Maria Dolores Ugalde Diaz

Expediente 599/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
599/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Maria Dolores Ugalde Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 15 a 22), dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos Hágase del conocimiento a la parte quejosa que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio que remite el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, por medio del cual informa la nueva integración del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: ParteTipo de notificaciónQuejosa Por lista Autoridades responsables Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  3. Principal

    EN VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE VEINTIUNO DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 012373/2019 599/2019 24972746 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista ********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, a la siguiente persona: Profesionista ********** De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ********** Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante , de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se advierte que señalan como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Servicio de Protección Federal de la Secretaría de la Función Pública. a) El oficio número **********, de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, así como cualquier orden escrita o verbal, mandamiento o acto de carácter formal o material que pretenda impedir u obstaculizar el desempeño de la quejosa, de algún cargo o comisión en la Administración Pública Federal. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, se procede a analizar el motivo de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]. El citado precepto alude a la improcedencia del amparo ante la actualización de lo que se conoce como cosa juzgada, que debe concebirse como un derecho de seguridad jurídica, en virtud de que esta institución descansa en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas y decididas en juicio; además es una cualidad especial de los efectos de una sentencia, pues estos últimos se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. La cosa juzgada convierte en verdad legal lo resuelto y no puede válidamente ser sometido a nuevo juicio, independientemente del sentido del fallo, ya sea que se haya negado, o bien, sobreseído. Del mismo modo, existe la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 61, fracción XI, en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de amparo, sí guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales. Tal premisa fue establecida en la jurisprudencia I.3o.C. J/66 (9a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, febrero de 2012, tomo 3, Décima Época, visible en la página 2078, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A FALLARSE, NO OBSTANTE QUE NO EXISTA IDENTIDAD EN LAS COSAS O ACCIONES EJERCITADAS. Para que exista cosa juzgada es necesario que entre el caso resuelto por sentencia definitiva y aquel en que se invoca, concurran identidad de las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y en la calidad con que lo fueren, esto es, que se haya hecho con anterioridad un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. De ese modo las excepciones vertidas por la demandada, que derivan de haber celebrado un contrato verbal de compraventa respecto del inmueble materia de la controversia, quedó resuelto en forma definitiva al considerarse que no acreditó la existencia del citado contrato, respecto de lo cual sí existe un pronunciamiento de fondo, que causó ejecutoria y constituye cosa juzgada, misma que no se puede variar a riesgo de vulnerar la garantía de seguridad jurídica. Ahora bien, la cosa juzgada refleja opera cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto de un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios, pero no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro; es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sea de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. La cosa juzgada tiene por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia ejecutoriada y aquel en que ésta sea invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no obstante que en el caso no exista identidad en las cosas o acciones ejercitadas, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual es refleja." Para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que el sobreseimiento a que se refiere esa fracción, tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias y que se inutilice el principio de la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia; por tanto, para que cobre vigencia dicha causa es necesaria la concurrencia y plena identidad entre ambos juicios, comprendida también la causa de pedir o derecho tutelado en cada uno y las pretensiones que se deducen en los mismos. Por otra parte, de una recta interpretación del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Apoya a lo anterior, la tesis aislada I.6o.C.45 K., del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 551, tomo IX, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: 'materia de una ejecutoria', debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Luego, la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia, se refiere a actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo y se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que la cosa juzgada encuentra su génesis en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras, a saber; 1. Eficacia directa. Opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate, y 2. Eficacia refleja. Con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta última modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades ya referidas, sino que sólo se requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos: 1. La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente. 2. La existencia de otro proceso en trámite. 3. Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. 4. Las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero. 5. En ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio. 6. Que en la sentencia ejecutoriada se establezca un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. 7. Para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Entonces, en las sentencias emitidas en los juicios de amparo, la cosa juzgada se rige en principio, con las mismas bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, pero tiene ciertas particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada: sujetos, objeto y causa. Apoya a lo anterior, la tesis aislada I.4o.C.36 K., publicada en la página 1842, tomo XXIX, febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado." En ese sentido, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 61, fracción XI, establece la improcedencia del juicio de amparo en los casos en donde el acto reclamado, si bien no es aquél que fue materia de resolución definitiva en el diverso sumario constitucional, sí guarda vinculación estrecha con éste, porque se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales. Lo anterior tiene su génesis y se aplica por analogía en la tesis XII.1o.52 C., publicada en la página 1844, tomo XXIX, febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; lo cual tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la improcedencia del juicio de amparo en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja y, por ende, la improcedencia del juicio de garantías, cuando en un primer juicio la materia de estudio y la resolución definitiva hayan consistido en dejar a salvo los derechos de la parte actora en un incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y forma que proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la misma responsable, quien determina en el nuevo incidente de liquidación de intereses derivado de la misma causa, dejar a salvo los derechos de la parte actora; lo anterior es así, toda vez que aquel aspecto influye o se refleja en el segundo juicio de amparo, pues precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la parte actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo." Pues bien, a efecto de corroborar que en la especie se surte el motivo de improcedencia invocado, conviene referir que conforme a los antecedentes de la demanda, los