Maria Dolores Aguilar Rodriguez
Expediente 448/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Dolores Aguilar Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito de intervención ministerial que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Atento a su contenido, deberá estarse a lo decretado mediante proveído de veintiocho de mayo del presente año, en el que este Juzgado Federal, declinó competencia al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, quien mediante oficio 19140/2018, comunicó que acepta la competencia declinada y, se avoca al conocimiento del asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 19140/2018, suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 448/2018; asimismo, comunica que acepta la competencia declinada por este Juzgado Federal y, se avoca al conocimiento del asunto En mérito de lo que antecede, remítase el presente cuaderno de antecedentes, AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este cuaderno de antecedentes, es susceptible de DESTRUIRSE, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual este Juzgado Federal, se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del capítulo Quinto, del Acuerdo antes invocado, una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la DESTRUCCIÓN del presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que el diecisiete de mayo del presente año, se dictó resolución definitiva en la presente pieza incidental; determinación que se omitió notificar a la parte quejosa. En mérito de lo que antecede, se instruye a la Actuaria de la adscripción, para que realice la notificación de que se trata en los términos solicitados por la parte quejosa, en el escrito de demanda, esto es, por medio de las listas que se publican en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la resolución incidental de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para resolver sobre la suspensión definitiva del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 448/2018, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. MARÍA DOLORES AGUILAR RODRÍGUEZ, por su propio derecho, reclama de José Luis Quintero Mendoza, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación D-3 de la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; Óscar Ignacio Orozco Espinoza, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación D-3 de la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; Directora de Amparos, en ausencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal y Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas, en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación del Distrito Federal, todos con residencia en la Ciudad de México, la orden de presentación y/o detención y/o comparecencia. SEGUNDO. Como se ordenó por auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se decretó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- La Directora de Amparos, en ausencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, al rendir su informe previo niega categóricamente el acto que se le atribuye, sin que exista prueba en contrario que desvirtúe tal negativa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo se niega la suspensión definitiva, respecto de dicha autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto por los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo, así como la tesis jurisprudencial número 1008, visible en la página 1630, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que literalmente dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia rindan pruebas en contrario". SEGUNDO.- La autoridad responsable José Luis Quintero Mendoza, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora D-03, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), al momento de rendir su informe previo, niega la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada con sus propias manifestaciones, toda vez que, en lo que aquí interesa, informó que la aquí incidentista María Dolores Aguilar Rodríguez, tiene la calidad de testigo en la averiguación previa FAE/D/T1/0127/15-10, que se le han girado tres citatorios de fechas seis de noviembre y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, y dos de febrero del año en curso, sin que se haya presentado ante esa Representación Social a rendir su correspondiente testimonio; de ahí la certeza del acto combatido. Por su parte, la diversa autoridad responsable Óscar Ignacio Orozco Espinoza, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación D-3 de la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe previo solicitado, no obstante de encontrarse debidamente notificada del oficio 1936-8, en que se le solicitó el mismo, como se advierte del acuse de recibo que obra glosado en autos a fojas 56; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Igual consideración debe realizarse por lo que respecta al Jefe General de la Policía de Investigación del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, quien al rendir su informe previo, negó la existencia del acto combatido; sin embargo, los actos a ella atribuidos deben tenerse como ciertos, en atención de haberse presumido cierto el acto combatido a las autoridades responsables ordenadoras en mención; máxime que a la autoridad ejecutora en cita, le corresponde dar cumplimiento a las órdenes que dicten las autoridades responsables ordenadoras, lo que implica la inminencia de su ejecución. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128, 147, 150, 162 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que no se obligue a la quejosa a comparecer ante las autoridades ministeriales responsables; lo anterior, hasta en tanto, reciban notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se llegue a dictar en el juicio principal de donde emana la presente pieza incidental, sin perjuicio de la práctica de diligencias necesarias para la prosecución del procedimiento respectivo, el cual es de orden público y por tanto insuspendible. La anterior medida cautelar que se concede, es en uso de las más amplias facultades para fijar medidas de aseguramiento que estime convenientes el suscrito y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento ministerial de donde emana el acto reclamado, además de que con dicha concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; por las razones siguientes: 1).- El acto reclamado, en esencia consiste en: la orden de presentación y/o detención y/o comparecencia. 2).- La quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que no se ejecute el acto reclamado, por considerar que se trata de un acto de imposible reparación; por lo que es respecto de ésto de lo que se emitirá pronunciamiento en este auto, tal y como lo ordena la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182529 y rubro siguiente: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. 3).