Debido a tal circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo, los cuales disponen: ... Es así, dado que el artículo 3° de la Ley de Amparo y la propia normatividad que regula el trámite de los juicios de amparo vía electrónica, establecen que la firma electrónica (FIREL), produce los mismos efectos que la signatura autógrafa; por ende, no es posible considerar que María Elena Aguilar Lagunes, ha promovido la demanda en mención, debido a que quien la suscribió electrónicamente fue la autorizada Lucia Reyes Carretero; de ahí que carece de la manifestación de voluntad de la primera de las mencionadas de instar el juicio de amparo de que se trata. Por tanto, no se actualiza el principio de instancia de parte agraviada, que constituya la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa, de instar el medio de control constitucional de que se trata. Aunado a que, tal circunstancia no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional está facultado para desecharla de plano. ... DESECHAMIENTO Así, conforme a lo expuesto en líneas precedentes y de acuerdo con los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 3° y 6°, de la misma ley, se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, los estrados de este juzgado y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de cédula profesional. ... TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos.
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