María Dolores Vera Murcia
Expediente 631/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Dolores Vera Murcia
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diversa circular SECNO/1/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del doce de enero de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos; luego, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, y se ordena su reanudación. En ese sentido, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme a su artículo 15; hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en el arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO: RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL AUTO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por María Dolores Vera Murcia, por su propio derecho, contra actos de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la Ciudad de México y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 631/2020, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito inicial de demanda y anexos, se advierte que el objeto de estudio en este asunto, lo constituye: La inconstitucionalidad de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, específicamente de sus artículos 82, 16 fracciones XII y VIII, y 19, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el acuerdo emitido por el Director General de Defensoría Pública de once de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordena el cambio de adscripción de la quejosa de la Delegación Guerrero, ubicada en la ciudad de Acapulco, a la Delegación Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana. De lo apuntado, se evidencia que el acto de aplicación deriva de una relación laboral que tiene la quejosa con el Instituto Federal de Defensoría Pública, lo cual pone de manifiesto la existencia de la relación jurídica de trabajador y patrón; que para efectos del juicio de amparo, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos, numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad responsable, porque los actos que se les reclaman, devienen o derivan de una relación de coordinación entre particulares (patrón y trabajador) y no de un nexo jurídico de supra a subordinación, como enseguida se expondrá. Así, tenemos que los numerales citados en último término, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación y supra a subordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, el acto reclamado no encuadra en dicho supuesto, puesto que éste se ha dado entre el patrón y trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Así, a partir de lo anterior, es inconcuso que las relaciones laborales entabladas entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y sus empleados, acontecen en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que las relaciones de ese organismo se encuentran sometidas a las prevenciones del derecho laboral y las controversias que se susciten deben plantearse ante la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable, por las razones que informa, la jurisprudencia 2ª./J.19/2020 que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 452, libro 78, tomo I, septiembre de 2020, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. LAS RESOLUCIONES QUE SU DIRECTOR GENERAL EMITE, RELATIVAS AL CESE O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESE INSTITUTO, NO REVISTEN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS E INATACABLES. De la interpretación del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, funcionando en Pleno o en Comisiones, en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron conferidas para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, revisten el carácter de definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procede juicio ni recurso alguno, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En consecuencia, atendiendo a que el Instituto Federal de Defensoría Pública constituye un organismo del Poder Judicial de la Federación, con autonomía técnica y operativa para la consecución de sus fines, que se encuentra vinculado al Consejo de la Judicatura Federal, exclusivamente, en el aspecto administrativo y presupuestal, se concluye que las determinaciones que el director del mencionado instituto emite, relativas al cese o cambio de adscripción de los servidores públicos que lo integran, implican el ejercicio de las atribuciones de carácter administrativo que el legislador le confirió, en relación con la prestación del servicio de defensoría pública. Por tanto, no puede considerarse que les revista el carácter de definitivas e inatacables, pues además de que no son emitidas en ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas al Consejo de la Judicatura Federal, tampoco son pronunciadas por éste funcionando en Pleno o en Comisiones. Lo anterior no implica que dichas resoluciones sean susceptibles de ser reclamadas a través del juicio de amparo indirecto, pues cualquier discrepancia relacionada con los derechos laborales del personal del instituto debe plantearse ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. Cuya ejecutoria, emitida por la Segunda Sala en la contradicción de tesis 441/2019, que obra en el Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 412, en la parte conducente dispone lo siguiente: "62. En ese sentido, no puede considerarse que las decisiones que el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública emite sobre el cambio de adscripción y cese de los servidores públicos de dicho instituto constituyen una decisión directa del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de atribuciones de carácter administrativo que el legislador le confirió para la prestación del servicio de defensoría pública, las cuáles no entrañan la delegación directa de las facultades constitucionales que el mencionado consejo ejerce en términos del artículo 100 de la Constitución Federal.