María Dolores Salinas Becerra
Expediente 2460/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2460/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- María Dolores Salinas Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
Vista la razón asentada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se desprende que no fue posible notificar al tercero interesado persona moral Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por las razones que menciona; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos y se ordena su notificación por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes aun las de carácter personal.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Del estudio integral de la demanda y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que María Dolores Salinas Becerra, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 746/2015. Al respecto el artículo 63, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; " De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta en su informe de ley, aceptó parcialmente la existencia del acto que se le reclama manifestando al respecto que el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se emitió la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 746/2015 y, para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias conducentes, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada no existía en la forma planteada por la solicitante de amparo. Cierto, entre las referidas constancias obra copia de la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 746/2015. Luego, es inconcuso que al momento en que se presentó la demanda que dio origen al presente sumario, a saber, cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la omisión reclamada no existía; en virtud de que, como ya se expuso, del informe de ley de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se emitió el laudo respectivo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por ser inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con doce minutos del nueve de enero de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso de las constancias de autos queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado de suerte que tal causa de sobreseimiento aun celebrándose la audiencia constitucional no podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Del estudio integral de la demanda y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que María Dolores Salinas Becerra, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 746/2015. Al respecto el artículo 63, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; " De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta en su informe de ley, aceptó parcialmente la existencia del acto que se le reclama manifestando al respecto que el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se emitió la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 746/2015 y, para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias conducentes, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada no existía en la forma planteada por la solicitante de amparo. Cierto, entre las referidas constancias obra copia de la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 746/2015. Luego, es inconcuso que al momento en que se presentó la demanda que dio origen al presente sumario, a saber, cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la omisión reclamada no existía; en virtud de que, como ya se expuso, del informe de ley de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se emitió el laudo respectivo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por ser inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con doce minutos del nueve de enero de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso de las constancias de autos queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado de suerte que tal causa de sobreseimiento aun celebrándose la audiencia constitucional no podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE.
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