María Dolores Torres Rivera

Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
201/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • María Dolores Torres Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno en el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda folio 2927. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente.Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno en el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda folio 2927. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese la comparecencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, levantada a la quejosa, de la que se advierte que ésta ratificó el escrito recibido en este juzgado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que aclara su demanda de amparo; en consecuencia al efecto se provee: Se tiene a la quejosa por aclarando su demanda de amparo y, al efecto señala que las autoridades responsables son las que señala en el apartado respectivo en su demanda de amparo y como acto reclamado el citatorio para comparecer a las diez horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda y si escrito aclaratorio; así como, del anexo que acompañó a la misma, se colige que la parte quejosa reclama el citatorio contenido en el oficio FGE/S01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia En el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXII, así como la contemplada en la fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, las cuales constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. I. Antecedentes. De la copia del oficio FGE/S01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, proporcionado por la quejosa, se advierte que el agente responsable la citó para que compareciera a rendir declaración ministerial en calidad de imputada, a las nueve horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. II. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. a. Marco normativo. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". Sobre esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto reclamado, a pesar alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Esto último, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Es pertinente destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere para su actualización que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, verbigracia por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales. b. Análisis del caso concreto. El agente responsable citó a la quejosa para que compareciera a rendir declaración ministerial en calidad de imputada, a las nueve horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Lo cual implica que la hora y fecha fijadas para que tuviera verificativo la comparecencia de la quejoso ya transcurrió. En ese contexto, es inconcuso que aún ante la existencia del acto reclamado, consistente en el citatorio contenido en el oficio FGE/D01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por el solo transcurrir del tiempo. Esto es, la circunstancia de que en un momento dado se concediese el amparo y la protección constitucional a la quejosa, sería para que se dejase sin efecto la orden de citación reclamada, sin embargo, lo cierto es que ésta ya jurídicamente no tiene efectos por la terminación de su eficacia por el simple hecho de que la hora y fecha citada ya ha transcurrido, lo que representa que ha dejado de existir el objeto o materia del acto combatido al sobrevenir la mencionada modificación del entorno en el cual aquél se emitió. De ahí que no tendría caso alguno examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aun cuando se concediese la protección federal su vigencia ha expirado, esto es, en la actualidad no tiene efectos la orden de citación para día y hora específica, porque la aludida citación ha dejado de tener validez para el mundo del derecho, de ahí que se actualice en la especie la causal de improcedencia señalada. Máxime, si no se apercibió a la quejosa con la imposición de algún medio de apremio, como lo son arresto, multa o presentación por medio de la fuerza pública. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable está en aptitud de volver a citar al peticionario de amparo, sin embargo, podrá impugnar una diversa citación o comparecencia a través del medio de defensa legal que sea procedente. III. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. i. Marco normativo. Los referidos numerales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley...". De lo anterior se advierte que la parte quejosa en el juicio de amparo es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y el acto reclamado vulnere sus derechos humanos, produciendo una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de situación frente al orden jurídico. ii. Análisis del caso concreto. Como se dijo, el acto reclamado consiste en el citatorio contenido en el oficio FGE/D01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Al respecto, debe decirse que la citación a comparecer ante el agente del Ministerio Público no constituye un acto que implique, per se, una afectación de imposible reparación en bienes o derechos del quejoso, esto es, sus consecuencias no son inmediatas, reales y actuales, que son las características que distinguen a los "actos de imposible reparación", contra los cuales procede el amparo indirecto. Pues bien, no obstante que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público compete la investigación de los delitos y, en ejercicio de esa potestad, está en condiciones de emitir actos coercitivos y unilaterales que podrían resultar atentatorios de derechos humanos o fundamentales, en el caso concreto, la citación reclamada no genera una consecuencia perniciosa real e inmediata o actual en algún bien o derecho del quejoso. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Con base en lo anterior, puede decirse que el acto reclamado -citación para rendir declaración ministerial-, no tiene el carácter de imposible reparación, esto es, no afecta de manera actual algún derecho sustantivo de quejoso, de ahí que no le genera un efecto pernicioso real e inmediato. Lo anterior, aun cuando la citación para rendir declaración ministerial se hubiese realizado bajo el apercibimiento de imponer una medida de apremio -lo que en el caso no aconteció-, pues para que el efecto pernicioso sea real e inmediato, debe hacerse efectiva la medida de apremio, lo que dependerá de la determinación que en su caso emita el Ministerio Público, una vez que analice lo relativo a la incomparecencia del imputado y verifique que la citación respectiva se haya realizado conforme a derecho, para que entonces sí, el nuevo pronunciamiento traiga consigo una afectación actual y real. IV. