María Dolores Fonseca Vázquez
Expediente 1212/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- María Dolores Fonseca Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Por recibido el oficio 656/2018-I, de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada con motivo del recurso de queja interpuesto por la promovente... en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por... en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por Secretario en Funciones de Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, en el expediente de desechada 1212/2018". Acúsese recibo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado Notifíquese.
- Principal
Se agrega a sus antecedentes el oficio 6895/2018-SA, de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la promovente... dentro de los autos del expediente desechada 1212/2018-II, al que le correspondió la queja civil 199/2018. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la comunicación de cuenta que remite el Director del Centro de Reinserción Social de Tulancingo, Hidalgo, mediante la cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista a la promovente Torreón, Coahuila, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese la diligencia practicada a la promovente María Dolores Fonseca Vázquez, mediante la cual ratifica su escrito de aclaración de demanda, por tanto, se le tiene por cumplimiento los requerimientos realizados por este juzgado de distrito. Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo y su aclaración, esta juzgado advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: ".Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a). Que exista un motivo de improcedencia y b). Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En efecto, del examen integral de la demanda de amparo y su escrito de aclaración, deriva que la quejosa María Dolores Fonseca Vázquez, reclama el auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, por el que el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital de esta ciudad, declaró infundado e ilegal el impedimento que hizo valer la citada peticionaria de amparo, contra el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta misma ciudad, en relación al juicio ejecutivo mercantil 30/2018. Sobre el particular, este juzgado advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se pasa a demostrar. Los numerales en comento disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De lo antes transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto solo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan los derechos sustantivos fundamentales del individuo a través de la afectación de los derechos humanos, no así los procesales, como lo es la resolución que aquí se impugna. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal, distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y, aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En el primer caso, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo caso, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo, con excepción de aquéllas de magnitud preponderante, que afectan a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias trasciendan e impliquen una situación relevante para el procedimiento. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. De este modo, considerando que la quejosa reclama el auto que calificó de infundado e ilegal el impedimento planteado dentro del juicio de origen, claro es que dicho acto no provoca efectos irreparables sino meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. Lo anterior se explica, pues el auto reclamado únicamente implica que la autoridad impedida continúe conociendo del juicio por todas sus etapas y dicte sentencia definitiva, lo cual constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, en términos de los artículos 171 y 172, fracciones X y XII, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccional de amparo; En ese sentido, se considera que el auto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende, constituye una violación procesal dentro de la sustanciación de un juicio, lo que denota el carácter de violación procesal que no es de imposible reparación ni afecta derechos sustantivos, dado que los efectos legales de la resolución reclamada, podrán o no trascender en el dictado de la sentencia definitiva que corresponda, pues se toma en cuenta que aún no se dicta la sentencia definitiva en el juicio de origen, según lo manifestó la parte quejosa en su escrito de aclaración; por ende, de considerar la agraviada que alguna violación procesal se cometió en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo respectivo podrá impugnarla en amparo directo. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1ª./J 115/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad". Y únicamente en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la Página 542, tomo XII, agosto de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, cuyo epígrafe dice: "RECUSACION CON CAUSA. LA VIA DE AMPARO DIRECTO ES LA PROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. La resolución que declara improcedente una recusación con causa, no es una violación del procedimiento que afecte las defensas del promovente, ya que no lo deja en estado de indefensión, pues queda intacta su capacidad de defensa; tampoco afecta a las partes en el juicio, ya que el mismo continuará tramitándose sin que varíe el procedimiento, en el cual tienen expeditos sus derechos para promover sus defensas conforme convenga a sus intereses; luego, al no ser de imposible reparación dicha cuestión podrá hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva, conforme el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en relación con el artículo 158 del mismo ordenamiento legal, sin que sea óbice el que, en la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio, no pueda ser reparado el hecho de que el juez natural continúe conociendo del juicio, como consecuencia de haberse declarado improcedente la recusación con causa referida, pues tal cuestión surgida dentro del juicio natural, puede hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva que se pronuncie en el mismo, por no ser de imposible reparación". En consecuencia, claro es que el acto reclamado no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para ser examinado aisladamente en el juicio de amparo biinstancial, toda vez que se insiste, los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa, lo que tornarían intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse del acto reclamado. Así se desprende de la tesis asilada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LVII/2004, que se localiza en la página 9, tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, cuyo rubro y texto establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo".
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