Maria Delia Florentina Coria Y Quesadas

Expediente 1526/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1526/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Maria Delia Florentina Coria Y Quesadas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por María Delia Florentina Coria y Quesadas, contra actos de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. En el caso se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es obligatorio y oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto se reclama la falta de cumplimiento de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil quince, en el juicio contencioso administrativo 1/15-24-01-5, del índice de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. (REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2010) III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." Por tanto, el recurso procedente contra la falta de cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, es el recurso de queja que se contempla en el artículo 58 de la mencionada legislación. Bajo ese tenor, es evidente que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que, en la especie, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ello es así, pues como se ha dicho, si la parte inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la ley que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, que al resolverse puede determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados; así, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional; pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b) y c) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo es la falta de cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo, de modo que, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime, que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica, y la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, sino de parte dentro del procedimiento de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por María Delia Florentina Coria y Quesadas. Esta determinación se apoya en la jurisprudencia y tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2007157 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, agosto de 2014, tomo III Materia: Común Tesis: II.3o.A.151 A Página: 1719 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE LOS DELEGADOS ESTATALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ACATAR LA CONDENA A EMITIR UNA NUEVA CONCESIÓN DE PENSIÓN JUBILATORIA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, ES UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIO AGOTAMIENTO DEL RECURSO ORDINARIO DE QUEJA. Si en una sentencia dictada por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se declara la nulidad de la resolución impugnada y se condena a un delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a emitir una nueva concesión de pensión jubilatoria debidamente fundada y motivada y, previo agotamiento del recurso ordinario de queja, se impugna en amparo indirecto la omisión de cumplimentar ese fallo anulatorio, debe estimarse que el juicio constitucional procede contra dicho reclamo, porque lo que se controvierte es el acto de una autoridad colocada en un plano de desigualdad frente al interesado, que importa el incumplimiento a una obligación de derecho público donde el juicio constitucional es procedente para analizar la posible violación del derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha abstención representa un obstáculo a la petición de justicia y a la obtención de la ejecución de una ejecutoria anulatoria; todo esto, en congruencia con las jurisprudencias 2a./J. 1/2012 (10a.) y 2a./J. 85/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual la demanda relativa no puede estimarse notoriamente improcedente y, de no existir diverso motivo de notoria improcedencia, deberá admitirse a trámite por el Juez de Distrito." Décima época Registro: 2004565 Instancia: Segunda Sala Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3 Materia: Administrativa Tesis: 2ª LXXVIII/2013 Página: 1859 "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]. El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: 'La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez', debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos." Décima época Registro: 2004564 Instancia: Segunda Sala Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3 Materia: Constitucional Tesis: 2ª LXXIX/2013 Página: 1858 "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS. El precepto citado no viola el principio de plena ejecución de las sentencias previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que las leyes establecerán los medios necesarios para la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio, ya que si bien prevé que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, ello no se traduce en que el legislador no haya fijado reglas tendentes a lograr la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio contencioso, pues de un análisis integral del Capítulo IX denominado 'Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión', del Título II intitulado 'De la Sustanciación y Resolución del Juicio', de la citada Ley, se advierte que se fijaron reglas que tienen como objetivo lograr la ejecución de las sentencias que ahí se dicten; así, su artículo 57 enumera el procedimiento a seguir por la autoridad jurisdiccional para obligar a las autoridades demandadas a cumplir con una sentencia dictada en un juicio de nulidad, señalando los actos concretos a realizar y los plazos para ello; y el diverso 58 prevé el procedimiento que ha de observarse para el cumplimiento de las sentencias una vez vencido el plazo contenido en el artículo 52 de la misma ley, es decir, el de 4 meses contados a partir de que la sentencia quede firme, supuesto en el cual se ordena que ello puede lograrse de oficio o a petición de parte por medio de la interposición del recurso de queja. Lo descrito corrobora que en el señalado ordenamiento existen reglas para la plena ejecución de las sentencias dictadas en ese proceso." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica; por autorizados únicamente para esos efectos a las personas que propone. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen la notificación de este auto inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Notifíquese personalmente.

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