María Dolores Baeza Medrano

Expediente 1718/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1718/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • María Dolores Baeza Medrano

Actuaciones

  1. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó por auto en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, esta sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el juicio de amparo. Lo mismo acontece con la parte tercero interesada, toda vez que el que se haya sobreseído el presente juicio de amparo, no tiene repercusión alguna para ésta. Archivo y anotaciones. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los cuadernos incidentales, toda vez que en la suspensión definitiva se hizo la valoración respectiva de estos. Destino del expediente. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, este expediente no se considera de información reservada. IV. Se comunica a las partes la adscripción de la titular. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que en auto de diecinueve de agosto del año en curso se requirió a la autoridad Jefe del D******************************d, para que continuara informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya remitido información al respecto. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192, del citado ordenamiento legal, requiérase a la autoridad Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcriba el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto, remitiendo las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de hacer caso omiso a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización, con independencia de proceder conforme lo estatuye el numeral 192, de la Ley de la Materia. Además, con fundamento en el citado artículo 192, párrafo tercero, 194 y 258, del citado ordenamiento legal notifíquese el presente proveído al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, como superior jerárquico de la autoridad responsable y requiérasele para que en el mismo plazo, ordene a la responsable que cumpla con el fallo protector, en los términos ordenados en la concesión, apercibido que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa de cien a mil días equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, de la Ley de Amparo y los artículos 1º, 2º y 3º transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN." Cabe precisar, que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados.

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