Maria Dolores Saavedra Leos
Expediente 1077/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2023
Partes del expediente
- Maria Dolores Saavedra Leos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Se atiende promoción. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, a través del cual remite los autos originales del presente juicio y testimonio dictado por el oficiante. De la resolución en comento, pronunciada en sesión ordinaria virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintitrés, se advierte que el oficiante determinó: "ÚNICO. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por LOURDES MARISSA HERRADA CARDOSO, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo." Por tanto, acúsese el recibo correspondiente; háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento. En atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que, se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica portal de servicios en línea, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De conformidad con el artículo 3°, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, agréguense las constancias antes relacionadas, asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en mención. En lo que interesa, el tribunal en cita resolvió que improcedente el recurso de revisión, por tanto, queda firme la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal concedida en sentencia para los siguientes efectos: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." Se requiere cumplimiento. En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la referida autoridad, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la parte quejosa: .... Si les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que hace referencia el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y en caso de que se les haya instaurado el referido procedimiento, y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá ser declarado insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar el pronunciamiento respectivo. En el entendido de que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, debiendo remitir copia certificada por duplicado de las constancias que así lo acredite, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.). De igual forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; así como el artículo 9, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, la conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo o en su caso manifieste impedimento legal alguno, asimismo de resultar no ser el superior jerárquico de la autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, informe a quien sí lo es. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Primer Circuito con residencia en Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mí adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Estado procesal. Por otra parte, de la segunda certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria, sin que la fecha haya hecho; toda vez que se notificó el doce de septiembre siguiente, por lo que dicho plazo ha transcurrido en exceso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo; por lo que se dejan sin efectos los apercibimientos decretados a las diversas autoridades. Para ello, es necesario tener presente que el Tribunal revisor desechó los recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia dictada en autos y en lo que interesa este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015), así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." De la anterior transcripción, cabe destacar que los efectos del amparo se traducen en los puntos siguientes: Si a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual informa que no se realizó procedimiento de Fiscalización electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Con lo anterior, el nueve de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. De lo antes narrado, este órgano de control constitucional considera que, se encuentra debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, ello en virtud de que la Jefa del Servicio de Administración Tributaria no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató la ejecutoria en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto, por lo que se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en autos. Por lo tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Fundamento: Artículos 192, 193 y 196 de la ley de Amparo. Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 202 de la ley de amparo provéase lo conducente respecto al archivo del presente asunto. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción. Téngase por recibida la promoción de cuenta, mediante la cual Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite el juicio de amparo 2427/2021, de su índice, sin integrar, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por**************, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades. Sin que sea necesario acusar recibo de autos, toda vez que así lo determinó el órgano jurisdiccional en cita, mediante proveído de uno de diciembre del año en curso, dictado en el cuaderno respectivo de su índice. Avocamiento y registro. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 1077/2021. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que le corresponda el presente asunto, que deberá dar fe en lo sucesivo de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que NO CONTIENE FIRMA AUTÓGRAFA, NI FIRMA ELECTRÓNICA de María Dolores Saavedra Leos, por lo que no hay expresión de su voluntad que permita tomar en consideración las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo. En efecto, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. EL juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" El precepto en cita establece que los gobernados, persona física o moral- por sí o por medio de su representante legal-, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de los derechos que estimen violados. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte, mismo que se contiene en el artículo 6 de la Ley de Amparo. Así, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte agraviada y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial para dar curso a cualquier promoción judicial, por ser la expresión de la voluntad del accionante. En ese sentido, si la demanda de amparo carece de firma, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Esto es, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y produce los mismos efectos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. Cabe mencionar que si bien es cierto la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, como lo prevé el artículo 3 de la ley de la materia, también es verídico que la validez de dicho escrito está condicionada a que contenga la firma electrónica, misma que se expide conforme a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Es necesario hacer hincapié que el promovente no se encuentra en estado de indefensión debido a lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico, así como en los diversos Acuerdos Generales 8/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; se hace del conocimiento al público en general las medidas para presentar, promover o consultar en el esquema de juicio en línea o físicamente por medio de "buzones judiciales"; aunado a que de sus manifestaciones aduce ser trabajador del Poder Judicial de la Federación, por lo tanto tiene conocimiento de los acuerdos antes mencionados y cuenta con alguna de las firmas electrónicas requeridas. En conclusión, si la demanda de amparo carece de firma, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada; asimismo, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como parte promovente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia: P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, registro 2019715, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. Así como, por identidad jurídica sustancial, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 38, Primera Parte, página: 27, de rubro: FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida; de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo presentada electrónicamente por María Dolores Saavedra Leos. Autorizados para oír y recibir notificaciones y consulta vía internet. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Luis Fernando García Muñoz, dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, en relación con la autorización para la consulta del expediente electrónico vía internet, considerando que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el usuario "NOALPADRON"; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa. En atención a ello, se instruye al ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Utilización de Medios Electrónicos. De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio de la parte quejosa. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio particular para oír y recibir notificaciones; sin embargo, a su vez, también solicitó que sus notificaciones se realizaran en el usuario que proporcionó para tal efecto, el cual es el siguiente: "NOALPADRON". Atento a ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional, cuál es la vía que solicita para que se le practiquen las notificaciones en este juicio de amparo, ya sea la forma tradicional para oír y recibir notificaciones en el domicilio señalado o la vía electrónica; apercibido que de no precisar tal circunstancia, se continuarán realizando las notificaciones de manera electrónica, aun las de carácter personal, en el entendido que la presente notificación por las condiciones de la contingencia de salud que prevalece en el país con motivo del virus COVID-19, se realizará de manera electrónica. Lo anterior, resulta en mayor beneficio para la parte quejosa, dado que de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con el capítulo III, del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la tramitación electrónica se erige como eje rector de los expedientes que se sustancian en los órganos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.35 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, Materia Común, página 2366, registro: 2017925, de rubro: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR." Lo anterior se justifica, dado que el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de privilegiar la solución del conflicto por sobre los formalismos procesales, con miras a lograr la tutela judicial efectiva; debiendo considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad), de ahí que el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas. Además de que, en el mencionado precepto 17 de la Constitución General de la República, puntualiza que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por tanto, en estricto acatamiento al artículo citado, en los juicios o en los procedimientos relativos, todas las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con la única limitante de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia I.14o.T. J/3 (10a.), del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, febrero de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Común, página 2478, registro: 2019394, de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. Asimismo, apoya lo anterior, en la parte conducente, la tesis (IV Región) 2o.13 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Materia Constitucional, Común, página 1524, registro: 2016171, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO FRENTE A FORMALISMOS PROCEDIMENTALES Y SOLUCIONES DE FONDO DE LOS CONFLICTOS.ÉSTAS DEBEN PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUÉLLOS, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS." Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia (oposición a la publicación de datos personales). Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. Jurisprudencia. La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." Domicilio del Juzgado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas de forma electrónica o en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 3, planta baja, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente.
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- Maria Dolores Ruiz Ambriz1086/2020
- Maria Dolores Soto Bours920/2017
- Maria Dolores Vega Rueda1294/2022
- Maria Eduwiges Cortes Villela951/2023
- Maria Elena Aguilera Montoya31/2019
- Maria Elena Arellano Castillo5004/2022
- María Elena Berra Hurtado2055/2019