María Delfina Hilario Francisco
Expediente 515/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Delfina Hilario Francisco
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente; asimismo, dígasele que de no comparecer dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió en su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. La licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en la misma fecha hace constar que el auto que antecede se incorporó al expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo en vigor. Doy fe.- WORDSISE/FEF
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizada, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente; asimismo, dígasele que de no comparecer dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió en su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. La licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en la misma fecha hace constar que el auto que antecede se incorporó al expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo en vigor. Doy fe.- WORDSISE/FEF
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ... Agréguese el oficio 401-T-DGAJ-DGAGPL-DAC-02844-2019 signado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 4045, por el que se notificó el proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, y se remitió el billete de depósito número N 784635, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de dos mil pesos 00/100 M.N., que exhibió el depositante y quejoso JUAN CARLOS ZEPEDA VILLASEÑOR, para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, vistos los autos de la presente causa y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluida, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración al ubicarse en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado, por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia, dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria...
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizada, el acuerdo y/o resolución de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Por recibido el oficio número 709/2019, signado por la Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por María Delfina Hilario Francisco, contra actos de dicho juzgado y otra autoridad, que fuera presentada por esta última antedicho órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Ahora bien, del análisis de la citada demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". El marco jurídico transcrito pone de manifiesto que la implantación de un término para la promoción del juicio de amparo obedece a una cuestión de seguridad jurídica en relación al acto de autoridad, ya que si no se estableciera un plazo para su impugnación, podría pensarse válidamente en la presentación de la demanda en cualquier momento, dejando con ello en incertidumbre a la autoridad responsable, así como a quien se haya visto beneficiado con el acto de referencia. En efecto, tal postura se reitera en la causal de improcedencia prevista en el primero de los preceptos en cita, ya que en él se establece la consecuencia que se deriva de la falta de cumplimiento con el término prejudicial estatuido por el segundo de los referidos numerales, esto es, la improcedencia del juicio Constitucional por el consentimiento expreso del acto reclamado, que no es otra cosa más que la inactividad del afectado por el acto de autoridad para defenderse, de conformidad con la ley reglamentaria de los imperativos 103 y 107 Constitucionales, dentro de los términos establecidos por ella misma. Por su parte, el ordinal 18 de la invocada Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el dispositivo 17 previamente transcrito, el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, salvo para los casos previstos en sus cuatro fracciones, el cual, de conformidad con el siguiente numeral 18, también citado, comenzará a contarse a partir de dos momentos: el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rija, y al día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor el quejoso del acto reclamado o su ejecución, excluyendo el amparo promovido contra normas generales con motivo de su entrada en vigor. En la especie el acto reclamado se hace consistir en: ".A) De la primera autoridad lo constituye la sentencia interlocutoria dictada de fecha 3 tres de abril del año 2019 dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación, dictada dentro de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil número 1147/2012, la cual decreta que dos nombres propios pertenecen a una misma persona, y ordena que se embarguen los bienes de la quejosa. B).- De la segunda autoridad lo constituye la ejecución de la sentencia interlocutoria en la que intenta cumplir la orden de embargar los derechos hereditarios que tengo derecho la suscrita quejosa.". Así de la lectura de la demanda se advierte que la peticionaria del amparo fue notificada del acto reclamado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, dado que la propia quejosa así lo refiere bajo protesta de decir verdad, en el apartado relativo al acto reclamado, por lo que es claro que desde entonces tuvo conocimiento del acto aquí reclamado. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, dado que la quejosa expresamente reconoce que tuvo conocimiento de los actos reclamados el cuatro de abril de dos mil diecinueve, fecha en que asegura fue notificada del acto reclamado El artículo 1075 del Código de Comercio, en lo que interesa, dispone que los términos judiciales, empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se haya hecho el emplazamiento, citación o cualquier otra notificación- Del mismo modo establece que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente, de aquél en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial o fijado en los estrados de los tribunales. De manera que el término para la promoción del juicio de amparo inició el ocho de abril y feneció el seis de mayo de dos de dos mil diecinueve, descontando los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de abril y cuatro y cinco de mayo, por corresponder a sábados y domingos y del quince al diecinueve de abril y uno de mayo, por ser días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el siete de mayo de dos mil diecinueve, es evidente que se hizo de forma extemporánea. En consecuencia, deben estimarse consentidos de manera tácita los actos reclamados, por no haberse interpuesto dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, la correspondiente demanda de garantías, de ahí que, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. Tiene sustento a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Así como la diversa tesis visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la demanda de amparo haya sido presentada, inicialmente, el tres de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor Mixto de Pátzcuaro, Michoacán, esto es, dentro del término de quince días que establece el artículo de la Ley de Amparo, para promoción del juicio de amparo biinsancial, pues la referida legislación no contiene precepto legal alguno que autorice que la demanda de amparo indirecto se presente por conducto de la autoridad responsable, como está establecido para los casos del amparo directo (artículo 176 de la Ley de Amparo). De ahí que, el hecho de que la demanda de amparo indirecto que dio origen al presente asunto, haya sido presentada, indebidamente, por conducto de la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días para su promoción ante el Juez de Distrito respectivo, por lo que la fecha de presentación de la misma, es aquélla en que se recibió ante esta última Potestad Federal, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, no así la de recepción por la autoridad responsable. Es así, porque el escrito de demanda de que se trata, expresamente se dirigió al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, además, el mismo cumple para su conformación con los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo y, sobre todo, el promovente de dicha demanda solicitó al juez responsable, remitir la misma a los Juzgados de Distrito en esta Capital, e incluso, en el escrito de presentación respectivo se dijo que ".amparo que promueve en contra de la aludida sentencia interlocutoria, ante el juzgado de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán."., así como de la demanda que dio origen al presente juicio precisó también ".Que por medio del presente escrito vengo a solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, mediante la presente demanda de AMPARO INDIRECTO, que promuevo en contra de las autoridades y actos que más adelante se reclaman, lo que hago de la siguiente manera:."., lo cual evidencia que la parte quejosa intentó la vía de amparo indirecto y no la de amparo directo, es decir al no existir equivocación en la vía, no se debe interrumpir el plazo para su promoción. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1987, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito , que sobre el tema establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto". Tampoco impide estimar lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 13/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo". Lo anterior porque en el caso, se cuenta con elementos suficientes para acreditar que el quejoso promovió el juicio de amparo con plena convicción en la forma que lo presentó, es decir, no existió equivocación en la vía procedente, -amparo indirecto-, puesto que como ya quedó establecido la demanda de amparo se encuentra dirigida al Juez de Distrito en turno en esta ciudad de Morelia, Michoacán, donde además el promovente de manera expresa solicitó al juez responsable, la remitiera al juez de distrito en turno. En consecuencia, deben estimarse consentidos de manera tácita los actos atribuidos a las autoridades responsables, por no haberse interpuesto la correspondiente demanda de amparo, dentro del término legal que señala el artículo 17 de la ley de la materia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que textualmente se lee: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Laguna de Parras número 392, letra "A", colonia Ventura Puente en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Lizeth Del Rosario Risos García, quien no gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se localizó la cédula profesional que acredite a la referida autorizada como licenciada en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ...
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