María Dolores Castañón Durón

Expediente 763/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
763/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • María Dolores Castañón Durón

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual MARIA DOLORES CASTAÑON DURON, solicita el amparo y la protección de la justicia federal, contra el acto que reclama al Juez Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Bucerias, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 763/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.????? Ahora bien, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior es así, toda vez que de la certificación realizada por la Secretaria de este juzgado, se desprende que en la demanda de amparo, no obra la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación de la peticionaria de amparo, lo cual se corrobora con la certificación que antecede. Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el transcrito numeral 6º de la Ley de Amparo, de cuya lectura se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclama; luego, si se interpreta dicha norma a contrario sensu, tenemos, que la ausencia de firma de su escrito o promoción significaría la falta de voluntad de la promovente para instar la acción del órgano jurisdiccional. En el mismo orden de ideas el artículo 3° de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que el escrito de demanda pueda promoverse mediante el empleo de tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación implementada por el Consejo de la Judicatura Federal. Tal dispositivo en lo que interesa establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]"????? De los artículos transcritos se desprende, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte agraviada, pudiendo hacerlo por sí, o por su representante, con las excepciones que establece dicho dispositivo; luego, si en el asunto que nos ocupa la promovente MARIA DOLORES CASTAÑON DURON, no utilizó su firma electrónica, tal como se hizo constar, es inconcuso, que no puede tenerse como válida la firma de otra persona (sin representación) para accionar por su propio derecho la protección constitucional; máxime cuando la firma electrónica es un requisito esencial para dar validez al documento enviado en línea por correo electrónico, ya que solo así se acredita la manifestación de voluntad de quien suscribe; esto es así porque en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma; en este caso firma electrónica; tópico que no acontece en la especie. Por ende, si la demanda de amparo carece de la firma electrónica de la promovente MARIA DOLORES CASTAÑON DURON, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo; pues estimar lo contrario, es decir, admitir y tramitar dicha promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con asentar el nombre de otra, sin ser el interesado o representante, pueda presentar escritos en forma oportuna, para después en cualquier tiempo, el directamente interesado subsane la omisión de expresión de voluntad de promover, con una simple aceptación de que esa firma ?la cual no corresponde a su puño y letra?, es suya o en su defecto, aceptar dicho documento aún y cuando se certifique su recepción, implicaría analizar requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos inaplicables, lo que evidentemente iría en contra del elemento esencial de validez de todo acto jurídico como lo es, la manifestación de voluntad. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción P. /J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 26 de abril de 2019 10:30 horas, Décima Época, con número de registro 2019715, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o.????? de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Sirve de apoyo a lo determinado en la jurisprudencia P./J. 32/2018, con número de registro 2018943 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano" Resulta aplicable la determinación adoptada en la Jurisprudencia 230, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,????? visible en la página 247, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, Apéndice 1917Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO". En la inteligencia que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por MARIA DOLORES CASTAÑON DURON, por su manifiesta e indudable improcedencia. Lo anterior, no obstante que ALBERTO VALENTIN DIAZ TINOCO, quien se ostenta como autorizado de la parte quejosa, haya utilizado su firma electrónica para el envío de la demanda de amparo indirecto, toda vez que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo. En efecto, el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción; de ahí que se estime que para su promoción se debe contar directamente con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado y que influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Es aplicable a lo considerado, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, del Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar?????? cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 90/2012, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1176, Libro XII, Tomo II, Septiembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." Por otra parte, tomando en consideración que no existe voluntad de MARIA DOLORES CASTAÑON DURON, para instar el presente el juicio de amparo, en?????? tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído así como las subsecuentes se le harán por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, aun cuando sean de carácter personal. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

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