- Se tiene la certeza del acto reclamado con las manifestaciones y documentales que remitió José Luis Quintero Mendoza, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora D-03, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el sentido de que en la averiguación previa FAE/D/T1/0127/15-10, se le han girado a la aquí quejosa, tres citatorios de fechas seis de noviembre y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, y dos de febrero del año en curso, de los que se advierte que se le citó a comparecer, a efecto de declarar en relación a los hechos que se investigan, con el apercibimiento de imponerle alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 33 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Distrito Federal. Lo anterior, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 5/93 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206395 y rubro siguiente: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. 4).- El acto reclamado es susceptible de suspenderse, ya que no es de los denominados declarativos, consumados, negativos u omisivos ni futuros e inciertos. 5).- La quejosa acredita indiciaria o presuntivamente su interés suspensional o la afectación a un interés legítimo, por el solo hecho de que el acto reclamado atenta contra su libertad deambulatoria. 6).- Se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión del acto reclamado fue solicitada por la quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. 7).- Como el acto reclamado consiste en una orden de citación, es que la suspensión concedida fue otorgada para los efectos que expresamente establece el artículo 162 de la Ley de Amparo, contenido en la segunda parte -relativa a la materia penal-de la sección tercera -referente a la suspensión del acto reclamado-. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que del citatorio de dos de febrero de dos mil dieciocho (foja 50), se advierta que haya trascurrido la fecha de citación (12 de febrero de 2018), para que la quejosa comparezca a declarar en relación a los hechos que se investigan, pues el verdadero objeto de la citación es obtener dicha comparecencia y, de ser el caso, rinda su declaración, y no que tenga lugar esa diligencia en fecha y hora determinadas. Tiene apoyo, por igualdad jurídica la Tesis I.7o.P.99 P (10a.), correspondiente a la Décima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, consultable en la página: 2071, con el siguiente rubro: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARAR EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI YA TRANSCURRIÓ LA FECHA DE LA COMPARECENCIA, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA." Con independencia de los efectos para los cuales la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, debe señalarse que la Ley de Amparo contiene un apartado especial para la concesión de la suspensión del acto reclamado en materia penal respecto de diversos supuestos expresamente ahí señalados, por lo que es a ese apartado al que se atendió en el presente caso. La suspensión concedida es en uso de las más amplias facultades para fijar medidas de aseguramiento que estime convenientes el juzgador y que el otorgamiento de dicha medida no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento judicial o administrativo instaurado en su contra que haya motivado el acto reclamado. Y surte efectos desde luego en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en el diverso 168, de la misma Ley, la quejosa deberá otorgar una garantía a disposición de este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cuyo concepto, deberá ser para garantizar la suspensión provisional a favor de María Dolores Aguilar Rodríguez, en el incidente de suspensión número 448/2018. Además, el certificado de depósito deberá estar requisitado acorde al artículo 28, del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la administración de justicia, con la leyenda "el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante", y de conformidad con el artículo 32 del citado acuerdo, también deberá insertarse la leyenda de "el depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permite el control de los depósitos". En apoyo a lo anterior, es ilustrativa la jurisprudencia 66/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cuatro de julio del dos mil uno, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA." En la inteligencia de que si se trata de póliza de fianza, expedida por una compañía aseguradora la parte quejosa deberá señalar el o los nombres de las personas autorizadas en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal, por parte de la citada compañía, con fundamento en el artículo 2802 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según su artículo 113. La garantía de referencia se fija de manera discrecional, en virtud de que la quejosa no manifiesta su situación económica y de autos no se aprecia la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa, así como la posibilidad de que la agraviada se sustraiga de la acción de la justicia. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis VI.1o.P. J/57 (9a., materia común, décima época, visible en la página 1517, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. CORRESPONDE AL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA". Se apercibe a la quejosa que de no exhibir la garantía mencionada en líneas que anteceden, dentro del plazo concedido, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir efectos, y una vez notificada de dicha determinación las autoridades responsables, podrán ejecutar el acto reclamado, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, la quejosa podrá exhibir la garantía antes fijada, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. También debe precisarse que la concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de los actos reclamados, además, atendiendo a la técnica jurídica que rige el juicio de amparo indirecto, la existencia de los actos debe analizarse a la luz de la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso aun cuando se reclamen órdenes de aprehensión, como está sostenido en la jurisprudencia 1ª./J.36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, junio de 1998, página 5, Materia Común, Penal, que al rubro dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AÚN EN EL CASO DE ORDENES DE APREHENSIÓN". Por tal motivo, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados por la quejosa, sólo comprenderá aquéllos que se hayan emitido hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo. Se fija lo anterior, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el presente juicio de amparo, al tomar en consideración que el efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado que guardan al presentarse la demanda, para el efecto de preservar la materia del amparo y facilitar, o de evitar que se dificulte, el retorno de las cosas al estado que tenían antes de la violación, en