María Domínguez Quevedo

Expediente 1093/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1093/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • María Domínguez Quevedo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII.-...requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado Federal copia certificada de la constancia de envío del exhorto ordenado en auto de referencia. Conforme a lo anterior, se apercibe a ***************, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional de acuerdo con los artículos 192, 193, 198, 238 y 258 de la Ley de Amparo. CSH

  2. Principal

    MESA IX.-...téngase por recibido el oficio de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de dos de julio de dos mil diecinueve, remite copia certificada de las constancias solicitadas. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la documental descrita y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. En consecuencia, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. CSH

  3. Principal

    PERSONAL. POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LA RAZÓN ACTUARIAL DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Comisario Ejidal de Temixco, Morelos, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1093/2019-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. En mérito de lo anterior, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [.] Ahora bien, la parte quejosa señala como actos medular los siguientes: A) Negativa de intervenir para la devolución de dos terrenos ejidales. B) Las mentiras en las que ha incurrido la responsable para no realizar la intervención solicitada por la quejosa. En ese sentido, con respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el Comisariado Ejidal de Temixco, Morelos, carece del carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo. A efecto de evidenciar la causa de improcedencia que se anuncia, se precisa que el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. [.]" "ARTÍCULO 5.- Son partes en el juicio de amparo: (.); II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". Por su parte, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De los preceptos constitucional y legal transcritos se obtiene para los efectos que nos interesan, por una parte, que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal y, por otra, que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. [.] De los criterios reproducidos se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación existente entre gobernante y gobernado; es decir, tal calificativo puede entenderse para todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ello, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Conviene puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el Comisariado de Bienes Comunales, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que dicho órgano actúa únicamente como representante del núcleo de población ejidal y como administrador de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. Aspecto que no acontece en el caso. [.] Con base en lo expuesto con antelación este órgano jurisdiccional estima que el Comisariado Ejidal de Temixco, Morelos, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. Se llega a la conclusión anterior en razón de que la quejosa reclama sustancialmente de dicho órgano ejidal, la negativa de intervenir en dar solución al conflicto suscitado entre la parte quejosa y sus familiares respecto de dos terrenos ejidales de los cuales aduce ser propietaria, sin embargo, como ente administrativo del ejido no está facultado para resolver controversias de índole agraria, pues en todo caso, la autoridad competente sería el Tribunal Unitario Agrario. Además, del contenido de la demanda de la quejosa se advierte que ésta pretende que dicho comisariado quite una cerca de alambre con la que sus familiares delimitaron los predios sobre los que la justiciable se ostenta como propietaria. Ello robustece de que la controversia debe plantearse ante las autoridades competentes y no ante el Comisariado Ejidal de Temixco, Morelos. Por otra parte, si la justiciable sugiere que sus familiares invadieron de forma indebida sus predios o en su caso, la despojaron de éstos bien podría acudir a la materia penal a denunciar tales hechos, sin embargo, tales aspectos no pueden pretenderse del conocimiento del Comisariado Ejidal de Temixco, Morelos. De ahí que se estime que dicho órgano administrativo no sea autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que el artículo 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, admita la procedencia del juicio constitucional contra actos realizados por particulares; toda vez que tal prerrogativa no es absoluta, pues únicamente lo permite cuando se realizan actos equivalentes a los de una autoridad. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda que se acuerda y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que tiene registrada su cédula profesional de licenciada en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere la parte quejosa, toda vez que no proporciona los datos de su cédula profesional, ello en términos del artículo 12 de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." De ser necesario se habilitan a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

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