Maria Dolores Garcia Rosillo

Expediente 591/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
591/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Maria Dolores Garcia Rosillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por María Dolores García Rosillo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso el solicitante del amparo, por este conducto se procede a notificar el proveído de tres de julio actual, que en lo conducente establece: Vista la demanda de cuenta promovida por ***, por propio derecho, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Único Menor de Acámbaro, Guanajuato y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 123-B, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 591/2019-VII-I, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su volumen, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo este Juzgado Federal estima que la debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente a los actos reclamados se configura una causal de improcedencia, al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el acto reclamado esencialmente es el siguiente: La resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en los autos del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Menor Mixto de Acámbaro, Guanajuato, y su ejecución; auto mediante el cual se tuvo por embargado un porcentaje del salario de la aquí quejosa, para garantizar el pago del adeudo reclamado en esos autos. En este orden de ideas, el Juzgador advierte que con relación a los actos reclamados, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, textualmente dice: ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De lo hasta aquí expuesto, es claro que la promovente del amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, toda vez que contra el auto de veintiuno de junio del año en curso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del juzgado señalado como responsable, estaba obligado a agotar el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio, el cual señala: Art. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Ello es así, toda vez que la solicitante de la protección constitucional es parte demandada en el juicio de origen, de ahí que debió interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, modificar o revocar los actos reclamados y, al no hacerlo así, se soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, los actos reclamados deben ser atacados previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige los actos, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector de todo juicio de garantías, además que, no se está en el caso excepcional a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna, actualizándose así la causal de improcedencia invocada. Sin que pase inadvertido el alegato de la solicitante de amparo en el sentido de que en términos del numeral 1339 del Código de Comercio, son irrecurribles las resoluciones emitidas en procedimientos de negocios de cuantía menor; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar una interpretación armónica de los diversos numerales 1334 y 1340, arribó a la conclusión de que son impugnables mediante el recurso de revocación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro i, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, tomo I, página 401, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto De los Juicios Mercantiles, título primero Disposiciones Generales, capítulo XXV, denominado de la Apelación, del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Así como la diversa jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, es procedente desechar la demanda de amparo promovida. Se tiene a la promovente del amparo señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado de su parte para recibir notificaciones a la licenciada ***, en los términos más amplios del primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional debidamente registrada en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos restringidos, al C.P. ***, por no cubrir el requisito antes mencionado. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVIII y 113, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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