María Dolores Gómez Acosta

Expediente 100/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
100/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • María Dolores Gómez Acosta
  • Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva, se determinó negarlas. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el propio día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, el Licenciado Alfonso González Mendizábal, apoderado de Ma Dolores Gómez Acosta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Ordenadora: Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Ejecutora: Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: "El Acuerdo con número de registro 3/2022 de fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós publicado en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos http://www.tsjmorelos2.gob.mx/inicio/circulares tribunal- superior/, en el cual el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. de Morelos determina suspender la actividad jurisdiccional del día veintinueve de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós." SEGUNDO. En auto de uno de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad registró la demanda con el número 100/2022 y la admitió a trámite, requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama el Acuerdo 3/2022, de veintiocho de enero de dos mil veintidós, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que determina suspender la actividad jurisdiccional del día veintinueve de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por sí y como representante del Pleno del mismo, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado e informó que el cuatro de febrero del dos mil veintidós, se emitió el Acuerdo 4/2022, por medio del cual se decretó la reanudación de labores jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Al informe justificado se adjuntó copia certificada de lo siguiente: ? Acuerdo 3/2022, de veintiocho de enero de dos mil veintidós. ? Acuerdo 4/2022, de cuatro de febrero de dos mil veintidós. Esas documentales constituyen prueba instrumental pública y merecen eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. Lo anterior con apoyo además, en la jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, primera parte, tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro y tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, materia común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, en su informe justificado solicita el sobreseimiento del juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional estima que asiste la razón a la autoridad responsable en el sentido de que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ".................. "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se destruyen todos sus efectos y consecuencias en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando, por alguna causa, el acto reclamado se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho afectado o lo dota de un contexto distinto que impide que el acto reclamado pueda surtir con los efectos impugnados. Tales razones justifican la improcedencia del amparo, porque resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el eventual otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena época Materias: Común Tesis: 2ª/J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso se reclama el Acuerdo 3/2022, de veintiocho de enero de dos mil veintidós, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que determina suspender la actividad jurisdiccional del día veintinueve de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós. Sin embargo, de la prueba documental aportada por la parte quejosa y por la autoridad responsable, consistente en el Acuerdo 3/2022, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de enero de dos mil veintidós), el citado Acuerdo ya dejó de surtir efecto legal y material en la esfera jurídica de la aquí quejosa, toda vez que la vigencia del mismo comprendió del día veintinueve de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós, en que estuvieron suspendidas las labores jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. En consecuencia, es dable concluir que han cesado los efectos del Acuerdo 3/2022. Máxime que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, emitió el Acuerdo 4/2022, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, donde se tomó la siguiente determinación: "Primero. A partir del cinco de febrero de dos mil veintidós, se decreta la reanudación de labores jurisdiccionales y administrativas." Lo que confirma que la suspensión de la actividad jurisdiccional determinada en el Acuerdo 3/2022, ya no se prolongó en el tiempo, sino que se levantó precisamente a partir del cinco de febrero de dos mil veintidós. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy ocho de abril de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Justicia del Estado de Morelos por sí y en representación del Pleno del mismo, residente en esta ciudad, por lo que no ha transcurrido el término de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS, DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. CON INCIDENTE. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Concede ambas medidas. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó concederla. Por otra parte, y, toda vez que mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se reservó acordar lo conducente, en relación al oficio con anexo signado por el encargado de despacho de la Unidad de Asuntos Internos de Seguridad Pública del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual remite copias certificadas de diversas constancias, ello en cumplimiento a la sentencia dictada; ello hasta en tanto, se declarara firme la sentencia emitida en el presente juicio; en consecuencia, y, toda vez que con esta fecha se declara firme la resolución dictada, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta así como con las documentales acordadas en auto de veintiocho de abril de la presente anualidad y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

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