caso de que se otorgue el amparo (artículo 77 de la ley citada); ya que de extender los efectos a actos futuros de realización incierta, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica, y respecto de los cuales no procede esta medida suspensiva; máxime que el gobernado tiene la facultad de promover posteriormente una nueva demanda de amparo, en el caso, de que el mandato de captura reclamado se hubiese librado con posterioridad a la presentación de la demanda. Por otro lado, a fin de que surta efectos la suspensión concedida, como medida de aseguramiento y a efecto de que no evada la acción de la justicia, acorde al artículo 162 de la Ley de Amparo, se impone la obligación a la parte quejosa de presentarse cuantas veces sea necesario ante el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora D-03, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de quien se tiene la certeza que se encuentra conociendo de la averiguación previa FAE/D/T1/0127/15-10, a lo cual es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 149/2007 localizable en la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de 2008, página 371, que al rubro expresa: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". La suspensión concedida dejará de surtir efectos, si se pretende privar de la libertad a la peticionaria cuando se le sorprenda en la comisión de flagrante delito; con motivo de la urgencia cuando se trate de delito grave y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia o si es sorprendida infringiendo el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno o si se trata de un acto privativo de la libertad personal distinto al aquí reclamado. Tampoco surtirá efecto legal ni material alguno si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo, si los actos que se reclaman ya fueron ejecutados, o si derivan de algún procedimiento en el que la quejosa haya sido oída y vencida. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO.- Se NIEGA la suspensión definitiva a MARÍA DOLORES AGUILAR RODRIGUEZ, respecto del acto reclamado a la autoridad que quedó precisada en el considerando primero, por las razones vertidas en el mismo. SEGUNDO.- Se CONCEDE la suspensión definitiva a MARÍA DOLORES AGUILAR RODRIGUEZ, respecto de los actos reclamados a las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por las razones vertidas en el mismo. Notifíquese...
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinden los Agentes del Ministerio Público, Titulares de la Unidades Investigadoras D-03 y D-02, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, con residencia en la Ciudad de México. Por otra parte, y toda vez que de las constancias que anexaron a su informe justificado las autoridades oficiantes, se advierte la existencia del juicio de amparo 2107/2017, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Luis Eduardo Pedrero González, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora D-03, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Así, en el presente juicio de amparo 448/2018, la quejosa María Dolores Aguilar Rodríguez, reclama entre otras autoridades, de José Luis Quintero Mendoza, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación D-3 de la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la orden de presentación y/o detención y/o comparecencia. De ahí que, si los actos reclamados en este expediente y en el diverso juicio de amparo del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, guardan estrecha relación, puesto que derivan de la averiguación previa FAE/D/T1/0127/15-10; este juzgado federal considera que no es competente para seguir conociendo del presente asunto, toda vez que los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial el quince de enero de dos mil quince, y sus reformas, prevé el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, conminando a los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común para que antes de que asignen asuntos de manera aleatoria, verifiquen si deben remitirse a un órgano jurisdiccional determinado. Conforme a lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo indirecto encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 46 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en mención, para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, dado que dicho acuerdo prevé el sistema de turno por relación, con base a que el juicio de amparo indirecto sea promovido contra un acto reclamado relacionado con otro juicio del que previamente haya conocido diverso órgano jurisdiccional de amparo. Es necesario precisar que el espíritu del conocimiento previo sigue presente en el actual acuerdo sólo que bajo un aspecto más amplio, en la medida que ya no exige propiamente el aprovechamiento del estudio de fondo y por tanto, el conocimiento de los hechos y temas jurídicos involucrados, sino que basta, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables, en la hipótesis que ocupa, que el juicio de amparo indirecto, sea promovido contra un mismo acto reclamado, que previamente haya conocido una autoridad de amparo -que tenga como último antecedente del asunto-, como acontece en el caso, pues como ya se indicó, en la demanda de cuenta, la quejosa viene reclamando la orden de presentación y/o detención y/o comparecencia, y en el juicio de amparo 2107/2017, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, diverso quejoso reclamó también la orden de presentación y/o detención, ambas derivadas de la misma averiguación previa. En ese sentido, se estima que se actualizan los supuestos previstos en el artículo 46 fracción IV del Acuerdo General mencionado, toda vez que el acto reclamado en este juicio, está relacionado con el asunto materia de análisis en la averiguación previa FAE/D/T1/0127/15-10, de referencia. En tales circunstancias, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el presente asunto y declina competencia al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 194/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, diciembre de 2010, Materia Común, de rubro: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES". Por tanto, remítase al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, el presente juicio de amparo, así como el anexo que remiten las autoridades oficiantes, solicitando atentamente, el acuse de recibo relativo, así como de la aceptación de la competencia planteada. Una vez que obren las constancias de notificación de este acuerdo, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. En mérito de lo que antecede, se dejan sin efecto las medidas y determinaciones decretadas en este expediente, así como la audiencia constitucional fijada para las diez horas con ocho minutos del diecinueve de junio de dos mil dieciocho; lo que deberá de hacerse del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
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