María Dolores Viveros Cerriteño
Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Dolores Viveros Cerriteño
- María Guadalupe Corona García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues dicho término transcurrió para la tercera interesada del veintisiete de mayo al siete de junio del presente año; asimismo, dicho término transcurrió para la parte quejosa del veintiocho de mayo al diez de junio actual tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente no se exhibieron documentos originales por las partes, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 186/2019, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y devuélvanse las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser innecesaria su permanencia en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el diecinueve de marzo del presente año se tuvo por emplazado al presente juicio de amparo a la tercera interesada María Guadalupe Corona García, por medio de lista fijada en lugar visible de este juzgado, por lo cual se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dicha tercera se imponga del contenido de los informes justificados rendido por la responsable; por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las once horas con diez minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Por último, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos por el autorizado de la parte tercera interesada, los que se ordena relacionar en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió los autos originales del juicio de amparo 303/2018, tres tomos de pruebas y copia certificada de la ejecutoria de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve dictado dentro del amparo en revisión civil 281/2018, de la que contrario a lo referido en el citado auto, el tribunal de alzada revocó la sentencia recurrida que negó la protección constitucional, para ahora conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo, para dejar sin efecto el auto de archivo decretado en ese auto y proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese contexto, con copia certificada de la ejecutoria y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar emita otra en la que, con base en las consideraciones de esta ejecutoria, ordene reponer el procedimiento en el incidente de cumplimiento de convenio promovido dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio por mutuo consentimiento 5/2007, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, hasta el auto inicial, a efecto de que se requiera a la promovente Gabriela Jiménez Soto para que aclare su ocurso de demanda incidental. c) Hecho lo anterior, y a partir de la conducta procesal de la actora incidentista determine lo que corresponda legalmente. Concesión que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, porque no se combate por vicios propios, sino como consecuencia del acto emitido por la sala ordenadora". Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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