María Dolores Hernández Reyes

Expediente 334/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
334/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • María Dolores Hernández Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    . Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado mediante proveído de tres de junio de dos mil veintidós, para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que ejerciera ese derecho procesal. Por tanto, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, se destaca que en el presente expediente se concedió el amparo; por tanto, es susceptible su depuración, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b), del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    .Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la vista concedida en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, sin que la desahogara; en consecuencia, este órgano constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintidós, en su segundo resolutivo se concedió el amparo a la quejosa María Dolores Hernández Reyes, para los siguientes efectos: a) Pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de los medios probatorios anunciados en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 004/2021 de su consecutivo. 2. En acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. 3. Por proveído dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio STYPS/JECA1BJ/1072P/V/2022, remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, mediante el cual remitió fotocopia certificada del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral 004/2021, en el que proveyó respecto de los medios probatorios anunciados en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el citado juicio laboral de su consecutivo; por lo que en esa misma data se puso a la vista de la parte quejosa las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Ahora, de las constancias remitidas en cumplimiento al fallo protector, a los que se concede valor probatorio pleno en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues para ello realizó lo siguiente: La autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral 004/2021, proveyó respecto de los medios probatorios anunciados en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el citado juicio laboral de su consecutivo. Luego, dicha situación deja cumplimentada para todos los efectos la sentencia de amparo concedida, restableciendo las cosas al estado que guardaban en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia de amparo fue cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, este juzgado de distrito tiene por cumplido el fallo protector. Con lo anterior y con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, póngase a la vista de la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo de referencia, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentido el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, ordenándose el archivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad responsable vía oficio, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    .Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción remitida por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, mediante la cual a fin de demostrar el total cumplimiento al fallo protector, remite fotocopia certificada del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral 4/2021, en el que proveyó respecto de los medios probatorios anunciados en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el citado juicio laboral de su consecutivo, documental con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de la parte quejosa el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable para acreditar que acató el fallo protector, corriéndole traslado con fotocopia sin certificar de ese documento, por el plazo de tres días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que, en caso de estimarlo conveniente y dentro del término concedido, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que para el supuesto de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente.