cuales, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad; así como lo que se advierte del oficio que por esta vía se reclama, se advierte que, la ahora quejosa, el uno de marzo de dos mil quince, empezó a laborar en el Servicio de Protección Federal; que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Servicio de Protección Federal, inició en su contra el procedimiento administrativo de responsabilidad número **********; que con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, ese Órgano Interno de Control, dictó resolución definitiva en la que fueron impuestas a la aquí quejosa, las sanciones administrativas consistentes en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de diez años, así como sanción económica en cantidad de $**********. Inconforme con esa determinación, la quejosa promovió juicio contencioso administrativo del cual conoció la Cuarta Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el número de expediente **********, y respecto del cual, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Especializada en Materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió que la parte actora (hoy quejosa) no acreditó su pretensión en ese asunto; y reconoció la validez de la resolución impugnada; en contra de esa determinación, la ahora quejosa, promovió juicio de amparo directo el cual fue resuelto por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve fue dictada la ejecutoria correspondiente en el toca D.A. 636/2018, en la que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, en contra de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la citada Sala Especializada en el indicado juicio de nulidad. Ahora, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que mediante escrito, el ocho de abril del año en curso, solicitó a la autoridad que señala como responsable en este juicio de amparo, dejara sin efectos la orden escrita por la cual se le inhabilitó por el periodo y sanción económica indicados; como respuesta a tal solicitud el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Servicio de Protección Federal emitió el oficio **********de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del referido procedimiento administrativo de responsabilidad **********, mismo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo En ese orden, del oficio reclamado, se advierte la imposibilidad material y jurídica que le asiste a la citada autoridad para dar respuesta favorable a la aquí quejosa, pues, como se indicó, la resolución de inhabilitación y sanción económica que se le impuso, fue confirmada por el Tribunal de alzada en el juicio de amparo directo cuyo conocimiento correspondió al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante resolución ejecutoria de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca D.A. 636/2018. Así, de las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas, se advierte que en el presente asunto concurren los elementos de la eficacia refleja de la cosa juzgada, en virtud de que el acto reclamado está estrechamente vinculado con la resolución de inhabilitación, la cual fue confirmada por el Tribunal Colegiado de referencia, manteniendo una relación sustancial de interdependencia respecto de los cuales debe evitarse la generación de fallos contradictorios, pues lo que pretende la quejosa es que la autoridad responsable desconozca lo resuelto por el Órgano Interno de Control en el Servicio de Protección Federal, por la Sala Especializada en Materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como o resuelto por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y le dé respuesta favorable a su solicitud de dejar sin efectos la orden escrita por la cual se le inhabilitó por el periodo y sanción económica indicados. De ahí que la sentencia que llegara a dictarse en este juicio de amparo, no podría restarle sustento a lo que ya se decidió en el diverso juicio de amparo directo D.A. 636/2018, en el que se le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, en contra de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la citada Sala Especializada en Materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad **********. En atención a lo anterior, conviene referir que la cosa juzgada típica tiene eficacia refleja cuando, a pesar de que no concurre la identidad en sujetos, objeto y causas de dos litigios, en el primer proceso se emite una decisión vinculante para las partes litigantes que intervinieron en él, e inclusive, para ajenos a ese juicio derivado de que se emitió una decisión precisa sobre algún hecho o una situación determinada, que influye en el segundo proceso instaurado, de tal manera que incide directamente en el fondo de lo que pudiera fallarse en este segundo juicio; de ahí que lo que se pretende evitar es el dictado de sentencias contradictorias y cumplir con los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídicas. Resulta aplicable en lo conducente, contrario sensu, el criterio IV.2o.C.39 C sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, visible en la página 2408, de rubro y texto siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL Y NO UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN. Si se atiende a que las condiciones de la acción son "los requisitos para que el actor pueda obtener una sentencia que declare procedente la acción y condene al demandado" (Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, vigésimo sexta edición, Editorial Porrúa, 2001, página 173); y los presupuestos procesales "son los requisitos o condiciones que deben cumplirse para la iniciación o el desarrollo válido de un proceso, o en su caso, para que pueda pronunciarse sentencia de fondo" (Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, décimo cuarta edición, página 2524); se concluye que mientras los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni seguirse válidamente un juicio, las condiciones de la acción son los requisitos para que el actor pueda obtener una sentencia que declare procedente la acción y condene al demandado, es decir, si faltan las condiciones de la acción, no hay inconveniente en que el Juez falle el juicio, lo que no sucede cuando no se satisface algún presupuesto procesal, como el litisconsorcio pasivo necesario, que se traduce en la falta de emplazamiento a juicio, de personas a las cuales la sentencia les perjudicará. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 12/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017109, cuyo rubro y texto son: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018057, cuyo rubro y texto son: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES". En consecuencia, se puede afirmar que los objetos del acto aquí reclamado y el juicio de amparo directo D.A. 636/2018, se encuentran estrechamente unidos, en una relación de conexidad prácticamente inescindible, respecto de los cuales no se puede fallar en contrario ni olvidar todos y cada uno de los hechos y los criterios jurídicos asentados en relación a la pretensión de la parte quejosa en el diverso juicio de amparo directo D.A. 636/2018. Por las razones expuestas, se desecha la demanda por notoriamente improcedente en virtud de que la pretensión de la parte quejosa sigue siendo la misma que en el citado juicio de amparo directo de la cual ya se falló en dicho juicio, de manera que la peticionaria de amparo no puede replantear la misma controversia en este juicio constitucional, porque sería tanto como permitir que el mismo tema se ventile en múltiples ocasiones, aunque resulte ya cosa juzgada con eficacia refleja. Consecuentemente, ante la concurrencia de todos los elementos examinados, se arriba a la conclusión de que la cosa juzgada en el juicio de amparo directo D.A. 636/2018, del índice Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sí tiene eficacia refleja en este sumario constitucional; por tanto, se impone desechar la demanda amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Expedición de copias Ahora bien, en cuanto a su solicitud de copias de la determinación que admita dicha demanda, no ha lugar a acordar favorablemente, toda vez que, se determinó desechar la demanda por las razones expuestas en líneas que anteceden; sin embargo, se dejan a salvo sus derechos para solicitar las demás copias que estime necesarias. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 599/2019, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.

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