Maria Eduwiges Gonzalez Baray

Expediente 1431/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1431/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Maria Eduwiges Gonzalez Baray
  • Alberto Porras Salinas
  • ALBERTO PORRAS SALINAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  2. Principal

    Agréguese el escrito presentado por los quejosos ****y ****, y se tiene a los mismos dando cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". Ahora, el término improcedencia significa falta de oportunidad, de fundamento, de derecho; desde el punto de vista técnico-procesal, es un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo, pues ésta consiste en un derecho procesal que tiene como finalidad que los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, una vez que sigan los trámites establecidos en el juicio de amparo directo e indirecto, decidan sobre la pretensión litigiosa, y en su caso, de concederse la tutela constitucional, se ordene en la sentencia que el acto reclamado quede insubsistente, se restituya al quejoso en la garantía individual violada o se lleve a cabo conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes secundarias. Sin embargo, de existir una causa de improcedencia, el proceso concluye sin resolver el fondo de la controversia constitucional. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la improcedencia como la institución jurídico procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión litigiosa planteada. En ese orden de ideas, debe decirse que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio, razón por la cual su análisis amerita un estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, dependiendo del momento procesal en que se actualice. Por ese motivo, el Juzgado de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que a la postre, resulten improcedentes. Cabe destacar que por manifiesto se entiende "dar a conocer", poner a la vista los argumentos en los cuales la juzgadora se va a apoyar, para que contundentemente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza, y que le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable, debe entenderse lo que se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, del Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contexto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Luego, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman los acuerdos dictados por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, el nueve de julio de dos mil veintiuno, en donde, en el primero de ellos, se negó decretar la caducidad de la instancia y, en el segundo, se reconoció personalidad a un nuevo cesionario, ambas determinaciones emitidas dentro del juicio ordinario civil 606/2019. Ahora bien, quien esto resuelve considera que se actualiza, en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción V, -aplicado a contrario sensu-, todos de la Ley de Amparo, por lo que respecta a ambos actos reclamados, pues no son de imposible reparación. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] " De las porciones normativas citadas, se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Del mismo modo, se tiene que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, por lo motivos que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. Sentado lo precedente, los autos aquí reclamados a la autoridad responsable consisten, el primero, en la negativa a decretar la caducidad de la instancia en el expediente de origen, dados los motivos ahí expuestos, y por lo que respecta al segundo, tener por reconocida la personalidad a un nuevo cesionario de derechos; los que no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos de los impetrantes consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que las consecuencias de dichos autos, no afecten derechos sustantivos de los disconformes, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Apoya el criterio aquí estimado por las razones que informa la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15 que a la letra establece: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a.), cuyo texto es: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).', estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." De igual forma, resulta aplicable la diversa tesis aislada que aparece publicada en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación del siguiente rubro y texto: "CADUCIDAD DE LA SEGUNDA INSTANCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN EL AMPARO UNIINSTANCIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo directo tratándose de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso, en juicios seguidos ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, está especificada casuísticamente en las diversas hipótesis previstas en las once fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo. De la fracción I a la X, su redacción es limitativa, pues para que las mismas se actualicen, deben satisfacerse los requisitos en ellas indicados, y la fracción XI permite considerar como violaciones procedimentales para efectos de la procedencia del amparo directo, otros supuestos no contenidos en las fracciones que le preceden, pues señala: "En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados, según corresponda."; pero el requisito sine qua non que dicha fracción establece para incorporar supuestos diversos a los casos específicamente previstos de la fracción I a la X, estriba en que exista analogía entre el caso no previsto en dichas fracciones y los contemplados en las mismas; es decir, para que pueda ser aplicada la fracción XI del citado numeral, es necesario que el caso al que se pretenda aplicar tenga una relación de semejanza con los casos que específicamente se enumeran en las fracciones de la I a la X, pues no es legalmente válido invocar la fracción XI, per se, sino que es menester que se relacione con alguna o algunas de las fracciones que le preceden, ya que de otra forma no existiría fundamento legal para la aplicación de la misma. Además, si la obligación principal de un Tribunal Colegiado, atento su competencia jurisdiccional, es la de velar por la legalidad de los actos reclamados, resultaría absurdo que él no fundamentara las resoluciones que emite, más aún cuando la Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación ha establecido que la aplicación por analogía en términos que contradigan un artículo legal expreso, es inadmisible, por lo que, tal y como expresamente lo establece el artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, la interpretación análoga de la misma debe ser única y exclusivamente en los casos similares a los de las fracciones que le preceden, pues el que se aclare que es a juicio, en su caso, de los Tribunales Colegiados, su interpretación y aplicación, ello no puede ir más allá del principio que la rige, sino que debe obedecer a la necesidad de la existencia de razones iguales para su aplicación, en tanto que sólo a través de la similitud se puede válidamente permitir el tratamiento jurídico por equiparación, mas no para establecer una figura jurídica que ni por asomo puede ser equiparada con el contenido de las fracciones I a X del artículo 159 de la Ley de Amparo, como lo es el auto que niega la procedencia de la caducidad de la segunda instancia, pues éste no encuadra en ninguna de las hipótesis del citado precepto legal, porque: a) no implica la falta de citación a juicio o la citación en forma distinta a la prevenida en la ley; b) no constituye una falsa o mala representación del quejoso en el juicio; c) no implica una falta de recepción de pruebas ofrecidas legalmente, o una recepción en forma distinta a la prevenida en la ley; d) no declara ilegalmente confesa a la parte quejosa; e) no resuelve un incidente de nulidad; f) no implica una negativa a conceder los términos y prórrogas legales; g) no constituye una recepción de pruebas sin conocimiento del quejoso; h) no implica la negativa de mostrar piezas o documentos de autos; i) no desecha recurso alguno; y j) no implica una continuación del procedimiento después de haberse promovido una competencia o recusación". (Novena Época. Núm. de Registro: 197754. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997. Materia(s): Común. Tesis: XVII.2o.29 K. Página: 659). En consecuencia, visto lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción V -este último interpretado a contrario sensu-, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene al quejoso ********, solicitando se requiera a las autoridades responsables para que den cumplimiento al fallo protector. Ahora, dígase a la parte quejosa que se esté a lo acordado en proveído de veinticuatro de los corrientes, toda vez que en esa data causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a las autoridades responsables para que den cumplimiento a la misma.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este juicio; con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "(. )se le cobre únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el servicio que recibió, única y exclusivamente respecto del pago correspondiente a los certificados de pago con número de operación:***** y ***** relativo al pago de inscripción traslativa de dominio, de fecha once de mayo de dos mil veinte, expedidos en favor de la aquí quejosa y se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tal concepto.". Por lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 192, de la ley de la materia, requiérase mediante oficio a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, o bien, informe los actos que haya realizado para ese efecto. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo que se le señala, se impondrá a su titular una multa de cien a mil días equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al oficio que se hace referencia, acompáñese copia de la demanda de amparo, anexos correspondientes al certificado de pago y sentencia concesoria.

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