María Dolores Gutiérrez Segura
Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Dolores Gutiérrez Segura
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ****************, quien se ostenta apoderado de la directa quejosa ****************** sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Recepción de demanda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, quien se ostenta apoderado de la directa quejosa ********************, en contra de un acto del Juzgado Regional Especializado en Oralidad Laboral, residente en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el registro número 825/2022-5. Cuestión preliminar Como cuestión previa, es menester destacar que la demanda de mérito incumple con diversos requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como la acreditación de la personalidad que ostenta el suscriptor del ocurso de cuenta [apoderado de la parte trabajadora, hoy directa quejosa, en el juicio laboral de origen]; exposición clara y precisa de antecedentes relevantes del acto reclamado; y expresión del nombre y domicilio de la parte demandada en el asunto laboral de donde deriva el acto cuestionado, a quien le recae carácter de parte tercera interesada. Sin embargo, este juzgado estima innecesario realizar una prevención a fin de que se subsanen las deficiencias detectadas, debido a que en el caso se actualiza una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable por lo cual, en aras de observar los principios de celeridad y prontitud reconocidos en el artículo 1******************** constitucional, se provee en los términos de este auto, a fin de no generar falsas expectativas sobre el asunto presente. Así, con fundamento en los artículos 103 y 10******************** constitucionales, 1, 10********************, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta apoderado de la directa quejosa ********************, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/********************5 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página ****************************************, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, la parte solicitante de la tutela federal señaló como acto reclamado en forma destacada, el auto de ******************** de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral subyacente ********************/2022, a través del cual la autoridad señalada como responsable tuvo a la institución bancaria denominada ********************, ********************, por cumpliendo con lo requerido en auto de ocho de julio de dos mil veintidós, esto es, dejar a disposición del tribunal laboral la suma de -previamente embargada a la parte reo-********************; lo anterior dentro del periodo de ejecución de sentencia, sin que aún se dé por concluido éste. De los antecedentes de los actos reclamados expuestos por la agraviada en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad, por ende, con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierten los siguientes datos relevantes del caso. 1. La quejosa es parte actora en el juicio laboral de origen ********************/2022 del índice del Juzgado Juzgado Regional Especializado en Oralidad Laboral, residente en esta ciudad. Ese contradictorio se entabló en contra de la persona moral denominada ********************, sociedad anónima de capital variable, quien acusó rebeldía en el juicio. 2. Tras la sustanciación del referido juicio laboral, se dictó sentencia de condena en contra de la parte reo. En periodo de ejecución de sentencia se embargó la cuenta bancaria ******************** aperturada ante el ********************, ********************, sucursal******************** 3. Por auto de ocho de julio de dos mil veintidós, el juez laboral, a petición de la parte actora, hoy quejosa, tuvo por embargada la referida cuenta y previno a la referida institución bancaria para que, con la salvedad de que la cuenta corresponda a diversa persona de la empresa condenada y ejecutada, ponga a disposición del tribunal laboral, única y exclusivamente la suma de ******************** -cantidad a la que fue condenada la parte reo-. Asimismo, el juez responsable apercibió a la institución requerida con, para el caso de desobediencia, doble pago. De igual modo, se otorgó a la persona moral bursátil requerida el plazo, legalmente computado, de tres días para remita copia certificada de los documentos y contratos relativos a la mencionada cuenta bancaria; o bien, exprese el impedimento existente para ello. 4. Por auto de ******************** de dos mil veintidós el juez laboral responsable tuvo a la institución bancaria por cumpliendo con lo requerido en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, esto es, dejar a disposición del tribunal laboral la suma de ********************, previamente embargada; lo anterior dentro del periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 10******************** fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 10********************. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de las porciones normativas en cita, se tiene que el amparo se pedirá ante el Juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe mencionar que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 10********************, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución de sentencia, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en el procedimiento de ejecución de sentencia aún no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, pues la parte actora ni siquiera ha recibido el numerario a que fue condenada la parte reo. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 10********************, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, lo que en el caso no ha sucedido pues solo se tuvo a una institución bancaria por cumpliendo con lo prevenido -dejar a disposición del tribunal laboral de origen, la suma de dinero embargada en la cuenta de la parte reo-, según se advierte de la demanda analizada en su integridad. