Maria Dolores Verdugo Lopez
Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria Dolores Verdugo Lopez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la promovente de amparo, recurrió el auto de dieciocho de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda constitucional, dictado por este juzgado, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo. Esto considerando que la quejosa fue notificada el veinticinco de junio del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del veintinueve de junio al cinco de julio de los que cursan. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es destruible, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Finalmente, devuélvase a la autoridad correspondiente, el expediente original 581/2016 y el toca 39/2021, para los efectos legales conducentes.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Visto el oficio 7141/2021, que remite el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo civil número 635/2021 de la estadística interna del citado tribunal de alzada, promovido por María Dolores Verdugo López, en virtud de que dicho tribunal se declaró incompetente para conocer en única instancia de la demanda de origen. En atención a las consideraciones vertidas por la autoridad oficiante en el comunicado que se atiende y al contenido integral del libelo constitucional, este juzgado asume el conocimiento del juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento del tribunal de mérito. REGISTRO DE LA DEMANDA. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico, así también, radíquense éstos con el número 366/2021-I. Vista la demanda de amparo promovida por María Dolores Verdugo López, de la que se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA H. SALA DE CIRCUITO ZONA SUR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA RECLAMO LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCION DICTADA EN EL TOCA DE APELACIÓN NUMERO-39/2021 CON FECHA 20 DE ABRIL DEL 2021, DONDE SE CONFIRMA EL AUTO APELADO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021 QUE APRUEBA EL REMATE CELEBRADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 581/2016 RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO CIVIL DE MAZATLAN, SINALOA, REMATE RECAIDO SOBRE EL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD UBICADO EN CALLE DE SANTA ESTHER NUMERO 3947 DEL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE DE ESTA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, Y LA CUAL ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO INSCRIPCION 51 TOMO 1138 SECCION I YA QUE SE VIOLAN LAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURIDICAS DE LA QUEJOSA, YA QUE NO EXISTE MOTIVO LEGAL QUE JUSTIFIQUE TAL ACTO." Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, disposición legal cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y, de ser el caso, examinar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a desechar la demanda de amparo. La citada disposición establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la misma resolución dictada en el procedimiento respectivo, atendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". La disposición señalada en primer término se refiere a la posibilidad de advertir algún motivo de improcedencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de diverso numeral al 61 de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, dispone que la procedencia del juicio de amparo indirecto, en fase de ejecución de sentencia, se encuentra reservada sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Así, por "última resolución", hay que entender lo que expresamente señaló el legislador, es decir, que basta con la interpretación literal para establecer que se entiende: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b) La que ordena el archivo definitivo del expediente; y c) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Pudiendo reclamarse hasta ese momento, las violaciones cometidas durante el procedimiento (ejecución), que hubieren dejado sin defensa al justiciable y trascendido al resultado de la resolución. Considerar lo contrario, es decir, estimar procedente la vía constitucional contra cada uno de los actos procesales de ejecución de modo aislado, obstaculizaría injustificadamente lo resuelto en el juicio respectivo, lo que no es permisible, ya que la intención del legislador fue que los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que constituyen la verdad legal y cosa juzgada, no se entorpezcan mediante la promoción del amparo. Ello no significa que no se puedan impugnar en forma destacada actos intermedios en la fase de ejecución de sentencia, al acontecer por excepción cuando sean actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, o bien, que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." (P./J. 108/2010, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Criterio que se invoca, no obstante aluda a la Ley de Amparo abrogada, en la medida en que los principios contenidos en dicha legislación permanecen en la vigente, incluso, se delimitan en el propio texto legal. Asimismo, la citada hipótesis normativa dispone que en los procedimientos de remate, el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución, definida expresamente como aquélla en la que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de bienes rematados; esto es, será hasta el momento en que se emita materialmente alguna de esas determinaciones, en el que puedan hacerse valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, del análisis integral de la demanda, así como del relato de antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa, al que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se obtiene lo siguiente: 1. Que ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, se tramitó juicio sumario civil hipotecario; en el cual llevadas las etapas procesales correspondientes, en periodo de ejecución se celebró diligencia de remate respecto de un bien inmueble, emitiendo auto aprobatorio de remate. 2. Inconforme con la resolución aprobatoria de remate se interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Sala de Circuito Zona Sur del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, correspondiéndole el toca civil 39/2021, de su índice. 