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Agréguese la comparecencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, levantada a la quejosa, de la que se advierte que ésta ratificó el escrito recibido en este juzgado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que aclara su demanda de amparo; en consecuencia al efecto se provee: Se tiene a la quejosa por aclarando su demanda de amparo y, al efecto señala que las autoridades responsables son las que señala en el apartado respectivo en su demanda de amparo y como acto reclamado el citatorio para comparecer a las diez horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda y si escrito aclaratorio; así como, del anexo que acompañó a la misma, se colige que la parte quejosa reclama el citatorio contenido en el oficio FGE/S01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia En el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXII, así como la contemplada en la fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, las cuales constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. I. Antecedentes. De la copia del oficio FGE/S01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, proporcionado por la quejosa, se advierte que el agente responsable la citó para que compareciera a rendir declaración ministerial en calidad de imputada, a las nueve horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. II. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. a. Marco normativo. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". Sobre esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto reclamado, a pesar alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Esto último, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Es pertinente destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere para su actualización que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, verbigracia por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales. b. Análisis del caso concreto. El agente responsable citó a la quejosa para que compareciera a rendir declaración ministerial en calidad de imputada, a las nueve horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Lo cual implica que la hora y fecha fijadas para que tuviera verificativo la comparecencia de la quejoso ya transcurrió. En ese contexto, es inconcuso que aún ante la existencia del acto reclamado, consistente en el citatorio contenido en el oficio FGE/D01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por el solo transcurrir del tiempo. Esto es, la circunstancia de que en un momento dado se concediese el amparo y la protección constitucional a la quejosa, sería para que se dejase sin efecto la orden de citación reclamada, sin embargo, lo cierto es que ésta ya jurídicamente no tiene efectos por la terminación de su eficacia por el simple hecho de que la hora y fecha citada ya ha transcurrido, lo que representa que ha dejado de existir el objeto o materia del acto combatido al sobrevenir la mencionada modificación del entorno en el cual aquél se emitió. De ahí que no tendría caso alguno examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aun cuando se concediese la protección federal su vigencia ha expirado, esto es, en la actualidad no tiene efectos la orden de citación para día y hora específica, porque la aludida citación ha dejado de tener validez para el mundo del derecho, de ahí que se actualice en la especie la causal de improcedencia señalada. Máxime, si no se apercibió a la quejosa con la imposición de algún medio de apremio, como lo son arresto, multa o presentación por medio de la fuerza pública. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable está en aptitud de volver a citar al peticionario de amparo, sin embargo, podrá impugnar una diversa citación o comparecencia a través del medio de defensa legal que sea procedente. III. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. i. Marco normativo. Los referidos numerales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley...". De lo anterior se advierte que la parte quejosa en el juicio de amparo es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y el acto reclamado vulnere sus derechos humanos, produciendo una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de situación frente al orden jurídico. ii. Análisis del caso concreto. Como se dijo, el acto reclamado consiste en el citatorio contenido en el oficio FGE/D01/74257/03/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/019705/2020. Al respecto, debe decirse que la citación a comparecer ante el agente del Ministerio Público no constituye un acto que implique, per se, una afectación de imposible reparación en bienes o derechos del quejoso, esto es, sus consecuencias no son inmediatas, reales y actuales, que son las características que distinguen a los "actos de imposible reparación", contra los cuales procede el amparo indirecto. Pues bien, no obstante que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público compete la investigación de los delitos y, en ejercicio de esa potestad, está en condiciones de emitir actos coercitivos y unilaterales que podrían resultar atentatorios de derechos humanos o fundamentales, en el caso concreto, la citación reclamada no genera una consecuencia perniciosa real e inmediata o actual en algún bien o derecho del quejoso. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Con base en lo anterior, puede decirse que el acto reclamado -citación para rendir declaración ministerial-, no tiene el carácter de imposible reparación, esto es, no afecta de manera actual algún derecho sustantivo de quejoso, de ahí que no le genera un efecto pernicioso real e inmediato. Lo anterior, aun cuando la citación para rendir declaración ministerial se hubiese realizado bajo el apercibimiento de imponer una medida de apremio -lo que en el caso no aconteció-, pues para que el efecto pernicioso sea real e inmediato, debe hacerse efectiva la medida de apremio, lo que dependerá de la determinación que en su caso emita el Ministerio Público, una vez que analice lo relativo a la incomparecencia del imputado y verifique que la citación respectiva se haya realizado conforme a derecho, para que entonces sí, el nuevo pronunciamiento traiga consigo una afectación actual y real. IV. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.Notifíquese personalmente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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