  4. Principal

    En doce de abril de dos mil veintidós, la secretaria Karina Giovana Miranda Ballón, certifica: que obra el informe justificado de la autoridad responsable, no hay pruebas por preparar y ninguna de las partes solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Doy fe. La secretaria En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con diez minutos del doce de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 334/2022-I del índice de este juzgado, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Karina Giovana Miranda Ballón, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias de autos; asimismo, da cuenta con las promociones con registro 6450 y 6464; en consecuencia el Juez acuerda: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta mediante el cual la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, rinde informe justificado; por tanto, tómese en cuenta al dictar la presente sentencia. Por otro lado, agréguese a los autos el pedimento firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, y visto su contenido, téngansele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo y hágase la relación en la etapa correspondiente. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de expedir fotocopias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígase que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma. Finalmente, téngase por hecha la relación secretarial para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, aportaron pruebas documentales; y las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, la cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes, a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal de la adscripción, por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 334/2022-I, promovido por María Dolores Hernández Reyes, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido el mismo día, mes y año por razón de turno a este juzgado María Dolores Hernández Reyes, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad responsable los siguientes actos: - - - La denegación de justicia, toda vez que la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, HA OMITIDO ADMITIR LAS PRUEBAS, que se ofrecieron en audiencia de fecha trece de diciembre del año 2021, correspondiente en el Juicio Reclamatorio Laboral número 004/2021, acordando la autoridad responsable lo siguiente: "por otro lado para un mejor estudio y análisis esta H. junta se reserva el derecho de acordar las pruebas ofrecidas.." y hasta la presente fecha no se ha dictado fecha y hora para el desahogo de pruebas ofrecidas por ambas partes, tal como lo acredito con la constancia de audiencia de fecha 13 de diciembre de 2021, violentando los artículos 880, 853, 884 y demás relativos aplicables a la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el cuatro de abril de dos mil veintidós, ante este Juzgado de Distrito, en auto de cinco siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 334/2022-I, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quién formuló pedimento legal; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama una omisión de un tribunal en materia de trabajo que carece de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consiste en: a) La omisión de pronunciarse sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio reclamatorio laboral 004/2021 del índice de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado precisado en el considerando tercero de esta sentencia. Lo anterior se corrobora con la documental que exhibió la junta responsable como justificación a su informe, consistente en fotocopia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de trece de diciembre de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio laboral 004/2021 de su índice, a la que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, de la que se advierte que en dicha audiencia la autoridad responsable se reservó acordar lo conducente en relación a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen, sin que a la fecha obre en autos constancia de que ya emitió el pronunciamiento respectivo. Por tanto, se tiene por cierto dicho acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que debiera estudiarse de oficio. Por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito juez no tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 205800 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia cuyos datos de localización, enseguida se citan: "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Sin embargo, el juicio de amparo es procedente de conformidad con la jurisprudencia citada, ya que la abstención reclamada, precisada en el considerando tercero, de esta sentencia, excede los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha en que legalmente se debió realizar la actuación cuya omisión de verificar se reclama, tal y como se establece en la referida jurisprudencia como estándar mínimo objetivo para considerar una dilación excesiva. En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa expresa como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es fundado y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En el considerando tercero de esta sentencia, se precisó que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de pronunciarse sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 004/2021 del índice de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. Así las cosas, la parte quejosa aduce que la omisión de la junta responsable contraviene lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y, por ende, también conculca lo establecido en el artículo 17 constitucional, en cuanto a la prontitud y expedites en la impartición de justicia. Lo así hecho valer, resulta fundado, pues en términos del artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, pues el pronunciamiento sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas debe hacerse dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sobre el tema, los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se arriba a la conclusión que una vez que feneció el ofrecimiento de pruebas, la junta debe inmediatamente proveer sobre éstas, pudiendo reservarse para hacerlo dentro de los cinco días siguientes; hecho lo anterior, en el mismo acuerdo en que provee al respecto, debe señalar día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que habrá de efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, dictando las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hubieran admitido. Ahora, de las propias manifestaciones vertidas por la junta responsable en su informe justificado, se advierte que hasta la presente fecha no se ha pronunciado sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 004/2021 de su consecutivo. Lo anterior se corrobora, de la documental que exhibió la autoridad responsable consistente en la fotocopia certificada de la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio laboral 004/2021 de su consecutivo, a la que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto de esta sentencia, se advierte que la autoridad responsable se reservó acordar respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes contendientes, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de abril de dos mil veintidós), se haya pronunciado sobre su admisión o desechamiento. De lo expuesto, se colige que la junta responsable inobservó lo establecido en los preceptos legales citados, ya que resulta evidente que la falta de pronunciamiento sobre la admisión de los medios probatorios ofrecidos en el procedimiento laboral excede el tiempo establecido en la ley para su realización (en el momento o dentro de los cinco días posteriores al ofrecimiento), así como los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 33/2019 (10a.) expuesta con antelación en esta sentencia, sin que haya motivado la razón que justifique la tardanza acusada por la parte quejosa; por ende, esas inactividad contraviene lo previsto en el artículo 880, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo y constituye una paralización del procedimiento laboral que afecta el derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional. Dicha violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con la forma de actuar de la junta -al no pronunciarse sobre la admisión de los medios probatorios dentro del término establecido- se impide la debida continuación de dicho juicio, y aun cuando se siguiera con la secuela procesal, la transgresión al derecho fundamental no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por María Dolores Hernández Reyes, por propio derecho, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, consistente en la omisión de pronunciarse sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio reclamatorio laboral 004/2021 del índice de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se confiere la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, una vez que cause ejecutoria esta resolución, se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de los medios probatorios anunciados en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 004/2021 de su consecutivo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Dolores Hernández Reyes, por propio derecho, contra los actos reclamados de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, que se encuentra precisado en el considerando tercero por los motivos expuestos en el séptimo esta resolución. SEGUNDO. El amparo concedido a María Dolores Hernández Reyes, por propio derecho, es para el efecto de que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria esta resolución, se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de los medios probatorios anunciados en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 004/2021 de su consecutivo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Karina Giovana Miranda Ballón, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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