María Dominga Arechiga Castañeda

Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
951/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
23/08/2018

Partes del expediente

  • María Dominga Arechiga Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 90 a 92), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diez de agosto del año en curso (foja 93), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el trece del citado mes y año (foja 94); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del quince al diecisiete de agosto actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia de once de junio de este año, dictada dentro del presente sumario constitucional (fojas 46 a 68), se determinó conceder a María Dominga Aréchiga Castañeda, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097006186A15951247 realizado el diez de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veintinueve de junio de la presente anualidad (fojas 81 a 82), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió al Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el nueve y quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 90 a 92 y 95 a 97), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había entregado el cheque número 0000606, a la quejosa por la cantidad de $8,138.69 (ocho mil ciento treinta y ocho pesos 69/100 moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $8,141.69 (ocho mil ciento cuarenta y un pesos 69/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diez de abril dos mil dieciocho, y el trece de agosto de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de marzo a julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 132.436; y para el mes de julio de esta anualidad fue 132.991 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $.....; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $...... No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $8,175.80 (ocho mil ciento setenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $8,138.69 (ocho mil ciento treinta y ocho pesos 69/100, moneda nacional), es decir, tiene un faltante de $....., pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite testimonio de la resolución emitida por dicho Tribunal el nueve de agosto de esta anualidad, en el recurso de queja 394/2017, relativo al juicio de amparo en que se actúa, de la que se aprecia que se declaró fundado el aludido recurso y se revoca la interlocutoria dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 1313 a 1319), en el que se resolvió el incidente innominado promovido. Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó a partir del escrito de agravios del recurso de mérito. Consecuentemente, en acatamiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, se deja insubsistente la interlocutoria de veintisiete de septiembre del año próximo pasado, emitido dentro de los autos del juicio de amparo 62/2013 del índice de este Juzgado Federal y se ordena reponer el procedimiento dentro del incidente innominado, para los efectos siguientes: "[.] ordene que el perito oficial emita su dictamen de manera, clara, precisa y completa, respecto de lo solicitado, tomando en cuenta el material probatorio aportado al juicio o, en su caso, los aspectos que el propio juzgador le indique sobre las conclusiones rendidas. Además deberá requerir tanto a la parte quejosa como a las autoridades municipales exactoras, por la exhibición de los recibos de pago por concepto de impuesto predial que hayan sido enterados del cuarto bimestre de dos mil diez hasta el sexto bimestre de dos mil trece, incluso aquellos que en su caso hayan sido cubiertos antes de la fecha en que adquirió firmeza la protección constitucional -treinta de noviembre de dos mil quince-, respecto de los predios propiedad de la moral quejosa, particularmente de aquellos de cuentas y claves catastrales siguientes: U038161 20-041-01-021-001-000, U038170 20-041-01-022-001-000, que fueron materia del juicio de amparo 62/2013. Incluso, de ser el caso, de aquellos diversos predios de cuentas y claves catastrales siguientes: 1. U038175 20-041-01-023-001-000, 2. U039075 20-041-01-003-713-000, 3. U039078 20-041-01-003-714-000 y 4. U039080 20-041-01-003-715-000 [.]". En ese tenor, de conformidad con lo previsto por el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase tanto a la parte quejosa como a las autoridades municipales exactoras, para que exhiban los recibos de pago por concepto de impuesto predial que hayan sido enterados del cuarto bimestre de dos mil diez hasta el sexto bimestre de dos mil trece, incluso aquellos que en su caso hayan sido cubiertos antes de la fecha en que adquirió firmeza la protección constitucional -treinta de noviembre de dos mil quince-, respecto de los predios propiedad de la moral quejosa, particularmente de aquellos de cuentas y claves catastrales, que fueron materia en el juicio principal 62/2013, que son los siguientes: 1. U038161 20-041-01-021-001-000 y 2. U038170 20-041-01-022-001-000. Incluso, los predios de cuentas y claves catastrales siguientes: 1. U038175 20-041-01-023-001-000, 2. U039075 20-041-01-003-713-000, 3. U039078 20-041-01-003-714-000 y 4. U039080 20-041-01-003-715-000 [.] Consecuentemente, una vez que sean aportadas dichas documentales, con fundamento en los artículos 148, párrafo segundo y 297, fracción I, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, requiérase a José Luis Román Miranda, perito designado por este Juzgado en el presente asunto, para que emita su dictamen de manera, clara, precisa y completa, tomando en cuenta el material probatorio aportado al juicio, debidamente ratificado ante la presencia judicial.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por *********, en su carácter de autorizada legal de la autoridad responsable, mediante el cual informa la entrega del cheque expedido a favor de la parte quejosa; por lo tanto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; en la inteligencia de que mediante auto de diez de agosto del año que transcurre, se ordenó dar vista a esta última respecto al cumplimiento del fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite un anexo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y documental de referencia, dése vista a la parte agraviada, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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