(18) 63. En consecuencia, no puede considerarse que las resoluciones que el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública emite, relativas al cese y cambio de adscripción de los servidores públicos de ese instituto, revistan el carácter de definitivas e inatacables, pues además de que se trata de decisiones de carácter administrativo y no de las atribuciones constitucionales conferidas al Consejo de la Judicatura Federal, tampoco constituyen una decisión adoptada en Pleno o en comisiones, pues éstas son aquellas que los consejeros que lo integran, designados en términos de lo previsto en el artículo 100, párrafos segundo y tercero de la Constitución Federal, determinan con base en los artículos 74, 76, 77 y 78, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(19) 64. Luego, si de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Federal de Defensoría Pública, el director general del mencionado instituto es nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su presidente, no puede considerarse que las determinaciones de cese o cambio de adscripción que dicho funcionario emite, hayan sido tomadas por dicho consejo, funcionando en Pleno o en comisiones. 65. Ahora bien, el hecho de que las resoluciones de cese o cambio de adscripción que el director del Instituto Federal de Defensoría Pública emite, no revistan el carácter de definitivas e inatacables, no implica que sean susceptibles de ser reclamables a través del juicio de amparo indirecto, como lo consideró uno de los órganos colegiados contendientes, pues de conformidad con los artículos 1o., fracción I,(20) y 5o., fracción II,(21) de la Ley de Amparo, el mencionado juicio constitucional únicamente es procedente contra actos de autoridad, teniendo tal carácter, aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 66. En la especie, la relación que se desarrolla entre el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública y los asesores legales, defensores jurídicos y el personal técnico y administrativo que colabora en el mencionado instituto, tiene naturaleza de trabajo y por tanto de coordinación, de ahí que cualquier discrepancia relacionada con los derechos laborales de dicho personal, incluidas las determinaciones de cese o cambio de adscripción, deben plantearse ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción XV,(22) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 239(23) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece. 67. En esas condiciones, se concluye que si bien las determinaciones que el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública emite, sobre el cambio de adscripción o cese del personal de dicho instituto, no revisten el carácter de definitivas e inatacables en términos de lo previsto en el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Federal, ello no implica que sean reclamables a través del juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de resoluciones relacionadas con los derechos laborales de dicho personal, las controversias que se susciten deben plantearse ante la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación." (Lo resaltado es propio). En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que sólo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. Sin embargo, en el caso que se analiza la quejosa quien presta sus servicios como Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guerrero, reclama como primer acto de aplicación, el acuerdo emitido por el Director General de Defensoría Pública de once de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordena el cambio de adscripción de la Delegación Guerrero, ubicada en la ciudad de Acapulco, a la Delegación Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo en su contra, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional, pues esa decisión no tendría como origen la afectación a tal derecho sustantivo; sino en todo caso, los derechos y obligaciones de índole laboral que le asisten como empleado en función de su particular circunstancia. En ese orden de ideas, una vez establecido que el presente juicio de amparo es improcedente en contra del primer acto de aplicación de los preceptos legales tilldados de inconstitucionales; en consecuencia también se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, aplicado en sentido contrario, respecto de los artículos 82, 16 fracciones XII y VIII, y 19, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, que reclama. Lo anterior en virtud de que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida, pero si en relación con él (acto de aplicación) se actualiza una causa de improcedencia se impondrá desechar la demanda respecto del acto de aplicación y la norma impugnada, como en la especie acontece. Resulta aplicable la jurisprudencia 221, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, ubicada en el Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, página 210, con número de registro 389674, de rubro y texto: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, con número de registro 191311, de rubro y texto: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Bajo ese contexto, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio; las cuales son manifiestas porque se pueden determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudables porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. INFORMACIÓN GENERAL Se informa a las partes, acorde con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 25/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a las autoridades responsables que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el referido Acuerdo General 21/2020. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante, lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard de las Naciones 640, Fraccionamiento Granjas del Márquez, edificio "C", primer piso, en esta ciudad. De igual forma, téngasele proporcionando el número telefónico, y el correo electrónico que al efecto indica, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir para comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe. LO QUE NOTIFICO POR ESTA VIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
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