María Elena Acevedo y Romero y Otros.
Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Elena Acevedo y Romero y Otros.
- María Elena Acevedo y Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que la audiencia de debate se encuentra en periodo probatorio, toda vez que el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente asunto.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que hasta el momento no se ha dictado el fallo correspondiente debido a que aún faltan seis testigos por rendir declaración. Ahora bien, de las constancias así como del disco versátil digital (DVD), a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria o bien jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe la determinación de ********************, dictada por el juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal ********************de su índice, en la que confirmó el auto de ******************** de ese mes y año que difirió de nueva cuenta la celebración de la audiencia de juicio, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto del diferimiento es posponer el desahogo de la audiencia de juicio; sin embargo, el ********************, dio inicio el debate en la causa penal ********************de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. En ese tenor, si bien es cierto que jurídicamente subsiste la determinación que confirmó la que a su vez aplazó el desahogo de la audiencia de juicio (acto reclamado en el presente asunto), también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esto es, su falta de desahogo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que hasta el momento no se ha dictado el fallo correspondiente debido a que aún faltan seis testigos por rendir declaración. Ahora bien, de las constancias así como del disco versátil digital (DVD), a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria o bien jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe la determinación de ********************, dictada por el juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal ********************de su índice, en la que confirmó el auto de ******************** de ese mes y año que difirió de nueva cuenta la celebración de la audiencia de juicio, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto del diferimiento es posponer el desahogo de la audiencia de juicio; sin embargo, el ********************, dio inicio el debate en la causa penal ********************de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. En ese tenor, si bien es cierto que jurídicamente subsiste la determinación que confirmó la que a su vez aplazó el desahogo de la audiencia de juicio (acto reclamado en el presente asunto), también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esto es, su falta de desahogo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio firmado electrónicamente por la encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, mediante el cual informa que el veintiuno de agosto hogaño tuvo verificativo la audiencia de juicio oral, la cual continuo hasta el veintiocho del mismo mes y año, sin que haya informado si se emitió el fallo correspondiente o faltó el desahogo de algún órgano de prueba. En ese sentido, se solicita atentamente al Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, base Apaseo el Grande, para que informe si existe alguna prueba pendiente de desahogo o en su caso si se emitió el fallo correspondiente. El requerimiento anterior, conlleva el apercibimiento que de incumplir con lo requerido, en la forma y plazo establecido se impondrá a la autoridad requerida una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma ley.
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