Maria Dolores Ponce de la Cruz
Expediente 1798/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1798/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maria Dolores Ponce de la Cruz
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A PARTE QUEJOSA RESOLUCIÓN DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
En veinte de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con el escrito signado por la quejosa María Dolores Ponce de la Cruz. Conste. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por María Dolores Ponce de la Cruz, contra actos del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas y otra autoridad; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1798/2019 IV-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de manera notoria y manifiesta que existe una causal que hace improcedente la promoción del juicio de amparo, ya que respecto del acto que se reclama, se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 61 fracción XXIII, de la citada legislación. Para confirmar el acierto de mérito, conviene traer a cuenta, primeramente, lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado por su contenido y alcance en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Enseguida, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: - El proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve dictado por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 26/2016, promovido por la tercero interesada Leticia Torres Cabrera, en contra de la aquí quejosa María Dolores Ponce de la Cruz; en el que se ordenó el lanzamiento de la impetrante del amparo, respecto del bien inmueble afecto a la Litis, respecto de lo cual fue condenada en la sentencia emitida en dicho juicio. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Conforme a lo anterior, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, en su fracción IV, párrafo segundo, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia, puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por Nuestro Más Alto Tribunal, en la tesis visible en la página 7, del Tomo VI, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la determinación que aquí se reclama, fue pronunciada en etapa de ejecución de sentencia, de un juicio ordinario civil, en el que el juez responsable ordenó requerir a la parte demandada en el juicio la entrega del inmueble afecto a la litis. Por lo que, se confirma que al no encontrarnos, en la especie, ante la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia y el acto que ahora se reclama no es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, resulta improcedente el juicio de amparo, conforme lo prevé el párrafo segundo, de la fracción IV, del artículo 107, transcrito. Por lo que se evidencia que el acto impugnado en la presente vía constitucional, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, es decir, la que tiene por cumplida dicha determinación, sino sólo representa una actuación judicial para hacer eficaz y definitiva la resolución. Sin que pase inadvertido para este Juzgador, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página seis, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, Registro 163152, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. Toda vez que en el caso particular, no nos encontramos ante una determinación que vulnere derechos sustantivos de la parte demandada, ajena a la cuestión debatida en el juicio, habida cuenta de que el bien inmueble que describe fue materia de la sentencia ejecutoria del juicio, en que se condenó a su desocupación y entrega. Por lo que, los actos que ahora reclama son consecuencia lógica de lo que fue materia de condena en aquélla instancia; con lo que se confirma que el acto aquí reclamado, solo se ocupa del cumplimiento forzoso de lo condenado en la sentencia definitiva y no otra circunstancia diversa o ajena, todo lo cual en respeto a la cosa juzgada como institución procesal fundamental protegida por el legislador. Atendiendo a lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el citado normativo, el mismo resulta improcedente, actualizándose de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 107, fracción IV del propio ordenamiento. Por lo que, los vicios que pudiese ocurrir en la ejecución, debe decirse que se encuentran en aptitud de hacerlos valer ante el juez civil responsable o en su defecto, reclamarlos en la demanda de amparo que se intente contra la última de las resoluciones mencionadas, en la que podrán hacer valer tales hechos como violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre y cuando la hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Cobra aplicación la jurisprudencia 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página: 60, que dice: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. De la misma forma le resulta aplicación la jurisprudencia 253, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página: 1331, que dice: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Dolores Ponce de la Cruz, contra actos del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas y Actuario Judicial de su adscripción. También es de señalarse que esta determinación no contraviene las garantías judiciales y de protección judicial que prevén los artículos 8° y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que al efecto señalan: "ARTÍCULO 8°.- Garantías Judiciales.- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "ARTÍCULO 25.- Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.- Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." En virtud de existir pronunciamiento de nuestro Más Alto Tribunal en ese sentido, en la jurisprudencia 22/2014, sustentada por la Primera Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, tomo I, página: 325, que dice: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio Manuel Galdámez Peregrino y Julio Roberto Suárez Martínez, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el párrafo segundo del aludido numeral, se habilita para el único efecto de oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala en su escrito de demanda, por no contar con dicho registro. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, ante la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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