Maria Dolores Jimenez Rodriguez
Expediente 1550/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1550/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 13/04/2018
Partes del expediente
- Maria Dolores Jimenez Rodriguez
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo se evidencia que mediante auto de doce de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se remitió al archivo el presente expediente; sin embargo se omitió devolver las constancias remitidas por el juez responsable al rendir su informe justificado. Atento a lo anterior, devuélvanse las constancias remitidas por el juez responsable para que esté en posibilidad de proveer lo que a derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII.- La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito, conjuntamente con los cuadernos incidentales. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Ma. Dolores Jiménez Rodríguez, por medio del cual solicita copia simple de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, así como la devolución del documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda de amparo. Atento a lo anterior, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 278 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse al promovente, bajo su costa las copias solicitadas y devuélvanse los documentos referidos, con la aclaración que se deberá dejar en su lugar, copia certificada de los mismos que se entreguen. En el entendido que quien se presente a recogerlos y se encuentre autorizado, deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese.
- Principal
VII.- Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1550/2017-VII, promovido por María Dolores Jiménez Rodríguez, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma y otra autoridad; por lo que, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad de Toluca, remitido ese día a este Juzgado Federal, María Dolores Jiménez Rodríguez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: Autoridad ordenadora Juez Primero en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Autoridad ejecutora Ejecutor adscrito al Juzgado Primero en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Actos reclamados La orden de reingreso al domicilio conyugal del señor Armando Centeno Ríos, con uso de la fuerza pública, derivada de los autos del expediente 555/2015, sobre divorcio incausado y violencia familiar, así como sus consecuencias. Actos que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda respecto de las autoridades precisadas, ordenó integrar por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito, pidió informe justificado a las autoridades responsables y ordenó el emplazamiento a juicio de los terceros interesados -partes en el juicio de origen-; y, finalmente, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional que después de diferirse en dos ocasiones por las razones que constan en autos, finalmente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracción IIl, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos reclamados además de ser atribuidos a autoridades que tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, intentaron ser ejecutados materialmente dentro del ámbito territorial respecto del cual este Juzgado de Distrito, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis integral de la demanda; ello además, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama las actuaciones del juicio 555/2015, en las que se ordena el reingreso al domicilio conyugal del señor Armando Centeno Ríos, con uso de la fuerza pública, así como sus consecuencias, ostentándose como tercera extraña a dicho procedimiento, en sentido estricto, al no ser parte formal ni material, y refiriendo tener derechos reales sobre el inmueble en el que se ordenó el referido reingreso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, así como la Ejecutora de su adscripción, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que además se corrobora con el contenido de las constancias remitidas por dichas autoridades. Tales documentales públicas constan por separado en dos tomos de pruebas debidamente identificados que se tienen a la vista al resolver, y al igual que los propios informes, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal segundo de la ley de la materia, toda vez que la formación de las primeras está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública y, respecto de los segundos, debido a que fueron expedidos por autoridades en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia, por ser una cuestión de orden público. Así, del análisis oficioso de las constancias que integran los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de dicho artículo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues respecto del acto consistente en las actuaciones del juicio 555/2015, en las que se ordena el reingreso al domicilio conyugal del señor Armando Centeno Ríos, con uso de la fuerza pública, así como sus consecuencias, en el inmueble que defiende la quejosa; sobreviene una cesación, toda vez que de las constancias que integran el juicio de origen respecto del cual se ostenta como tercera en sentido estricto; se aprecia que con posterioridad a las citadas actuaciones el Juez responsable emitió un acuerdo en el que determinó no acordar favorable la autorización del uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para llevar a cabo el reingreso de Armando Centeno Ríos al domicilio conyugal. Ello porque estimó que estaba demostrado que el inmueble en el que se había constituido el domicilio conyugal ya no pertenecía a la señora Paulina Acosta Sánchez, al existir un documento que justificaba que la posesión del citado bien, ahora la tenía María Dolores Jiménez Rodríguez, es decir, la quejosa. Destacando dicho juzgador que al tratarse de una tercera que tenía la posesión en nombre propio, sin ser sido oída en juicio, no podía decretar en su contra la orden de entrega del referido bien, pues de der así transgrediría los artículo 14 y 16 Constitucionales, por lo que dejó a salvo los derechos de Armando Centeno Ríos, para que los hiciera valer en la vía y forma que mejor creyera conveniente, quedando de esta forma sin efectos el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917637, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, como la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917949, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 71, del Tomo Vl, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1997, Novena Época, con número de registro 197367, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Si las autoridades responsables se encuentran gozando de su segundo período vacacional del presente año, se comisiona al Actuario para que realice el envió de los presentes oficios correspondientes una vez que reanuden sus labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, oficio que deberá quedar bajo su resguardo y responsabilidad hasta que sea entregado. Así, por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por María Dolores Jiménez Rodríguez, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
VII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los dos primero oficios de cuenta signados por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México y por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, a través de los cuales en relación al requerimiento formulado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, proporcionan diverso domicilio del tercero interesado Armando Centeno Ríos; atento a lo anterior, se tiene por cumplimentado el requerimiento y déjese insubsistente el apercibimiento contenido en dicho proveído; asimismo, se reserva proveer lo que ha derecho corresponda hasta en tanto se de cumplimiento a lo acordado en auto de dieciocho de los corrientes, por el cual se ordenó el emplazamiento del tercero interesado en diverso domicilio. Asimismo, se tiene por recibidos los oficios restantes signados por el Gerente Integral de Área Toluca de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y por el Jefe del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de los cuales en atención al de trece de los corrientes, hacen del conocimiento que en su registro no cuentan con domicilio donde pueda localizarse el tercero interesado Armando Centeno Ríos; atento a lo anterior, se tiene por cumplimentado el requerimiento y déjese insubsistente el apercibimiento contenido en dicho proveído. Notifíquese.
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