Maria Dolores Villalba Romero

Expediente 688/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
688/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Maria Dolores Villalba Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de julio de dos mil veintidós Se advierte que no se recurrió el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívense los autos como asunto concluido. Notifíquese

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 14917, dirigido a "******, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA QUE SE DEDUCE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO.", con la inscripción: Rehusada en el dom. Se instruye a actuaria. Por esta única ocasión, se instruye a los actuarios de la adscripción para que hagan entrega del oficio en comento, se cerciore que la persona requerida ostenta el cargo que se especifica en párrafos que anteceden debiendo asentar razón de la citada diligencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; trece de junio de dos mil veintidós. PRETENDE SUBSANAR, SUBSISTE PREVENCION. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que compareciera a recoger los ejemplares correspondientes a los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado ****, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo de veinte días, siguiente al en que le surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, este juzgado federal decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, siempre y cuando, no obrara en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obraran indicios suficientes que corroboraran su manifestación. Luego, atendiendo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento aludido, por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, y en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La actualización de la causal de improcedencia tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no desahogar el requerimiento que se le formuló, a efecto de estar en posibilidad de emplazar al tercero interesado Edgar Arnoldo Herrera Mendoza, por medio de los edictos ordenados en autos, lo cual impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Es así, porque la fracción III inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si se desconoce el domicilio de la parte tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por medio de edictos al tercero interesado, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo si se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108 fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando resulte que éstas fueron infructuosas, ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por medio de edictos, los que serán a costa del promovente del juicio, siempre y cuando, no obre en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obren indicios suficientes que corroboran su manifestación. Luego, en el presente asunto el emplazamiento del tercero interesado permitiría tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, circunstancia que está condicionada a que la parte quejosa, en principio, compareciera a este juzgado federal a recibir los edictos para la correspondiente publicación, o en su caso, a efecto de manifestar la imposibilidad para pagar los edictos ordenados por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós; por lo que, el incumplimiento de lo anterior provoca que se impida al tercero interesado acudir al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado; en tal virtud, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto del procedimiento. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte impetrante, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional, aún fuera de audiencia. Por lo que, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de garantías quede al arbitrio de la parte quejosa. *** Por lo anteriormente expuesto, se impone SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que opera de manera notoria, plena e indudable la causal de improcedencia jurisprudencial, ya estudiada; por lo tanto, se deja sin efecto la hora y día fijados para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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