MARÍA DELIA ZEPEDA JIMÉNEZ y Otros.
Expediente 2517/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2517/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/03/2019
Partes del expediente
- MARÍA DELIA ZEPEDA JIMÉNEZ y Otros.
- Daniel Ruiz Alonso
- María Delia Zepeda Jiménez
- DANIEL RUIZ ALONSO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual en relación con el proveído de seis de marzo de este año, acompaña el comunicado D.J.X. 019/2019 de once del actual mes, en el que aduce le notificó a la parte quejosa el diverso oficio sin número de ocho de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por el mencionado tesorero responsable, dirigido a la empresa quejosa "El Chololo Realtor", Sociedad Anónima de Capital Variable, por el que le comunica que no existe adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, relativo a la cuenta predial R000194, con clave catastral C58-B4-1202; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo de mérito y documentales adjuntas, para los efectos legales correspondientes. Sin embargo, de las constancias de que se trata se advierte que éstas son copia simple; además, el oficio D.J.X. 019/2019 se encuentra dirigido a "Desarrollo Marina Vallarta", Sociedad Anónima de Capital Variable, no a la aquí empresa quejosa. Ahora bien, cabe resaltar que como se indicó a las autoridades responsables en las determinaciones de seis de septiembre, nueve de octubre y dieciséis de noviembre, todos de dos mil dieciocho (fojas 229 a 230, 265 a 269 y 286 a 290), atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de veintitrés de agosto del año pasado (fojas 218 a 228), emitida por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de inconformidad 107/2017 de su índice, los actos que debían realizar el aludido Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Catastro responsables, para cumplir con dicho fallo protector, eran los siguiente: No exigir el pago con motivo del impuesto predial reclamado, por tratarse de una ley autoaplicativa tildada de inconstitucional, en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. Exhibir documento oficial idóneo con el cual se acredite que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial R000194 con clave catastral C58-B4-1202. Lo que conlleva a desincorporar de la esfera jurídica de la peticionaria de garantías la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional. Luego, resulta necesario precisar que en el referido auto de seis de este mes, se tuvo al delegado oficiante, exhibiendo el oficio en original D.J.X. 016/2019 de cuatro del presente mes, en el cual le hacía del conocimiento a la parte quejosa "El Chololo Realtor", Sociedad Anónima de Capital Variable que no existe adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, relativo a la cuenta predial R000194, con clave catastral C58-B4-1202. Empero, en el oficio de cuenta que en esta data se provee, los entes responsables pretenden dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que respecta a la exhibición del documento oficial idóneo con el cual se acredite que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial materia de la presente Litis, con el comunicado sin número de ocho de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por el tesorero responsable, mismo que en esencia resulta ser similar al diverso D.J.X. 016/2019 de cuatro de marzo de dos mil diecinueve y que fue recibido en este Juzgado de Distrito en proveído de veintidós de febrero del año en curso. De lo anterior, se aprecia que no existe certeza respecto del documento oficial idóneo con el que las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia concesoria, dado que pretenden efectuar dicho acatamiento a través de dos oficios de datas diferentes; es decir, uno de ocho de febrero y otro de cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito en línea, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por Alejandra Garcidueñas Casillas, en su carácter de autorizada de la parte quejosa y evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento, a través del cual manifiesta que no se ha desincorporado de la esfera jurídica de la promovente del amparo, los preceptos tildados de inconstitucionales y por ende, en los registros de las autoridades responsables continua reflejándose el adeudo respecto de diversos ejercicios fiscales, entre ellos, el de dos mil diecisiete, motivo por el que solicita se requiera a dichos entes a fin de que acaten la ejecutoria de amparo, así como a la Jefatura de Ingresos de ese Ayuntamiento; además, se remita el presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia; entonces, agréguese a sus autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Derivado de lo expuesto con anterioridad y vistas las manifestaciones de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables denominadas Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Catastro Municipal, ambas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, comuniquen el cumplimiento del fallo protector, esto es, exhiban documento oficial idóneo con el cual se acredite que fue nulificado a la parte quejosa el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial R000194 con clave catastral C58-B4-1202 y la notificación efectuada a la empresa quejosa; además, acrediten que no existe el adeudo de que se trata. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá UNA MULTA A CADA UNA DE ELLAS equivalente a TRESCIENTOS VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, dígasele a la autorizada de la parte quejosa que respecto de la solicitud que formula en el sentido de que se remita el presente expediente al Tribunal Colegiado competente para que se substancie el incidente de inejecución respectivo, deberá estarse a lo acordado en proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el que este Órgano Federal propuso dicha incidencia, la cual fue admitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve; además, en relación a requerir a la Jefatura de Ingresos del Ayuntamiento responsable una vez que transcurra el término concedido a los entes responsables en esta determinación se proveerá lo conducente. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y anexo consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético de la comunicación en comento por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso comunicado por el que le fueron remitidos los autos del juicio del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; asimismo, comunica que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra del auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el presente juicio. Medio de impugnación que quedó registrado como amparo en revisión 11/2019. En la inteligencia, de que este juzgado se encuentra a la espera de que el órgano colegiado promovente remita los autos originales del juicio de amparo 2517/2018 del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito signado por *********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 137 a 142); en consecuencia, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito, los arábigos 84 y 89 ambos de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que, la tramitación y resolución del recurso que se promueve es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 89 de la ley en comento, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión y distribúyanse entre las mismas, copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del plazo de TRES DÍAS, junto con el escrito de agravios al Órgano de Control Constitucional competente; y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintidós de noviembre del año que transcurre (fojas 123 y 124), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 125), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 83 a 98), se concedió a FLH Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $116,675.20 (ciento dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "19,978", emitido por el Notario Público cuatro, con sede en Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (fojas 12 a 21), que se pagó el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.". Sentencia que causó ejecutoria el siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 113 y 114), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintidós de noviembre del presente año (fojas 123 y 124), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del reporte de Transferencia SPEI (foja 124), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, $116,675.20 (ciento dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), debe restársele la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde el monto mínimo a pagar, tal como está ordenado en la sentencia, lo que arroja un total de $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional). Así, de las constancias remitidas por la responsable se obtiene que devolvió la cantidad de $118,200.11 (ciento dieciocho mil doscientos pesos 11/100 moneda nacional). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y que el veinte de noviembre del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 124), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio al mes de octubre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre del año en que se actúa entre el índice para el mes de junio del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre fue de 101.440 y para el mes de junio fue de 99.909, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.015323. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $118,178.75 (ciento dieciocho mil ciento setenta y ocho pesos 75/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $1,783.55 (mil setecientos ochenta y tres pesos 55/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $118,178.75 (ciento dieciocho mil ciento setenta y ocho pesos 75/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $118,200.11 (ciento dieciocho mil doscientos pesos 11/100 moneda nacional), es decir, hay un excedente de $21.36 (veintiún pesos 36/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de que le sea devuelta, así como los que efectué la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
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