3. En veinte de abril de dos mil veintiuno, la Sala responsable, se pronunció en dicho toca civil, confirmando el auto aprobatorio de remate impugnado (determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). Como puede apreciarse, lo que sustancialmente se combate es la determinación que confirmó la interlocutoria que aprobó el remate, es decir, una actuación que se emitió en la etapa de remate en un juicio sumario civil hipotecario; empero, lo interesante es que de los antecedentes narrados no se advierte que se haya ordenado la entrega del título de propiedad del bien inmueble que defiende, o bien, que el mismo se haya ordenado poner en posesión de tercera persona; lo que es relevante, pues atento a lo que establece el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, el amparo indirecto sólo es procedente contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, se proveé sobre la entrega de los bienes rematados, y sólo hasta ese momento es factible hacer valer las violaciones cometidas en el citado procedimiento, siempre y cuando hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por lo que se insiste, de los antecedentes de los actos reclamados señalados por la parte quejosa, deriva que tales actuaciones no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues aún no se hace entrega del título de propiedad, ni del inmueble en litigio al posible adjudicatario; lo cual pone de manifiesto que constituyen actuaciones dictadas en el procedimiento de remate, que preceden a la resolución final que eventualmente se debe dictar, una vez agotadas todas las actuaciones necesarias en la etapa de remate, ordenando en definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En efecto, sobre el tema, los artículos 582, 583 y 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, establecen: "Artículo 582. Aprobado el remate, al mandar el juez que se otorgue la escritura de adjudicación, y la entrega de los bienes, prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez, el precio del remate. Si el comprador no consigna el precio en el plazo que el juez le señale, o por su culpa dejare de tener efecto la venta, el ejecutante podrá optar, porque le sean adjudicados directamente los bienes conforme a lo previsto en el artículo 579, esto es, en las dos terceras partes del precio que sirvió de base para el remate dejado sin efectos, si se trata de primera almoneda; tratándose de ulterior subasta, la adjudicación se hará en el precio que sirvió de base para el remate dejado sin efectos; en otro caso, el ejecutante podrá solicitar que se proceda a nueva subasta como si la anterior no se hubiere celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 569, que se aplicará, en abono al crédito reclamado por el ejecutante. "Artículo 583. Una vez consignado el precio se hará saber al deudor que dentro del tercer día otorgue la escritura de venta a favor del comprador apercibiéndolo que de no hacerlo, el juez lo hará en su rebeldía y haciéndolo constar así. "Artículo 584. Otorgada la escritura se darán al comprador los títulos de propiedad, apremiando en su caso al deudor para que los entregue, y se pondrán los bienes a disposición del mismo comprador, dándose las órdenes necesarias, aun la de desocupación de fincas habitadas por el deudor o sus causahabientes, o por terceros que no acreditaren en el acto contar con contrato escrito, que justifique fehacientemente el uso de los bienes con arreglo al Código Civil. También se dará a conocer como dueño a las personas que al efecto designe. Al aplicar este precepto se tendrán en cuenta todas las prevenciones del artículo 508 del presente Código". Como se evidencia de la lectura de los preceptos antes transcritos, tratándose de remates, en primer orden se le hace saber al deudor que dentro del tercer día deberá otorgar la escritura de venta a favor del comprador bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el juez lo hará en su rebeldía, una vez otorgada la escritura, se darán al comprador los títulos de propiedad y se pondrán los bienes a su disposición, asimismo se requerirá al deudor para que los entregue y en su caso, se dictarán las órdenes necesarias, aun la de desocupación para poner en posesión del bien al comprador. Precisado lo anterior, como antes se anotó, la determinación emitida por Sala de Circuito Zona Sur del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el toca civil 39/2021, en la que se confirmó el auto aprobatorio de remate dictado por el juez de primera instancia, no constituye la resolución definitiva que el legislador destacó en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En ese contexto, se concluye que la resolución reclamada no es la última resolución en el procedimiento de remate; de ahí que por disposición expresa del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, no procede el juicio de amparo indirecto, ya que de otra manera se obstaculizaría el referido procedimiento que forma parte de la etapa de ejecución, que es precisamente lo que el legislador trató de evitar. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), que resolvió la contradicción de tesis 74/2015, que establece lo siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." (Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066) De igual forma, apoya a lo anterior la jurisprudencia PC.II.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, que a la letra dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones.". (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II, página 1685) Es importante tener presente que la hipótesis de improcedencia de que se trata, presupone normativamente la existencia de una determinación que ya tiene el carácter de cosa juzgada; esto es, una sentencia que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador procuró evitar su obstaculización, impidiendo que durante los procedimientos de remate, las partes (particularmente aquélla a la que resultó adversa la condena), abusen del juicio de amparo, y paralicen la ejecución material o jurídica de la sentencia; de ahí que se haya limitado la procedencia a los casos en que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones en calle Rio Balaurte, número 704 Fraccionamiento Palos Prietos, de esta ciudad. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual en síntesis se acordó: Visto el oficio 7141/2021, que remite el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo civil número 635/2021 de la estadística interna del citado tribunal de alzada, promovido por María Dolores Verdugo López, en virtud de que dicho tribunal se declaró incompetente para conocer en única instancia de la demanda de origen. En atención a las consideraciones vertidas por la autoridad oficiante en el comunicado que se atiende y al contenido integral del libelo constitucional, este juzgado asume el conocimiento del juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento del tribunal de mérito. (.) se desecha de plano la demanda, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- María Dolores Delgado Pardo454/2016
- María Dolores Eliseo Olguin888/2016
- María Dolores Flores Ibarra326/2019
- María Dolores Nava Cota206/2018
- María Dolores Ramírez Martínez936/2010
- María Dolores Rodríguez Noverola188/2016
- María Eduviges Lizárraga Reyes197/2023
- María Efigenia Martínez Benitez841/2018
- Maria Elena Blanco Flores396/2020
- María Elena García García412/2018
- María Elena Heredia Hernández395/2014
- María Elena Mendoza Díaz379/2019