María Dominga Zenaida Zempoalteca Sánchez
Expediente 771/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Dominga Zenaida Zempoalteca Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la razón actuarial de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en atención a su contenido, téngase al actuario judicial adscrito a este juzgado federal informando la imposibilidad para entregar el oficio número 29445/2017, dirigido a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, pues al constituirse en el domicilio oficial de dicha dependencia en razón del día de la fecha de la constancia de mérito -cuatro de octubre del año en curso-, el cual se encontró cerrada la puerta principal y se encontraba fijado un aviso, firmado por el Presidente del mencionado órgano, mediante el cual informa que la Junta de mérito se encuentra cerrada debido al sismo que aconteció el pasado diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete; reanudando labores el nueve de octubre del presente año, por lo que se reserva la entrega del referido oficio una vez que se reanuden las labores de dicha junta, lo que esta juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del contenido del auto dictado el seis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 33 a la 43), ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, ... Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que sobreseyó fuera de audiencia dictado en el presente juicio, deberán publicarse sin suprimirse los datos sensibles y demás constancias; ...
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada de diversas constancias dictadas dentro del expediente laboral 373/2015 de su índice, entre ellas, el proveído de veintiocho de agosto del año en curso, por el que se declaró cerrada la instrucción del juicio laboral antes referido, así como la notificación correspondiente del mismo. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa al oficio de cuenta, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se dictó el proveído por el que se declaró cerrada la instrucción, dentro del expediente laboral 373/2015 del índice de la Junta responsable y ordenándose turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, misma que fue notificada a la parte quejosa mediante listas que se publican en los estrados de la junta responsable. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La omisión de realizar el cierre de instrucción, dentro del expediente laboral 373/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, del análisis de la documental aportada por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se desprende que el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se dictó el proveído por el que se declaró cerrada la instrucción, dentro del expediente laboral 373/2015 del índice de la Junta responsable y ordenándose turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. Corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas que adjunta la autoridad responsable antes señalada en su oficio de cuenta. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictarse tal proveído, tal como quedó asentado en el acta correspondiente y su notificación, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. ... Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de realizar el cierre de instrucción, dentro del expediente laboral 373/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. ... Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de realizar el cierre de instrucción, dentro del expediente laboral 373/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, adjuntó copia certificada del proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 373/2015, correspondiente al cierre de instrucción, tal como se advierte: ... De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al emitir el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 373/2015, ordenándose turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. ... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que si bien, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la omisión de realizar el cierre de instrucción, dentro del expediente laboral 373/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y dicho cierre de instrucción se realizó mediante proveído de veintiocho de agosto del año en curso, tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, pues no resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo para que señalara como acto reclamado la resolución de cuatro de abril del año en curso, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334 del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de dos mil seis, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN" Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que la quejosa, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destaco que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria que regule dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8, constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. ... Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17, Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la omisión de acordar un escrito, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución, dictado dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. ...
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve María Dominga Zenaida Zempoalteca Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, de quien reclama la omisión de realizar el cierre de instrucción en el expediente laboral 373/2015 de su índice. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 771/2017-I. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoye su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. ... Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala; por tanto, al tener carácter de autoridad, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al tercero interesado de referencia mediante oficio, adjuntándose copia simple de la demanda de amparo, haciéndosele saber la fecha de la audiencia constitucional, así como el derecho que tiene de apersonarse a juicio a través de su representante legal si a su interés conviene. Se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, dígase a la parte promovente que no ha lugar a tenerse por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Seis Poniente, Número Mil Quinientos Catorce, Colonia Centro, Puebla, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a), se ordena practicar las notificaciones aún las de carácter personal a través de la lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto señale como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala. ...
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