María Dolores Ramírez Martínez
Expediente 2716/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2716/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- María Dolores Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos se advierte que no obran las constancias de notificación de las autoridades responsables correspondiente al proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. gírese oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a fin de notificarles el mencionado proveído. La autoridad responsable Ayuntamiento del Municipio de Zuazua, Nuevo León, por conducto de quien la representa, informa que no ha sido notificada del acuerdo de diez de noviembre del año próximo pasado. agréguese a los autos para que obre como derecho corresponda el comunicado en cometo, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento legal alguno, toda vez que en líneas pasadas, se proveyó lo solicitado.
- Principal
Visto lo de cuenta, comuníquese a las partes, para los efectos legales conducentes, que a partir del uno de diciembre del presente año, quien suscribe, Ramón Lozano Bernal, asume la Titularidad de este órgano jurisdiccional. Las autoridades del municipio de General Zuazua, Nuevo León, cumplen el requerimiento efectuado mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso. agréguese el oficio de cuenta, sin que se realice mayor pronunciamiento toda vez que por auto de diez de noviembre del actual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no es posible llevarla a cabo; toda vez que, no obra notificación a las autoridades responsables del proveído de cuatro de noviembre del año en curso, en el que se les requirió para que exhiban copias del escrito en el que anunciaron las pruebas testimonial y pericial. No obstante lo expuesto, se estima que en este asunto procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; en virtud de que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción o resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, la parte quejosa reclamó fundamentalmente los actos siguientes: 1. El cese, suspensión y/o baja definitiva del cargo que venía desempeñando como "Custodio" de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de General Zuazua Nuevo León. 2. Los efectos y consecuencias mediatas e inmediatas originados con motivo de la referida baja del cargo. Por otro lado, en el informe justificado correspondiente a las autoridades responsables, se informó que el cinco de enero de dos mil veintidós, la impetrante María Dolores Ramírez Martínez renunció al cargo que desempañaba; agregó, que diez de enero de dos mil veintidós, la quejosa recibió el cheque relacionado con su indemnización. Para sustentar su dicho, la autoridad remitió copia certificada de las actuaciones informadas, las que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Relacionado con lo anterior, mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, Ana María Mendoza Velázquez, autorizada por la quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, señaló que en fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, se comunicó con su representada dado los informes rendidos por la autoridad responsable, y que la impetrante le refirió que efectivamente firmó la renuncia voluntaria y recibió finiquito con motivo de la destitución de su cargo como Policía del Municipio de Zuazua Nuevo León. Asimismo, la profesionista solicitó se le tuviera por renunciado a la autorización conferida por la quejosa. Es importante considerar, que mediante acuerdo dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se otorgó vista a la quejosa con las manifestaciones de su autorizada, a fin de que manifestara lo que a sus intereses conviniera. La quejosa omitió efectuar manifestaciones, no obstante haber sido notificada, según constancia que obra agregada al expediente. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues sus consecuencias han sido destruidas en forma total e incondicional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
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