María Dolores Toalá Gutú
Expediente 1880/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1880/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2016
Partes del expediente
- María Dolores Toalá Gutú
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho proveído. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, como existen documentos originales, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado dentro del plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, a recoger los documentos exhibidos en autos, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito la quejosa *******************************, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de veinticinco de agosto del año en curso. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda o su improcedencia, se acuerda: El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Para discernir sobre la procedencia de la demanda, se torna necesario precisar que en el escrito inicial, el acto reclamado se hizo consistir en el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora al Juez del Ramo Civil, le reclamo la violación procesal del acuerdo de fecha 26 de noviembre del año 2015, dentro del juicio Ordinario Civil cumplimiento de contrato y otorgamiento de escritura mediante el expediente número 872/2015, radicado en ese Juzgado, toda vez que me deja en estado de indefensión y existe violación procesal en mi perjuicio." (sic). Además, la peticionaria de amparo indicó: ".V.-FECHA DE NOTIFCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN: Fue publicada el 27 veintisiete de noviembre de dos mil quince." Asimismo, en el escrito de cinco de septiembre del actual, bajo protesta de decir verdad, la quejosa manifestó: ".3.- Bajo protesta de decir verdad, señalo como acto reclamado el acuerdo del día 16 de mayo del año 2016, y tuve conocimiento el día 14 de junio, ya que la suscrita se presentó al juzgado y de manera personal, al no informarme mi abogado sobre el estado del procedimiento, donde me entere que mediante oficio suscrita por la licenciada Nallely Esmeralda Salazar Andrade, Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, informa al juzgado que procedió a realizar la anotación marginal de mi bien inmueble.(sic). Analizado el contexto de la demanda y el escrito de cuenta, se llega a la consideración de que el juicio que ahora se promueve es improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.) De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la aquí quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó que el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil quince, fue publicado el veintisiete noviembre del citado año; respecto del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, indicó que tuvo conocimiento el catorce de junio del año en curso. En efecto, las manifestaciones de la parte quejosa constituyen una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis , cuyo sumario dice: AMPARO, CONFESIÓN EN EL Por tanto, lo anterior es suficiente para acreditar que desde el treinta de noviembre de dos mil quince (día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil quince) y catorce de junio de dos mil dieciséis, (fecha en que tuvo conocimiento del proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis) la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados. Por consiguiente, si la parte quejosa promovió la demanda de amparo hasta el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, contra tales actos. Es así, pues desde el treinta de noviembre de dos mil quince y catorce de junio de dos mil dieciséis, fechas en que tuvo conocimiento de los actos que en esta vía combate, hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, transcurrieron más de quince días. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita dichos actos, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del siguiente al en que surtió efectos la notificación y al en que tuvo conocimiento de los actos que reclama; sin embargo, al no hacerlo así, la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis , que dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO Cabe precisar que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil quince, en el que manifiesta existió una violación procesal en su contra, y tomando en consideración que la quejosa es parte demandada en el juicio 872/2015, del Juzgado del Ramo Civil, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, en el cual ella mismo manifestó que el catorce de junio de este año, se dictó sentencia condenatoria en su contra, se estima que estuvo en aptitud de hacer valer en la instancia correspondiente la violación procesal que refiere. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ****************** Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Secretaria Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residentes en esta ciudad y anexo; mediante el cual informan los actos que han realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CUYA SINTESIS DICE:"Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 12916 (107-114), la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad Ordenadora la ORDEN DE VALORACIÓN PSICOLÓGICADE LA MENOS DE INICIALES V.Y.V.C., emitida por la responsable mediante acuerdo de fecha 08 de marzo del 2016 [.]". Ahora bien, mediante resolución de siete de julio de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintinueve del citado mes y año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación examinados, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: a) Deje sin efectos el auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciado en el juicio sobre controversias del orden familiar (guarda y custodia) 890/2014; y, b) En su lugar, siguiendo las directrices trazadas en la parte considerativa de esta sentencia, dicte otro por el cual reitere la necesidad de desahogar como prueba para mejor proveer la pericial psicológica a cargo de la menor quejosa, pero al proveer sobre la forma de su desahogo, adopte, por lo menos, las medidas de protección y no repetición destacadas en el presente fallo. [.]". ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 12916 (fojas 107-115), la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 890/2014, de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente 890/2014, de su registro; en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amaro, realizó lo siguiente: a) Dejó sin efectos el auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciado en el juicio sobre controversias del orden familiar (guarda y custodia) 890/2014; b) En su lugar emitió otro -cinco de agosto de dos mil dieciséis-, en el que reiteró la necesidad de desahogar como prueba para mejor proveer la pericial psicológica a cargo de la menor quejosa; c) Al proveer sobre el desahogo de la pericial en comento, además de adoptar las medidas necesarias de protección para garantizar un escenario en que la menor se sintiera lo suficientemente segura de expresar sus emociones, también tomó en consideración las medidas necesarias para la no repetición de dicha pericial, lo cual informó puntualmente a la perito encargada de llevar a cabo el desahogo de la probanza, a saber: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Indicó que el desahogo de la prueba debía ser en una sola sesión privada, con los intervalos de descanso y relajación que amerite el estado emocional que presente la menor, y en presencia de persona de su confianza; La no intervención o interrupción de las partes durante las evaluaciones; A fin de realizar una valoración previa solicitó los métodos que habrán de ser empleados por los peritos, en lo atinente a la probable afectación que pudieran propinar al menor; y, Solicitó apoyo médico en caso de que la menor requiera atención al momento de la entrevista. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA NO REPETICIÓN DE LA PERICIAL DE MÉRITO Precisó a la especialista designada que la sesión sostenida con la menor debía ser grabada en audio e imagen a fin de que pudiera ser estudiada posteriormente, evitando en la medida de lo posible mayor involucramiento directo y personal por parte de la menor y para que la valoración de la pericial en su momento abarcara el desarrollo de la misma y no únicamente su resultado; y, Estableció que la grabación debía ser integrada, transcrita y permanecer en el expediente correspondiente. De ahí que además de haber tomado en consideración la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, para el desahogo de la pericial psicológica en cuestión, las medidas necesarias de protección para garantizar un escenario en que la menor se sintiera lo suficientemente segura de expresar sus emociones, también tomó en cuenta, las medidas necesarias para la no repetición de la pericial en comento; por lo que se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. CONTESTACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR CUYO NOMBRE SE OMITE PARA PROTEGER SU IDENTIDAD, A TRAVÉS DEL OCURSO CON NÚMERO DE FOLIO 13569 Con relación a las manifestaciones vertidas por la representante especial de la menor quejosa, cuyo nombre y apellidos se omiten para proteger su identidad, con número de folio 13569 (124), en el sentido a que se requiera a la autoridad responsable informe las técnicas y métodos que utilizará la perito en psicología para desahogar la prueba pericial de que se trata; dígase que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden, pues el efecto para el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente asunto, fue para que la responsable dejara sin efectos el auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciado en el juicio sobre controversias del orden familiar (guarda y custodia) 890/2014, de su registro y en su lugar, siguiendo las directrices trazadas en la parte considerativa de la sentencia, dictara otro por el cual reiterara la necesidad de desahogar como prueba para mejor proveer la pericial psicológica a cargo de la menor quejosa, pero al proveer sobre la forma de su desahogo, adoptara, por lo menos, las medidas de protección y no repetición destacadas en la sentencia de amparo, lo cual fue realizado por la autoridad responsable. Como se denota, el amparo y protección de la justicia federal no abarca esperar hasta el desahogo de la pericial en comento, sino que únicamente constriñe a la responsable a proveer sobre la forma de su desahogo, pues la vigilancia de que se cumplan con todos los requisitos dictados en el proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, corresponde a la autoridad responsable, no resultando jurídicamente posible que esta autoridad de amparo sustituya a la responsable en el trámite del juicio de origen; por tanto, tales afirmaciones resulten inoperantes."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- María del Socorro Robles García60/2021
- María del Socorro Salazar Cano76/2023
- María Dolores García Ramírez88/2017
- María Dolores García Ramírez, cond. Griselda Jiménez Barrios y Otros.3/2023
- María Dolores García Ramírez, cond. Griselda Jiménez Barrios408/2023
- María Dolores Pedrero Corzo y Otros.549/2022
- María Dolores y/o Dolores Pérez Sarmiento1216/2023
- María Edelmira Borrallez Ozuna1534/2019
- María Edith Camas Ruiz, rep. Ramón Gómez Sánchez1087/2023
- Maria Edith Perez Nañez578/2022
- Maria Edith Perez Nañez414/2023
- María Elda Espinosa Madrigal254/2019