Maria Delia Martinez Martinez
Expediente 851/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 57 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Delia Martinez Martinez
- MARIA DELIA MARTINEZ MARTINEZ y Otros.
- Jesus Segura Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de agosto de dos mil veintitrés. Se devuelven constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en San Luis Potosí e Integrantes del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión antes referida, acompañó un anexo, y que la resolución dictada en este asunto ya causó ejecutoria; en consecuencia devuélvasele a la citada autoridad responsable el anexo referido, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa y se establecieron los siguientes efectos: ".De lo antes reproducido, se colige que si bien la autoridad responsable se pronunció sobre la medida de compensación consistente en el daño moral, y declaró la procedencia de la misma al estar demostrado el daño ocasionado, y que esa lesión era consecuencia de un hecho ilícito; no menos lo que es que únicamente lo hizo respecto de las victimas indirectas (padre del occiso), pero no así en cuanto a Jair de Jesús Segura Martínez (victima directa), sin al menos exponer los motivos o fundamentos para no hacerlo. Es decir, aunque la autoridad responsable para determinar el daño moral consideró el dolor causado a los padres del occiso por la pérdida de la vida de su hijo; lo cierto es que en ningún momento se tomó en cuenta los sufrimientos o aflicciones causados a la víctima directa (Jair de Jesús Segura Martínez), sobre todo si se considera que en la propia resolución emitida por la autoridad responsable se asentó que, una vez que fue lesionado el mencionado Segura Martínez, al no haber presencia del personal de primeros auxilios y ausencia de ambulancia, tuvo que haber trasladado en un vehículo particular, y que éste no falleció de forma inmediata, sino que perdió la vida hasta el treinta de mayo de dos mil dieciséis.;..". En proveído de veintidós de marzo del presente año, se requirió nuevamente el cumplimiento total a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, mediante el oficio OCE 103/2022, se tuvo a la autoridad informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria aquí decretada, por lo que la autoridad responsable, informó que dejó insubsistente la resolución dictada dentro de los autos del expediente CIE-25/20017, ordenando una nueva resolución atendiendo los lineamientos establecidos por la Superioridad, remitiendo para tal efecto copia certificada de dicha determinación y cédula de notificación de la parte quejosa. No obstante lo anterior y derivado de las diversas manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, este órgano jurisdiccional determinó requerir nuevamente el debido cumplimiento ordenado por la Superioridad, toda vez que la autoridad sólo señaló que no era posible determinar el daño moral e inmaterial por una afectación directa al adolescente Jair de Jesús Segura Martínez, sin manifestar las razones por las cuales llegó a esa conclusión y el mandamiento escrito, o los preceptos legales que regulen dichas conclusiones. Por tal motivo mediante oficio OCE/146/2022, el Encargado de Despacho y Director General de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, solicitó a la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, copia autentificada del expediente clínico de la (víctima), con el fin de determinar el daño moral y/o inmaterial, sin obtener dato alguno. Por lo que dicha autoridad, dictó una nueva resolución, estableciendo como medida de compensación segunda, la cantidad de $50,694.00 (cincuenta mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), por concepto de daño moral en agravio del menor adolescente Jair de Jesús Segura Martínez, conforme a lo establecido en el artículo 136 relacionado al 138 del Código Penal del Estado vigente, a razón de 600 UMAS (Unidades de Medida de Actualización) para el ejercicio fiscal 2019, pago que fue efectuado mediante el cheque de caja a favor de la quejosa María Delia Martínez Martínez. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dictó una nueva resolución, estableciendo el daño moral que recibió el menor adolescente Jair de Jesús Segura Martínez, y se recibió el monto de la segunda compensación, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa y se establecieron los siguientes efectos: ".De lo antes reproducido, se colige que si bien la autoridad responsable se pronunció sobre la medida de compensación consistente en el daño moral, y declaró la procedencia de la misma al estar demostrado el daño ocasionado, y que esa lesión era consecuencia de un hecho ilícito; no menos lo que es que únicamente lo hizo respecto de las victimas indirectas (padre del occiso), pero no así en cuanto a Jair de Jesús Segura Martínez (victima directa), sin al menos exponer los motivos o fundamentos para no hacerlo. Es decir, aunque la autoridad responsable para determinar el daño moral consideró el dolor causado a los padres del occiso por la pérdida de la vida de su hijo; lo cierto es que en ningún momento se tomó en cuenta los sufrimientos o aflicciones causados a la víctima directa (Jair de Jesús Segura Martínez), sobre todo si se considera que en la propia resolución emitida por la autoridad responsable se asentó que, una vez que fue lesionado el mencionado Segura Martínez, al no haber presencia del personal de primeros auxilios y ausencia de ambulancia, tuvo que haber trasladado en un vehículo particular, y que éste no falleció de forma inmediata, sino que perdió la vida hasta el treinta de mayo de dos mil dieciséis.;..". En proveído de veintidós de marzo del presente año, se requirió nuevamente el cumplimiento total a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, mediante el oficio OCE 103/2022, se tuvo a la autoridad informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria aquí decretada, por lo que la autoridad responsable, informó que dejó insubsistente la resolución dictada dentro de los autos del expediente CIE-25/20017, ordenando una nueva resolución atendiendo los lineamientos establecidos por la Superioridad, remitiendo para tal efecto copia certificada de dicha determinación y cédula de notificación de la parte quejosa. No obstante lo anterior y derivado de las diversas manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, este órgano jurisdiccional determinó requerir nuevamente el debido cumplimiento ordenado por la Superioridad, toda vez que la autoridad sólo señaló que no era posible determinar el daño moral e inmaterial por una afectación directa al adolescente Jair de Jesús Segura Martínez, sin manifestar las razones por las cuales llegó a esa conclusión y el mandamiento escrito, o los preceptos legales que regulen dichas conclusiones. Por tal motivo mediante oficio OCE/146/2022, el Encargado de Despacho y Director General de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, solicitó a la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, copia autentificada del expediente clínico de la (víctima), con el fin de determinar el daño moral y/o inmaterial, sin obtener dato alguno. Por lo que dicha autoridad, dictó una nueva resolución, estableciendo como medida de compensación segunda, la cantidad de $50,694.00 (cincuenta mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), por concepto de daño moral en agravio del menor adolescente Jair de Jesús Segura Martínez, conforme a lo establecido en el artículo 136 relacionado al 138 del Código Penal del Estado vigente, a razón de 600 UMAS (Unidades de Medida de Actualización) para el ejercicio fiscal 2019, pago que fue efectuado mediante el cheque de caja a favor de la quejosa María Delia Martínez Martínez. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dictó una nueva resolución, estableciendo el daño moral que recibió el menor adolescente Jair de Jesús Segura Martínez, y se recibió el monto de la segunda compensación, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
Quedan 53 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Maria del Socorro Rodriguez Santana955/2017
- Maria del Socorro Ruiz Rodriguez1398/2017
- Maria del Socorro Sierra Rivera1326/2019
- Maria del Socorro Uribe Loredo1311/2018
- María del Socorro Uribe Loredo1171/2023
- Maria Delia Martinez Martinez10/2021
- MARIA DELIA MARTINEZ MARTINEZ y Otros.231/2018
- Maria Delia Martinez Martinez1305/2019
- Maria Dolores Bravo Montalvo55/2018
- Maria Dolores Juarez Rivera1565/2023
- Maria Dolores Lozano Alvarez875/2019
- María Dolores Torres Rivera1420/2023