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 10********************, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el ubicado en calle ********************número ********************(********************) poniente interior ******************** (********************) "B" ********************en esta ciudad. Así también se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 1******************** de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Recepción de demanda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, quien se ostenta apoderado de la directa quejosa ********************, en contra de un acto del Juzgado Regional Especializado en Oralidad Laboral, residente en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el registro número 825/2022-5. Cuestión preliminar Como cuestión previa, es menester destacar que la demanda de mérito incumple con diversos requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como la acreditación de la personalidad que ostenta el suscriptor del ocurso de cuenta [apoderado de la parte trabajadora, hoy directa quejosa, en el juicio laboral de origen]; exposición clara y precisa de antecedentes relevantes del acto reclamado; y expresión del nombre y domicilio de la parte demandada en el asunto laboral de donde deriva el acto cuestionado, a quien le recae carácter de parte tercera interesada. Sin embargo, este juzgado estima innecesario realizar una prevención a fin de que se subsanen las deficiencias detectadas, debido a que en el caso se actualiza una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable por lo cual, en aras de observar los principios de celeridad y prontitud reconocidos en el artículo 1******************** constitucional, se provee en los términos de este auto, a fin de no generar falsas expectativas sobre el asunto presente. Así, con fundamento en los artículos 103 y 10******************** constitucionales, 1, 10********************, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta apoderado de la directa quejosa ********************, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/********************5 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página ****************************************, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, la parte solicitante de la tutela federal señaló como acto reclamado en forma destacada, el auto de ******************** de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral subyacente ********************/2022, a través del cual la autoridad señalada como responsable tuvo a la institución bancaria denominada ********************, ********************, por cumpliendo con lo requerido en auto de ocho de julio de dos mil veintidós, esto es, dejar a disposición del tribunal laboral la suma de -previamente embargada a la parte reo-********************; lo anterior dentro del periodo de ejecución de sentencia, sin que aún se dé por concluido éste. De los antecedentes de los actos reclamados expuestos por la agraviada en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad, por ende, con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierten los siguientes datos relevantes del caso. 1. La quejosa es parte actora en el juicio laboral de origen ********************/2022 del índice del Juzgado Juzgado Regional Especializado en Oralidad Laboral, residente en esta ciudad. Ese contradictorio se entabló en contra de la persona moral denominada ********************, sociedad anónima de capital variable, quien acusó rebeldía en el juicio. 2. Tras la sustanciación del referido juicio laboral, se dictó sentencia de condena en contra de la parte reo. En periodo de ejecución de sentencia se embargó la cuenta bancaria ******************** aperturada ante el ********************, ********************, sucursal******************** 3. Por auto de ocho de julio de dos mil veintidós, el juez laboral, a petición de la parte actora, hoy quejosa, tuvo por embargada la referida cuenta y previno a la referida institución bancaria para que, con la salvedad de que la cuenta corresponda a diversa persona de la empresa condenada y ejecutada, ponga a disposición del tribunal laboral, única y exclusivamente la suma de ******************** -cantidad a la que fue condenada la parte reo-. Asimismo, el juez responsable apercibió a la institución requerida con, para el caso de desobediencia, doble pago. De igual modo, se otorgó a la persona moral bursátil requerida el plazo, legalmente computado, de tres días para remita copia certificada de los documentos y contratos relativos a la mencionada cuenta bancaria; o bien, exprese el impedimento existente para ello. 4. Por auto de ******************** de dos mil veintidós el juez laboral responsable tuvo a la institución bancaria por cumpliendo con lo requerido en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, esto es, dejar a disposición del tribunal laboral la suma de ********************, previamente embargada; lo anterior dentro del periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 10******************** fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 10********************. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de las porciones normativas en cita, se tiene que el amparo se pedirá ante el Juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe mencionar que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 10********************, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución de sentencia, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en el procedimiento de ejecución de sentencia aún no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, pues la parte actora ni siquiera ha recibido el numerario a que fue condenada la parte reo. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 10********************, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, lo que en el caso no ha sucedido pues solo se tuvo a una institución bancaria por cumpliendo con lo prevenido -dejar a disposición del tribunal laboral de origen, la suma de dinero embargada en la cuenta de la parte reo-, según se advierte de la demanda analizada en su integridad. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 10********************, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el ubicado en calle ********************número ********************(********************) poniente interior ******************** (********************) "B" ********************en esta ciudad. Así también se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 1******************** de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.
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